THE POST

Hay muchas cuestiones que en la Argentina se explican por el miedo. Eso, de por sí, debería constituir una grave señal de alarma porque un país con miedo, que no se atreve, por temor, a llamar a las cosas por su nombre emite, naturalmente, una señal muy negativa en cuanto a la posibilidad de resolver sus problemas.

Pero más allá de eso, hay cuestiones en las que, cuando se evita la utilización de las palabras correctas, se puede equivocar el remedio, el encuadre jurídico de la situación y, en consecuencia, la respuesta en los hechos que el país deba dar.

Algo así está pasando con el accionar de la RAM en el sur argentino. No hay dudas de que ese grupo es un conjunto de sediciosos, subversivos, terroristas, que ponen en peligro la unidad de la nación y el imperio del orden jurídico argentino en toda la extensión del territorio nacional.

Sin embargo, cuando el tema se pone denso y hay que poner lo que hay que poner sobre la mesa, sobrevienen fantasmas viejos de la Argentina que parecen obturar incluso el mismísimo vocabulario y muchos protagonistas evitan el uso de las palabras que corresponden para describir y mencionar a estos criminales.

Las sombras del pasado de los ’70 y la interpretación parcial y miope que se ha tenido sobre ese pasado cercano de la Argentina vienen a tener su influencia ahora, cuando muchos ciudadanos, periodistas, hombres públicos y fuerzas vivas de la sociedad se autocensuran para no llamar terroristas subversivos a este grupo de facinerosos que asolan la vida pacífica que miles de argentinos quieren desarrollar en la Patagonia.

Se tiene la idea de que, si se llama por su verdadero nombre a estos delincuentes -es decir, “terroristas subversivos”- sobrevendrá una lluvia de críticas provenientes de los sectores que, evidentemente, han ganado la batalla cultural y semántica que siguió a aquellos años. Se teme que quienes se animen a llamar terroristas subversivos a los integrantes de la RAM sean asimilados o identificados con los así llamados genocidas de los ’70.

No hay dudas de que la izquierda extremista -si bien vencida en el campo de batalla en aquellos años de plomo- ganó la ulterior guerra lingüística que se desató sobre la Argentina y que los vencedores en la lucha bélica quedaron con tal complejo de culpa por las atrocidades cometidas, que se dieron por vencidos en ese terreno de las palabras y dejaron el campo libre para que los intelectuales que reemplazaron a los guerrilleros ganaran su partida semántica.  

La RAM es un grupo radicalizado de violencia extrema cuyo objetivo público y declarado es la separación del territorio argentino. Son sediciosos en los términos del artículo 22 de la Constitución nacional, otro término también vinculado a la guerra sucia de los ’70 y, por lo tanto, también vedado al uso libre para describir la naturaleza de las acciones de estos delincuentes.

Esta censura que se impusieron sobre sí mismos algunos argentinos no termina en una simple cuestión de formas vinculada con el lenguaje y el estilo. Tiene consecuencias jurídicas.

Si no se considera que la RAM son una banda “sediciosa” en los términos del artículo 22 de la Constitución (por temor a llamar “sedicioso” a este grupo) entonces la conducta delictiva prevista por los constituyentes tampoco se configuraría.

Si por miedo no se quiere llamar “terroristas subversivos enemigos de la nación” a quienes quieren subvertir el orden jurídico argentino en una importante porción del territorio nacional, aquellos funcionarios que simpaticen con ellos, que los apañen, que les brinden “socorro y ayuda”, que los defiendan y que les suministren víveres, pertrechos y logística no cometerían el delito previsto en el artículo 119 de la Constitución nacional que es el de traición a la patria, que se perfecciona cuando las autoridades nacionales brindan “ayuda y socorro” al enemigo de la nación.

Lo que quiero decir es que la mariconada de evitar el uso técnico de las palabras “terroristas”, “subversivos” o “sediciosos” no se limita a mostrar un evidente complejo de culpa frente al ataque indisimulado a la Argentina y a los argentinos, sino que tiene una contrapartida en el encuadre jurídico de la situación y, por ende, en el tratamiento legal que estas fuerzas clandestinas merecen.

Es de la mayor urgencia terminar con estas pusilanimidades. Su continuación no es más que una nueva batalla ganada por las fuerzas de la servidumbre en guerra contra las fuerzas de la libertad.

La RAM es una banda de terroristas subversivos y sediciosos cuyo objetivo confeso es plantearle una guerra a la República Argentina para discutirle la titularidad de una enorme porción territorial.

Son un enemigo de la nación en los términos del artículo 119 de la Constitución y todo argentino que empatice con ellos y les brinde ayuda y socorro es un traidor que deberá enfrentar las consecuencias legales de su postura.

Si los argentinos no empiezan a llamar a las cosas por su nombre en el embrión de esta guerra que pone en peligro la unidad nacional, habrá empezado la lucha con todas las de perder. No se puede ganar una guerra contra un enemigo ladino y marxista sin nombrarlo con las palabras que el idioma castellano y la Constitución han reservado para ellos. Lo demás es caer víctima de una corrección política inapropiada que, en este caso, puede terminar muy mal.