Lo que está ocurriendo en el sur argentino y, fundamentalmente, la actitud mostrada por el gobierno nacional frente a ese avance terrorista es francamente inusitado.

Un conjunto de facinerosos que, disfrazados de mapuches, incendian propiedades, aterrorizan a la población, ponen en peligro la vida de argentinos pacíficos que han elegido esa parte del país para desarrollar sus vidas, desconocen la soberanía argentina y tienen como principal objetivo la constitución de un estado autónomo que como una franja ominosa cruce los actuales territorios de Chile y la Argentina y forme una nación mapuche desde el Pacífico al Atlántico.

Con las modalidades avanzadas que brinda la modernidad actual utilizan los mismos métodos que el invasor araucano usó para borrar de la faz de la tierra a un pueblo sí originario de la Argentina -los pacíficos Tehuelches- que fueron exterminados de a poco a fuerza de malones asesinos que robaron su ganado, hicieron cautivas a sus mujeres y mataron a sus hombres en una acción de invasión sistemática desde la Araucanía chilena.

Bajo la presidencia de Avellaneda, el General Roca le puso fin a esa invasión extranjera organizando la Campaña del Desierto que recuperó para la Argentina más del 60% del territorio actual del país llevando paz donde había muerte y progreso donde había sanguinarios malones medievales.

Hoy el país se haya nuevamente bajo ataque de una organización terrorista internacional, de origen extranjero, que lo invade siguiendo las órdenes de un presidiario que cumple condena en Chile, a fuerza de sangre y fuego, poniendo en peligro bosques milenarios, la vida y la propiedad de miles de argentinos que se sienten desguarnecidos, desprovistos de toda protección y sin la ayuda de las autoridades que deberían defenderlos.

Lo noción del Estado nacional es, primigeniamente una noción de defensa y refugio: los ciudadanos y habitantes de un territorio que responde a una legislación común y a un orden soberano tienen el derecho a reclamar de la estructura jurídica que sostienen con sus impuestos la protección que necesitan para vivir en paz y desarrollar sus vidas en libertad como mejor les plazca.

Es una obligación ineludible de los funcionarios que representan ese Estado la de brindar ayuda y protección a sus ciudadanos que se vean atacados por una fuerza que pretenda vulnerarlos y eventualmente despojarlos de sus tenencias.

Sin embargo, el gobierno peronista les ha negado expresa y concretamente esa ayuda a los gobernadores del sur que la han solicitado. No solo eso: al contrario, en lugar de proteger y ayudar a los pacíficos ciudadanos argentinos amenazados, se ha puesto del lado del invasor, ofreciéndole  “ayuda y socorro”, lo que para el artículo 119 de la Constitución es suficiente para considerarlos incursos en el delito de traición a la patria.

El presidente Fernández y su homónimo ministro de seguridad han dicho textualmente que “no es función del gobierno nacional brindar más seguridad en la región”, en una confesión lisa y llana de que desconocen la misión esencial que tiene un Estado para sus ciudadanos en peligro.

No se puede caer en otra conclusión que no sea la que presume que el gobierno es cómplice del invasor y que por designios que aún ni siquiera pueden sospecharse, brinda apoyo y protección a su accionar, no solo no enfrentándolo como debería sino permitiendo que se infiltre en el propio seno del gobierno como lo demuestra la designación del terrorista Luis Pilquimán -socio del comandante Jones Huala- como vicepresidente del Instituto de Asuntos Indígenas.

Los vecinos de Bariloche, El Bolsón, Vila Mascardi, Villa Traful, Villa La Angostura y zonas aledañas han referido mil veces la presencia de Pilquemán en la zona con vehículos del mismísimo Instituto nacional proveyendo de víveres y pertrechos a los terroristas incendiarios.

La razón de esta nueva afrenta del peronismo a la Argentina, debe buscarse en las vinculaciones de esa turba mafiosa travestida en partido político, con las organizaciones subversivas que tenían como objetivo escindir una parte del territorio argentino para instaurar allí un foco totalitario desde donde atacar al resto de la Argentina hasta destruirla y tomarla como trofeo de guerra para la odiosa servidumbre castrista.

La sociedad debería saber que está en manos del enemigo. Los ciudadanos honestos y pacíficos de la Argentina deben anoticiarse que el gobierno del país está en manos de un conjunto de serviles, funcionales a los designios del totalitarismo internacional y que no puede esperar de ellos ni protección ni ayuda ni socorro.

Todo eso va para el enemigo, tal como prevé la Constitución para perseguirlos como traidores.

Esta es otra de las cuestiones que los argentinos de todas las provincias deberían tener en cuenta al votar, sin importar la jurisdicción donde sufraguen. La suerte de otros compatriotas está en peligro sólo porque el gobierno nacional decidió no defenderlos y, al contrario, ayudar y ponerse del lado de quienes los atacan. La respuesta de la voz del pueblo debería ser atronadora, para que este conjunto de traidores se vaya cuanto antes y el país vuelva a tener un gobierno que restaure el orden y la vigencia ilimitada de la Constitución.