Patricia Arencibia, The Post, US Correspondent Minneapolis, 26 de enero de 2026

Minneapolis, Ene 26, 2026.- Minneapolis amaneció el lunes sumida en una nueva ola de indignación y movilizaciones luego de la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que fue abatido por un agente de la patrulla fronteriza durante una operación federal de control migratorio en un barrio de la ciudad. El caso, el segundo en pocas semanas en el que un ciudadano estadounidense muere por disparos de agentes federales en Minneapolis, reavivó el debate sobre las tácticas de Enforcement migratorio desplegadas por la administración y colocó a la Casa Blanca en el centro de una creciente presión política. 

Los hechos, difundidos en video por testigos, mostraron versiones discordantes entre las autoridades federales y la secuencia registrada por civiles: mientras fuentes oficiales inicialmente sostuvieron que Pretti representó una amenaza, las imágenes difundidas no muestran al hombre empuñando un arma en el momento en que fue baleado, lo que intensificó las críticas y la desconfianza pública. Esa contradicción fue uno de los detonantes de protestas y peticiones de investigación independiente por parte de legisladores y organizaciones de derechos civiles. 

La reacción política fue prácticamente inmediata y, hasta ahora, mayoritariamente en dos direcciones. Por un lado, legisladores demócratas y autoridades locales exigieron la retirada de los miles de agentes federales enviados a Minneapolis, pidieron investigaciones rápidas e independientes y amenazaron con condicionar la aprobación de partidas presupuestarias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si no hay transparencia y reformas. Por el otro, algunos republicanos —incluidos miembros del propio Congreso— reclamaron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos pero defendieron el derecho de las fuerzas federales a operar en acciones contra el crimen y la inmigración irregular, lo que muestra un campo político dividido aunque con denominadores comunes sobre la necesidad de rendición de cuentas. 

En la esfera local, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey sostienen posturas críticas frente al despliegue federal: Walz reprochó lo que describió como una intromisión que complica las investigaciones estatales y Frey llegó a solicitar formalmente apoyo de la Guardia Nacional para reforzar el patrullaje y restablecer el orden en barrios donde se sintió una fuerte tensión entre residentes y agentes federales. Esa petición del municipio subraya el colapso momentáneo de la confianza entre autoridades locales y equipos federales en el terreno. 

La Casa Blanca, y en particular el presidente Donald Trump, intentaron modular la narrativa pública: desde el gobierno se anunció una revisión administrativa del caso, mientras en redes y declaraciones oficiales algunos funcionarios defendieron la actuación de los agentes y acusaron a opositores de politizar los operativos. En sus comunicados públicos, Trump sostuvo que su administración revisaba el incidente sin prejuzgar, al tiempo que sus aliados subrayaron la necesidad de mano dura en materia migratoria; esa defensa, sin embargo, no calmó a amplios sectores que reclaman mayor control y responsabilidad sobre el uso de la fuerza. 

La dimensión nacional del caso tiene efectos tangibles para la política federal: líderes demócratas amenazan con usar la negociación presupuestaria —en especial partidas vinculadas al DHS— como palanca para exigir cambios en las políticas y en los protocolos de actuación de agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza. Analistas políticos advierten que, si la disputa se endurece, podrían generarse tensiones en el Congreso que compliquen acuerdos de financiamiento y abran la puerta a litigios y audiencias públicas de alto impacto mediático. En términos electorales, la mayoría de encuestas preliminares muestran una caída en la aceptación pública de la gestión del Gobierno en materia migratoria desde que comenzaron los despliegues de agentes en ciudades como Minneapolis, un dato que el oficialismo tendrá que considerar de cara a próximas contiendas. 

En la ciudad, la comunidad —especialmente grupos hispanos y somalíes acostumbrados a sentir el peso de las redadas— volvió a manifestarse exigiendo el fin de las operaciones, reparaciones institucionales y garantías de que los procedimientos serán revisados a fondo. Mientras tanto, defensores de las fuerzas federales denuncian que la cobertura mediática y las filtraciones incompletas pueden obstaculizar la investigación y “juzgar” antes de tiempo a los investigadores. Esa polarización, en tanto elemento real de la escena política estadounidense, promete mantener el conflicto en el centro del debate público durante días o semanas. 

Para la prensa y las redacciones argentinas que siguen desde la distancia, Minneapolis es —en este momento— una radiografía de la tensión entre seguridad, derechos civiles y política de migración en Estados Unidos: un episodio cuya resolución (investigaciones abiertas, audiencias en el Congreso, decisiones judiciales) afectará no sólo la percepción sobre el manejo migratorio de la Casa Blanca sino también la posibilidad de que Washington imponga cambios normativos con impacto nacional. Mientras tanto, la historia de Alex Pretti —y la discusión sobre las reglas de enfrentamiento de los agentes federales— seguirá siendo un termómetro de la crispación política en Washington.  

Si querés apoyar a The Post Argentina, podés hacerlo desde aquí.