Carlos Mira, The Post, Editorial
Durante años, el deterioro argentino fue explicado casi exclusivamente en clave económica: inflación, déficit, deuda, pobreza. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que ese cuadro es, en gran medida, la consecuencia visible de un proceso previo y más profundo: una transformación cultural y moral que alteró el modo en que amplios sectores de la sociedad entienden el bien y el mal, la ley y la transgresión, el mérito y el resentimiento.
El kirchnerismo —como fenómeno político y cultural dominante de las últimas dos décadas— no solo gestionó la economía. También produjo, impulsó o legitimó un cambio de clima moral que impactó en la vida cotidiana y en la percepción colectiva del delito, la autoridad y la responsabilidad individual. No se trata de una acusación abstracta: basta revisar discursos, decisiones y marcos teóricos que influyeron en la conversación pública.
Un ejemplo recurrente es la discusión sobre el delito juvenil y su relación con la exclusión social. En ese marco, dirigentes del espacio reivindicaron miradas que interpretan el ingreso al delito como una forma de reconocimiento o de construcción de identidad en contextos de pobreza. La referencia a relatos autobiográficos de autores provenientes de villas, donde se describe cómo algunos jóvenes encuentran dignidad al poder llevar comida a sus familias a través de actividades ilegales, se volvió parte del discurso político. Esa narrativa, que pretende explicar un fenómeno social, terminó muchas veces desdibujando la frontera entre comprender y justificar. Es lo que textualmente dijo ayer en la mismísima Cámara de Diputados el representante kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, el mismo que le robó -durante el papelón de la sesión por la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2017- un bolígrafo MontBlanc al presidente de la Cámara de ese entonces, Emilio Monzó. El hecho quedo grabado y verificado por las cámaras de seguridad del recinto. Pietragalla reivindicaba en su discurso los dichos del escritor villero Cesar Gonzalez que cuenta esas “anécdotas” en su autobiografía, “El Niño Resentido”.
En paralelo, el debate público se volvió cada vez más áspero y menos empático con las víctimas. En la confrontación política, abundaron las denuncias grandilocuentes —como la caracterización de gobiernos opositores como “fascistas”— mientras quedaba en segundo plano el reconocimiento explícito del dolor de quienes perdieron familiares en hechos de inseguridad. El foco se desplazó del crimen concreto hacia la batalla discursiva, y con ello se debilitó la centralidad moral de la víctima. Es la postura de la diputada kirchnerista Tolosa Paz a quienes muchos tienen ganas de pedirle que se lleve a vivir con ella a los mismos delincuentes juveniles que defiende.
También fue determinante la influencia doctrinaria de corrientes del derecho penal que, desde una perspectiva garantista extrema, pusieron el acento en limitar el poder punitivo del Estado y en relativizar la responsabilidad individual en función del contexto social. La figura de Eugenio Zaffaroni sintetiza ese paradigma: su pensamiento marcó a generaciones de juristas y funcionarios, y contribuyó a instalar la idea de que el sistema penal debía ser, ante todo, un instrumento de contención del Estado más que de sanción del delito. El problema no fue el garantismo en sí —principio básico del Estado de derecho— sino su traducción política y cultural, que en ocasiones pareció minimizar la gravedad del crimen. Los libros de Zaffaroni -que también se dedicaba en su vida particular al alquiler de departamentos para el ejercicio de la prostitución- más que obras del Derecho parecen ser manuales de instrucción para saber cómo hacer “zafar” a los delincuentes de una condena, seguramente haciendo honor a su apellido.
Con el paso del tiempo, esa mirada permeó el sentido común. La transgresión empezó a adquirir un aura de astucia; la búsqueda inmediata de satisfacción se presentó como una forma de reparación; el éxito ajeno pasó a ser leído como sospechoso y la idea de que es justo ir a robarle al que tiene algo se instaló como normal en la nueva moral kirchnerista. Y la ley empezó a considerarse más como un obstáculo que como un marco de convivencia. La idea de que el sistema está amañado y que, por lo tanto, romperlo es legítimo, se filtró en la vida cotidiana.
Ese proceso también se expresó en el lenguaje. La jerga tumbera de la marginalidad y del mundo delictivo dejó de ser solo descriptiva para convertirse en símbolo de picardía y autenticidad. Hablar de determinada manera pasó a ser sinónimo de “viveza”, mientras que quien mantenía registros formales o prudentes quedaba expuesto al ridículo o al desprecio o ser considerado directamente un boludo. La degradación del lenguaje no es un detalle: cuando se empobrece la palabra, se empobrece también la capacidad de distinguir matices morales.
A la par, la apelación constante a una sociedad “sensible” frente a las condiciones sociales terminó generando, en algunos ámbitos, una tolerancia creciente hacia conductas que antes provocaban rechazo automático. La línea entre comprender y convalidar se volvió difusa. En ese contexto, el tratamiento del delito —especialmente el juvenil— osciló entre la compasión y la negación del problema, con consecuencias visibles en la percepción de impunidad.
El consumo de drogas y su normalización cultural también formaron parte de ese clima. El kirchnerismo estimuló el consumo y la liviandad en el tratamiento al drogadicto seguramente pensando en cuidar los negocios que lo unían al narcotráfico, como lo prueban los casos de la importación de efedrina en cantidades nunca antes vistas y sus vínculos con los carteles venezolanos de Chávez y Maduro que financiaban sus campañas políticas.
El resultado de este conjunto de procesos fue una lenta pero persistente erosión de la ética pública. No ocurrió de un día para el otro, pero el kirchnerismo —por su duración, su intensidad discursiva y su vocación cultural— fue un vector central en esa transformación. Y cuando la ética se deteriora, la economía termina reflejándolo: cae la confianza, se debilitan las instituciones, se rompe la previsibilidad y se naturaliza el conflicto permanente.
Argentina no solo enfrenta un problema de inflación o de crecimiento. Enfrenta una crisis de sentido. Durante años, el país discutió cuánto produce y cómo distribuye, pero dejó de discutir qué considera justo, qué condena y qué premia.
Mientras no se identifique claramente la verdadera naturaleza del núcleo del daño que el kirchnerismo le infligió al país -de raíz política y cultural- será más difícil solucionar todos los otros daños colaterales que también produjo, por más que estos (principalmente los económicos) parezcan impactar más y peor en la vida de todos los días. La economía puede estabilizarse con políticas; la moral colectiva -destruida por el kirchnerismo- en cambio, exige una reconstrucción mucho más profunda y prolongada.
