Con el receso de 20 días que se tomaron estas columnas han quedado muchos disparates por comentar en los días off.
Uno de ellos -si no el más grotesco, el más delirante- es del “anuncio” del abogado constitucionalista (será, supongo yo, de la Constitución soviética) Eduardo Barcesat de constituir un “tribunal” que él presidirá y que funcionará con sede en Madrid para juzgar por “Lawfare persecutorio” a ex-presidentes latinoamericanos que están imputados en procesos penales en sus países por uno o más hechos de corrupción. Entre ellos se encuentran Rafael Correa, de Ecuador, Cristina Fernández, de Argentina y Luiz Inacio Lula Da Silva, de Brasil.
Los acusados, entre otros, serían un grupo de jueces, fiscales y periodistas que, en el caso argentino, incluyen a Claudio Bonadio, Daniel Santoro, Carlos Stornelli, Jorge Lanata y Luis Majul.
Una primera curiosidad es que los ex presidentes peruanos de centro-derecha acusados de los mismos crímenes no aparecen en la lista de “perseguidos” por el Lawfare y por ende no actuarán como acusadores frente al tribunal de Barcesat. Esto es solo para los presidentes izquierdistas que, al parecer, concentran la capacidad de ser los únicos “perseguibles”. Sería algo así como cuando Pablo Escobar creó el grupo de “Los Extraditables”, bajo cuya firma hizo volar por los aires a varios cientos de colombianos.
El caso presenta tantas aristas extravagantes que, la verdad, uno no sabe por dónde empezar. Supongamos que un ciudadano cualquiera tuviera un problema con la Justicia. La sola idea de imaginar que esa persona se declare “perseguida” por el lawfare, contrate a un payaso de laboratorio que la oficie de “juez” y decida poner bajo juzgamiento a los jueces que lo persiguen, es tan absolutamente desquiciada que solo haría falta traer ese ejemplo para terminar con la paparruchada de Barcesat.
Pero esta gente no se acobarda. Munidos de los fondos que robaron en cada uno de esos países, montan estas puestas en escena para seguir convocando la atención de los incautos.
Parece que ahora ha decidido hacerse a un lado, pero el ex juez español Baltazar Garzón iba a formar parte de este circo. Su caso resulta particularmente curioso porque se aprestaba a integrar un “tribunal” llamado de “ética” (como si ellos hubieran ido a comprar ese bien a la farmacia y ahora fueron los dueños de la ética mundial) cuando su país lo expulsó del Poder Judicial por haber mandado a grabar las conversaciones entre sus acusados y los abogados defensores de éstos.
¿Quieren ustedes buscar un ejemplo más evidente de la falta de ética de un juez que manda a grabar las conversaciones privadas de los acusados con los abogados defensores?
Si la Justicia española no hubiera castigado -como lo hizo- con la expulsión del foro a este clown del espectáculo, pues entonces habría que haber concluido que en España no regía el derecho a la defensa en juicio y la no obligación de declarar contra sí mismo.
Barcesat es un marxista cercano a Cristina Fernández, que incluso la ha asesorado profesionalmente en alguna de sus causas, y que siempre persiguió la instalación de la dictadura del proletariado en la Argentina con él, por supuesto, integrando la casta de privilegiados que se apoderarían del Estado.
Para ser un profesional del aniquilamiento de la libertad ha llegado bastante lejos. En cualquier otro país debería haber dado cuenta de sus actividades contra la democracia más de una vez. Pero en la Argentina es una especie de tótem solemne que se escuda bajo el colectivismo y persigue a quienes defienden la República.
Entre sus “acusados” estarán los periodistas Lanata, Majul y Santoro. Barcesat y toda la banda internacional de impresentables que integrarán esta comedia, respaldan la idea de Cristina Fernández de que los países están sujetos al poder omnímodo de una conspiración integrada por las empresas, los medios periodísticos y el poder judicial para organizarse y perseguir a quienes defienden al pueblo.
No se sabe aún en qué parte del reglamento constitutivo de este club de delirantes y ladrones figura el requisito de haberse robado cientos de miles de millones de dólares (algunos aseguran que en el caso argentino la suma se acerca a los 400 mil millones) de los bolsillos del pueblo (que se los pagó creyendo que lo ayudaban) pero en todos los casos ese el punto: esta banda de delincuentes comunes se apoderó de las ropas de los políticos para desde allí ganar los sillones del Estado y una vez en sus poltronas dar asalto al Tesoro Público.
Así lo hicieron los Kirchner, Lula, Correa y Dilma Roussef. Ahora resulta que quienes descubrieron sus crímenes, los denunciaron y ahora los están juzgando, en realidad los persiguen porque ellos son buenos con el pueblo y sus acusadores agentes de la sinarquía internacional que busca hundir a los pobres en el barro.
Señores: ustedes son el barro. Lo multiplican donde aparecen, hacen vivir en su inmundicia a la pobre gente a la que explotan con sus engaños y ahora, para rematarla, se presentan al mundo como “querellantes” de una “causa” que se sustanciará en un “tribunal” de “ética” con sede en Madrid y financiado con los dineros que se robaron.
Perdón, muchachos, pero, por hoy, es demasiado.