Natalia Schneider, The Post
Con los votos justos y tras una negociación intensa, el oficialismo logró este martes emitir dictamen favorable para el Presupuesto 2026, que quedó habilitado para su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados en una sesión ya convocada para mañana. La Libertad Avanza consiguió destrabar la instancia clave con el acompañamiento —aunque con disidencias— del interbloque Pro-UCR y de un grupo de gobernadores alineados con la Casa Rosada.
La comisión de Presupuesto y Hacienda produjo tres dictámenes en total: el de mayoría, impulsado por el Gobierno; y dos de minoría, presentados por Provincias Unidas y por Unión por la Patria. El texto oficial reunió 28 firmas y seis disidencias parciales, y sumó sobre el cierre una modificación de alto impacto político: la incorporación del artículo 75, que establece la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario, dos normas cuya ejecución venía siendo exigida por la oposición y también por sectores aliados.
Ambas leyes, junto con la emergencia pediátrica conocida como Ley Garrahan, habían sido “suspendidas” por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación. Esa decisión generó fuertes críticas en el Congreso, donde distintos bloques la calificaron de inconstitucional, ya que se trataba de normas sancionadas e insistidas con mayorías agravadas.
El debate en comisión fue encabezado por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de Presupuesto, mientras que el titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto en líneas generales. Aseguró que el Presupuesto enviado por Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal y aporta previsibilidad sobre el destino del gasto público y las fuentes de financiamiento. En paralelo, la secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici, fue clave en la recolección de las firmas finales.
El dictamen mayoritario contó con el respaldo del Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal —espacio que nuclea a representantes de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)—, Elijo Catamarca (Raúl Jalil), Producción y Trabajo (Marcelo Orrego) e Independencia, alineado con Osvaldo Jaldo. Sin embargo, salvo el Pro y algunos sectores del radicalismo, la mayoría de esos bloques había votado y reclamado previamente la vigencia de las leyes que ahora se busca derogar, una contradicción que quedó plasmada en las disidencias y que podría reaparecer en la votación en particular.
Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin fue uno de los más duros críticos del artículo incorporado a último momento. Cuestionó a los legisladores que acompañaron al oficialismo, habló de una falta de respeto institucional y reclamó coherencia a la hora de sostener en el recinto el financiamiento para la discapacidad y las universidades. En la misma línea, Nicolás Massot, principal redactor del dictamen de Provincias Unidas, sintetizó la tensión con una frase: “Hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos, pero no para la discapacidad”.
En paralelo a la negociación parlamentaria, el Gobierno ofreció señales concretas a las provincias para asegurar apoyos. La Casa Rosada aceleró el envío de Aportes del Tesoro Nacional por unos $43.000 millones, que beneficiaron a Tucumán, Misiones y Chaco. Además, remitió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo histórico de gobernadores cordilleranos interesados en destrabar inversiones de gran escala.
La disidencia del Pro incluyó, a su vez, un reclamo puntual por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño exige el pago de $274.000 millones y la incorporación en el Presupuesto de una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, conforme al fallo favorable de la Corte Suprema.
El dictamen de minoría de Unión por la Patria fue presentado por su jefe de bloque, Germán Martínez, quien expuso una propuesta alternativa enfocada en sostener el financiamiento universitario, la plena vigencia de la emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también plantea mantener el régimen de zonas frías, garantizar la automaticidad de las asignaciones familiares, recomponer ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y actualizar el bono previsional.
La iniciativa incluye, además, la restitución del Fondo de Incentivo Docente y del fondo compensador salarial, paritarias docentes y no docentes, fortalecimiento del sistema de becas y prioridad para carreras estratégicas. Suma partidas para obras paralizadas, proyectos de infraestructura como el canal Magdalena y el puente Chaco-Corrientes, la devolución de fondos a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas, una mayor coparticipación del impuesto a los combustibles, una distribución más previsible de los ATN, incentivos a las energías renovables y financiamiento para el ENARD. Al cierre, Martínez aseguró que su bloque seguirá defendiendo esas banderas “con cabeza, corazón y coraje”, más allá de los resultados electorales.
En cuanto a los lineamientos macroeconómicos, el Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre del próximo año. También prevé un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones, junto con un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2% tras el pago de intereses. Estas estimaciones contrastan con las del FMI, que para 2026 calcula un crecimiento del 4% y una inflación del 16,4%.
El dictamen incorpora, además, la exención de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para la importación y comercialización interna de gasoil y diesel oil durante 2026, con el objetivo de cubrir picos de demanda que la producción local no alcance a abastecer, en especial para el sistema eléctrico. El texto mantiene la derogación de las metas de financiamiento mínimo para educación, ciencia y defensa, flexibiliza la obligación estatal de compensar a las distribuidoras y prorroga hasta 2045 los beneficios impositivos para la energía renovable.
