La Justicia argentina acaba de alumbrar un milagro: ha dicho que se han vendido unos zapatos en condiciones ilícitas pero que nadie los compró: los compradores no existen. Confirmó que existió el delito de vender un par de zapatos ilegalmente, condenó al vendedor por hacerlo pero, al mismo tiempo, dijo que no hubo compradores de tales zapatos. Cómo hizo el vendedor de zapatos para venderlos ilícitamente si nadie se los compró es un verdadero misterio. Only in Argentina.

El ejemplo burdo solo exagera lo que los jueces Basso, Machado Pelloni y Díaz decidieron en el caso de la estafa impositiva que Oil Combustibles, de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza, perpetró contra el Estado al cobrar el impuesto a los combustibles por valor de U$S 1000 millones de aquella época y no integrarlo al ente de recaudación como hubiese correspondido.

Las empresas que comercializan combustibles perciben, en boca de surtidor, todos los impuestos que el Estado les cobra a los argentinos por consumir ese producto. Se trata de más de la mitad del valor total de la factura. Las empresas, una vez que lo cobran en ese acto, lo deben integrar a la AFIP: ellas son meros agentes de retención del impuesto que en realidad paga el consumidor, no las empresas: estas son un mero intermediario de comodidad para que el contribuyente cumpla con su obligación fiscal en el momento en que paga el producto gravado.

Terminada esa operación, las empresas deben darse vuelta y traspasar esos fondos a la AFIP dado que no les pertenecen.

López y De Souza jamás “se dieron vuelta”. Nunca le traspasaron los dineros que recibían de los contribuyentes al último destinatario, es decir, al Estado. Se los quedaron. Y no solo se los quedaron, sino que, en complicidad con el gobierno de entonces, lo usaron para montar un verdadero conglomerado mediático cuyo objetivo sería actuar como polea de transmisión para multiplicar la venta del “relato”.

Cuando el robo se hizo insostenible -porque la prensa descubrió la maniobra- el director del ente recaudador, Ricardo Etchegaray, instruido por la entonces presidente Cristina Fernández, le otorgó a la empresa un plan de pagos irrisorio que, contrastado con el trato que esa misma dependencia le brinda a los contribuyentes honestos, constituye un monumento a la burla.

Sustanciado el proceso, la Justicia llegó a la conclusión de que el delito existió, de que Echegaray no cumplió con su deber de cuidar el patrimonio público en el ejercicio de sus funciones, pero que quienes se quedaron con el dinero de los contribuyentes en lugar de transferirlo a su último titular, no cometieron el delito que el mismo tribunal consideró probado.

Es como si un hecho se hubiera producido pero quien lo produjo se hubiera esfumado en el mismísimo aire, como si hubiera desaparecido.

Los pormenores del fallo, es decir cómo estos tres jueces razonaron para llegar a la conclusión que llegaron, no se conocen aún. Ese razonamiento (si es que se le puede llamar así) verá la luz recién en febrero, después de la feria judicial.

La ruta de la apelación está ahora en las solitarias manos del fiscal Diego Velasco, porque, desde que asumieron los Fernández, Mercedes Marcó del Pont  -la nueva titular de la Afip- recibió la orden de renunciar a ser parte de la querella, en una movida que deja bien a las claras dónde está parado el gobierno respecto de los culpables de esta estafa.

Alberto Abad, el Director de la Afip en el gobierno de Mauricio Macri, y su sucesor luego, Leandro Cuccioli, mantuvieron durante todo el proceso a la Afip como querellante en esa causa, pero una de las primera medidas que tomó la dependencia cuando Marcó del Pont se hizo cargo de ella fue renunciar a ese carácter.

La condena a Echegaray es correcta porque, efectivamente, además de no cumplir con el trabajo de exigir que todos los dineros que correspondan ingresar al erario público por retenciones impositivas ingresen, se burló de los contribuyentes otorgando un trato completamente desigualitario a estas dos personas y a esta empresa respecto de lo que esa dependencia estatal les concede a los demás contribuyentes frente a iguales circunstancias.

Además Echegaray fue un agente necesario en la comisión del delito de lavado al permitir con su accionar que, sin el castigo que hubiera correspondido, los lavadores López y De Souza pudieran canalizar el dinero negro hacia otras actividades “blancas”.

Lo que no puede comprenderse en el campo del sentido común jurídico es que los principales autores del delito no hayan sido condenados como mínimo en igual medida que el partícipe necesario. El delito que cometió Etchegaray y por el cual estos mismos jueces lo condenan, no podría haberse cometido si López y De Souza no se hubieran robado antes el dinero de los contribuyentes y si no lo hubieran lavado invirtiéndolo en otras empresas (ya existentes o nuevas) del Grupo Indalo.

Detrás de este robo también está la mano de la jefa de la organización ilícita que gobierna el país, Cristina Fernández de Kirchner, porque López y De Souza actuaron por cuenta y orden de ella. Si alguna duda quedaba respecto de esto no hay más que ver cuál fue la actuación del gobierno respecto de esta causa una vez que asumió el 10 de diciembre de 2019.

No hay dudas de que si la Justicia se precia de tal, la apelación que seguramente presentará el Dr Velasco, revocará los sobreseimientos de López y De Souza. Esa definición recaerá en la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal en manos de los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa.

No hay dudas de que la banda está decidida a defenderse como gato entre la leña. Como sabía que era imposible que sus crímenes no fueran descubiertos, hace tiempo que tomó la precaución de cooptar, con cuadros de tropa propia, el órgano jurisdiccional con competencia para juzgarlos.

La Justicia duerme con el enemigo. Y la República también.