¿Qué hará el gobierno si la saga de la vacunación VIP continúa, como todo indica que va a continuar? ¿Va a continuar?

Corrillos de todo orden indican que el gobierno está empeñado en aplicar un torniquete a la información que lo desangra. Están apelando a todo en ese sentido.

Pero hasta ahora la prensa continúa dando a conocer casos diarios que cumplen la doble inmoralidad de “adelantarse en la fila” de los vacunados y de mentir para hacerlo, declarando a quienes no son otra cosa que burócratas, acomodados o jerarcas del régimen como “personal de salud”, “personal esencial” o “personal estratégico”.

Ahora nos enteramos de que  Isabel Beatriz Visconti, más conocida como Dulce Granados, es otra de las personalidades que integran la lista de vacunados vip, en la que también aparece, en la misma condición, el ex intendente de San Fernando, Luis Andreotti. Granados es la esposa del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, quien también se vacunó.

Estas personas fueron registradas como personal de salud. Habría que preguntarle al presidente Fernández si truchar los términos de una declaración jurada en un instrumento público no constituye un delito.

Ya lo hizo un grupo de estudiantes de Derecho de la UBA que se dirigieron al presidente en su calidad de docente de esa casa para preguntarle si se animaría a decir en un aula de la facultad lo que dijo en un atril en México, acerca de que “adelantarse en la cola de la vacunación no es delito”.

Habría que recordarle lo que dicen los artículos 248 y siguientes del Código Penal que el enseña, y más precisamente el 261 que, textualmente, reza: “Sera reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

¿Y qué nos queda para la moral y la ética? ¿O acaso van a correr detrás de los puntos y comas de una ley para intentar justificar lo injustificable?

Eduardo Valdez, el impresentable capitán del Operativo Puf,  dijo, sin que se le moviera un pelo, “No sabía que era ilegal”. Valdez, primero que las leyes se presumen conocidas por toda la población ocho días después de su promulgación. Creo, en ese sentido, que el Código Penal lleva un tiempo más promulgado que el exiguo plazo de una semana. Además usted, es uno de los que sanciona y crea las leyes: menos aún puede aducir su ignorancia. ¡Usted es diputado, caradura!

Pero vamos a suponer que es un ignorante (que para muchos, entre los que me incluyo no es una suposición sino una certeza) ¿no le pareció acaso que lo que estaba por hacer estaba mal desde el punto de vista moral y ético?

En la situación crítica en la que se encuentra el país -que aparece entre los de menor proporción de vacunados en el mundo- ¿le parece correcto que un conjunto de oligarcas como usted se vacunen primero que un médico, que un enfermero o que una persona mayor? ¿O tiene que ir a ver el punto y coma de la ley para darse cuenta de que lo que hizo está mal?

¿Y qué queda para el asesino de Verbitzky cuyo único jalón para justificar su vacunación (también truchada bajo el rótulo de “personal estratégico”) es ser un jerarca amigo del régimen que seguramente debe sugerir a quién vigilar y a quién perseguir?

En cualquier país semi-normal del mundo el gobierno no tendría vuelta de este escándalo. En un sistema parlamentario estoy absolutamente convencido que el gobierno habría caído tras un aplastante voto de censura al primer ministro, obligado al Parlamento a elegir nuevo gobierno.

Nuestro sistema es diferente, aun cuando la reforma de la Constitución de 1994, estableció una moción de censura del Congreso al jefe de gabinete que, de ser aprobada, obliga a su remoción.

Sin embargo en la Argentina todo sigue para adelante. En especial la impunidad de los funcionarios corruptos y deshonestos. Por esas mismas razones las investigaciones deben continuar hasta que caiga la careta del último funcionario mentiroso e inmoral que le robó las vacunas a los necesitados para aplicársela él.

Ginés González García dijo al día siguiente de irse del gobierno que si abría la boca se caía el gobierno. Todavía estoy esperando la aparición de un fiscal citándolo para que declare lo que sabe bajo apercibimiento de perseguirlo penalmente por encubrir a una banda de delincuentes. Es la moral de la Argentina.

Y a todo esto, ¿dónde está la verborrágica-cuando-le conviene comandante de El Calafate? ¿Es que no ha encontrado suficientes motivos para lanzar sus venenosos dardos contra la injusticia?

¿O ha decidido “guardarse”, como cobarde que es, tal cual hizo en múltiples ocasiones anteriores, desde la tragedia de Cromagnon, hasta la de Once o las inundaciones de La Plata?

Es hora de poner la cara, señora. Esté a la altura de las circunstancias e intente explicar algo. ¿O solo sale a vituperar cuando se trata de defender su fortuna y su libertad?

Todo lo que ha ocurrido es asqueroso y la investigación judicial y periodística no debería cesar hasta que todos los argentinos conozcamos toda la verdad.

No sé, francamente, si eso servirá de algo. Después de todo, el país tuvo, durante al menos 10 años, investigaciones de todo orden que demostraron la delincuencia innata del kirchnerismo. Y no obstante toda esa evidencia acumulada, una mayoría social decisiva los devolvió al gobierno en 2019.

Algo huele mal en el fondo moral de los argentinos. Y mientras esa podredumbre no sea resulta el país quedará a expensas de los inmorales.