¿Qué debe hacer el gobierno con Moyano? Se trata de una pregunta extraída, aparentemente, de una Argentina vieja. Es el argumento del gobierno. “¿Nosotros?”, dicen como distraídos. “Nosotros no tenemos que hacer nada… Moyano tendrá que presentarse ante la Justicia para aclarar las dudas que le plantearon…”

Pero resulta que la Argentina vieja no se fue. Sigue presente en gran medida en la vida actual y por más que el gobierno -y muchos de nosotros- quiera darla por terminada sigue allí, vivita y coleando.

Está claro que el gobierno no puede dejarse apretar por un mafioso con tendencia a la violencia y el uso de la fuerza pero lo cierto es que la violencia y el uso de la fuerza es una probabilidad en la Argentina de hoy.

Moyano está en condiciones de parar literalmente el país. Una huelga de camioneros dejaría a los bancos sin dinero, a los supermercados sin provisiones, a las ciudades tapadas de basura, a los productores con sus cosechas pudriéndose.

Sin embargo muchos de sus compañeros sindicalistas están en vías de dejarlo solo en esto. Los gremios grandes e importantes ya anunciaron que no participaran de su marcha, independientemente de que ésta finalmente cambie de día por la coincidencia con otro aniversario de la tragedia de Once.

Se trata de una señal importante en un terreno donde el gobierno puede hincar un diente: aparentemente algunos dirigentes estarían honrando uno de los grandes postulados peronistas: los “compañeros” te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero no entran.

Moyano tiene un escenario legal complicado. No hay actividad en la que no esté involucrado, desde el mismísimo sindicato de camioneros hasta el Club Independiente (que nunca sabrá lo caro que le salió elegirlo como presidente) que no tenga vinculaciones con dineros inexplicados.

Proveedores que no tienen como clientes a otras “empresas” que no sean las instituciones en las que se desempeñan los Moyano; traspasos de dinero de unas entidades a otras siempre con Moyano como denominador común; posesiones a nombre de su esposa o de los hijos de su esposa que provienen de transacciones con Camioneros, Oca, Independiente o la Obra Social del Sindicato; venta de entradas ilegales en la final de la Copa Sudamericana que Independiente disputó frente a Flamengo de Brasil por valores que solo para la barra brava habrían dejado dividendos por más de un millón de dólares (solo en el partido de vuelta, disputado en Rio de Janeiro…) En fin, una chorrera de entuertos que no tienen ninguna explicación legal.

Algunos dicen que “el Negro” (como se lo conoce a Moyano en la jerga) le hizo llegar a Macri una propuesta de armisticio según el cual el levantaba las medidas y se avenía a conversar sobre productividad a cambio de que el gobierno parara las causas.

El presidente le mandó a decir que ni siquiera se planteaba esa posibilidad: que él no tenía ni podía hacer nada, que hablara con los jueces.

Moyano no está acostumbrado a ese diálogo; nunca lo practicó. Sin embargo sabe que su mal momento viene a coincidir también con un tiempo de bajo rating para la administración del presidente. Y seguramente está dispuesto a jugar sus fichas.

Hace un par de días, en un reportaje, dijo muy suelto de cuerpo que él creía que al gobierno “le quedaba poco”, como si todavía fuera posible especular en la Argentina con un gobierno no-peronista empujado del poder por la prepotencia peronista. Es en ese campo en donde parte de sus compañeros parecen haberlo dejado solo.

Sin esa compañía no hay dudas de que el poder del camionero aun cuando sea muy fuerte por sí solo, pierde gran parte de su influencia. Moyano no podrá decir que encarna al “pueblo” o que el gobierno va contra él porque es la única forma de llevar adelante su plan de ajuste: si otros gremios importantes no lo acompañan y no sales a poner la cara por él, esa carta no podrá jugarla. En ese sentido llama la atención la posición de los sindicatos grandes y de otros particularmente fuertes y combativos como la UOM o los taxis de Viviani (eterno aliado de Moyano) que han adelantado que se mantendrán al margen.

Es cierto que las cuestiones deberían resolverse en planos separados: Moyano debería explicar a La Justicia la fuente su fortuna y el gobierno y los sindicatos discutir por cuerda separada las enormes modificaciones que habría que hacer a la legislación laboral para que la Argentina sea competitiva, genere nuevas inversiones y con ellas nuevas fuentes de trabajo, mejores salarios y reduzca su empleo en negro.

Pero las situaciones ideales siempre están bien lejos de la realidad argentina. El tipo de legislación laboral y sindical que hemos tenido y que se ha venido entramando durante los últimos 70 años no solo es la que hundió al 40% de la población en la informalidad, la que generó pérdida de competitividad y con ello produjo más pobreza: esa misma legislación es la que explica las enormes fortunas de los dirigentes sindicales y la capacidad que han tenido para mantenerse en sus puestos por décadas. Una cosa va de la mano con la otra.

Para romper este nudo gordiano que frena el despegue, el gobierno necesitaría un aval decisivo de la sociedad. Todos creímos que lo había conseguido en octubre de 2017 cuando ganó sólidamente las elecciones. Y entiendo que el gobierno pensó lo mismo.

Pero cuando anunció que comenzaba la época del reformismo permanente, empezaron sus problemas. Resulta más que evidente que la Argentina tiene un problema con los cambios y, a menos que la sociedad emita una señal profunda en contrario, el plan de Moyano es apoyarse en esa resistencia, para, justamente, seguir resistiendo.