No hay dudas de que todo lo que conlleve una vinculación de las empresas de Franco Macri con el Estado nacional será visto con lupa. Así debe ser: se trata del padre del presidente y toda la relación que ese grupo empresario tenga con el Estado debe resultar completamente transparente.

Teniendo eso en cuenta, la cuestión que se presenta con el acuerdo de acreedores de la empresa Correo Argentino -concursada en 2001- y la objeción a su homologación por la Justicia por parte de la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, debe ser analizada según criterios técnicos y también políticos.

Técnicamente, la empresa se presentó en concurso preventivo por una cifra de unos $ 350 millones de pesos. En ese momento, aun con la Convertibilidad en vigencia, se trataba de una cifra de pesos/dólares.

Aquí una primera consideración respecto de los ingredientes políticos que tiñen todo este caso. Los trolls kirchneristas de Twitter, incluida, claro está, la señora Cristina Fernández, hacen hincapié en la deuda al día de hoy en dólares como si la pesificación decretada por el dúo Duhalde-Remes Lenicov no hubiera existido: para bien o para mal los 350 millones de pesos/dólares de 2001 se transformaron -por una legislación que contó con el apoyo de la entonces senadora Cristina Fernández y del entonces Gobernador Néstor Kirchner- en 350 millones de pesos.

A su vez la ley de quiebras 19552 (que regula los concursos preventivos) establece que la apertura del concurso suspende los intereses de la deuda, principio con el que se podrá estar o no de acuerdo pero que es la ley vigente.

Durante todos los años del kirchnerismo hubo una manifiesta demora en cobrar esa deuda; la cuestión nunca fue un tema ni con el gobierno de Kirchner ni con el de Fernández.

Ahora los acreedores, incluido el Estado nacional, alcanzaron un acuerdo para pagar la deuda. Ese acuerdo consiste en pagar los $ 350 millones originales más un interés del 7% en quince cuotas anuales; son en total unos $ 650 millones.

El kirchnerismo -con Fernández a la cabeza- estalló en una serie de apariciones públicas trasmitiendo la idea de que el acuerdo implicaba una condonación de deuda a Franco Macri, el padre del presidente, de $ 70 mil millones de pesos. A esa cifra llegan por la vía de dolarizar la deuda en su origen y aplicarle el cúmulo de intereses plenos corridos desde 2001 hasta la fecha.

Más allá de que esa interpretación es una admisión encubierta del desastre monetario que el kirchnerismo les infligió al país y en especial a los más pobres, la misma desborda de ingredientes políticos y carece de sustento técnico.

Antes que nada lo ya apuntado: las deudas del 2001 fueron pesificadas por el gobierno peronista que protagonizó el golpe de estado contra De La Rúa (y que Fernández y Kirchner apoyaban) y la ley de quiebras suspende los intereses desde que el concurso preventivo se abre, de modo que las cifras de los trolls kirchneristas y de Fernández son visiblemente falsas.

En segundo lugar, este expediente tramita ante la Justicia y -como la actuación de la fiscal Boquín lo demuestra- si el Juzgado no homologa el acuerdo, puede decretar la quiebra de la empresa.

En tercer lugar, no puede dejarse de lado el burdo intento kirchnerista de pretender “igualar” -luego de los procesamientos de Fernández y de Parrili por la existencia de una red paralela de espionaje (que incluye el pedido de detención del ex secretario de Inteligencia por parte del fiscal Marijuan)- las conductas propias con las del gobierno de Cambiemos y de meter, de ese modo, a todo el mundo en el mismo barro.

El gobierno a su vez debe ser completamente abierto en este caso y remitir a las actuaciones judiciales. Se dice que la fiscal Boquín pertenece a Justicia Legítima, así que, desde ese punto de vista, el kirchnerismo puede tener una tranquilidad inicial.

Del mismo modo el presidente debería adelantarse y cerrar todas las cuestiones que puedan tener un punto de contacto entre las empresas de su padre y el Estado. Y las empresas de Franco Macri deberían retirarse de todo proceso de licitación o contratación con el Estado, mientras su hijo sea presidente. Eso aun cuando cumpla objetivamente con los requisitos de los eventuales pliegos.

Del mismo modo todas las empresas que tuvieran una vinculación secundaria o remota con el presidente deberían dejar su lugar a otras, de nuevo, aun cuando cumplan objetivamente con los requisitos de los pliegos.

Podrá parecer injusto, pero el país necesita un ejemplo disruptivo en este campo de la moral; un ejemplo que venga a romper con años de podredumbre y sospecha. Mientras eso ocurra la sociedad debe estar atenta a separar la paja del trigo: los intentos del kirchnerismo por ensuciar a todo el mundo con el mismo estiércol con el que tan cómodos se sentían ellos, no van a detenerse.

Si los argentinos caen en ellos y se dejan convencer por jugadas tan burdas también estarán dando una muestra indirecta de su falta de sagacidad y de cuán cerca están de que los encantadores de serpientes consigan lo que persiguen.