Fernández, con motivo de la presentación con pestilente perfume electoral del plan ahora 12, 24 y 30 (con el cual ahora te vas a poder comprar un par de zapatillas en 12 cuotas, mientras los países civilizados compran casas a 30 años), dijo “no se aprovechen para aumentar los precios”, aparentemente dirigiéndose a comerciantes y empresarios.

A esta altura resulta obvio que el kirchnerismo, como así también el sicario que contrató para que le hiciera algunos trabajos en su nombre, no pueden hablar sin echar un balde de odio y de culpas a una parte de los argentinos.

Detrás de las palabras del resentido que ocupa el sillón de los presidentes subyace la indudable intención de enviarle un mensaje a la que cree es su base electoral para que ésta siga acumulando odio contra la parte de argentinos que no son su base electoral, atribuyéndoles a éstos las responsabilidades por los problemas que solo genera él, su gobierno y el Estado.

Uno de esos problemas que claramente erosiona cada día más el nivel de vida de los pobres y de la clase media es la inflación.

La inflación no es, como equivocadamente se repite -quizás como una manera de simplificar el problema-  el aumento de los precios. Ni siquiera es la más sofisticada definición de “un aumento constante y generalizado de los precios”. La inflación es la pérdida constante y generalizada del valor del dinero con el que se pretenden adquirir bienes y servicios.

La relación valor-precio es la que el drama de la inflación rompe, haciendo que se disocie el primero (que sigue valiendo lo mismo) del segundo que se dispara al infinito.

En efecto, la inflación no hace que los bienes y los servicios valgan más sino que el dinero con el que se pretenden comprar valga menos, por lo que se necesitarán más unidades monetarias para comprar las mismas cosas.

Como resulta imposible que los salarios mantengan una carrera pari pasu con los “precios” (ponemos la palabra entre comillas porque cuando irrumpe la inflación ya no se puede hablar técnicamente de “precios”) el standard de vida de la gente sujeta a un ingreso fijo en pesos se deteriora fuertemente.

La relación valor-precio en una economía queda determinada por una combinación de tres factores: la cantidad de billetes en circulación, la oferta de bienes y servicios y la demanda de bienes y servicios.

Cuando la oferta de bienes y servicios (es decir el producto bruto generado por el país) es relativamente estable en moneda constante y la demanda y la circulación de billetes crece, el valor de esos billetes en términos de intercambio cae, por lo que se necesitarán más billetes para adquirir las mismas cosas. Es una cuestión casi aritmética: lo que escasea vale mucho y lo que abunda vale poco, por lo tanto se necesitan más cantidades de lo segundo para comprar lo primero.

La versión visual de este fenómeno es un cambio en las etiquetas de las góndolas lo que da la excusa perfecta para que un populista deposite la culpa de ese cambio en quien escribe la etiqueta, generando odio y resentimiento entre los ciudadanos y pretendiendo explotar políticamente esa división. Pero claramente la verdad es muy distinta. La etiqueta es solo un efecto de lo que hizo justamente el populista, no de un malvado que se quiere aprovechar del resto de los ciudadanos.

El populista maneja dos de las tres variables que determinan los precios: la cantidad de billetes en circulación y la demanda potencial. A está ultima la “controla” por la vía de estimularla artificialmente mediante argucias anabólicas que “ponen” dinero creado apócrifamente (ya que no tiene respaldo en un aumento del producto) en el bolsillo de la gente.

La combinación de estos dos factores -el aumento de la emisión de billetes y la estimulación artificial de la demanda (que son responsabilidad exclusiva del populista)- hace caer por un precipicio el valor de la moneda, cuyo envilecimiento hará que se necesiten más de sus unidades para comprar las mismas cosas.

En otras palabras, cuando la oferta de bienes no aumenta porque la inversión (que es el tercer factor vinculado con la inflación, controlado éste por el sector privado) no crece, es la introducción de programas para crear demanda artificial (como el que justamente estaba presentando Fernández cuando tiró su balde de odio)  y la emisión (de la cual sólo él es responsable)  las que generan la inflación de la que el presidente ladinamente culpa a un sector determinado de argentinos.

También hay factores de costos que influyen en la formación de los precios. En una economía libre, con disciplina monetaria y con inversión razonable que mantenga sólida la oferta de bienes, estos costos tienden a equilibrarse con la productividad de la economía que se refleja en una mejora del salario real, con lo que el impacto en el poder adquisitivo del consumidor es muy bajo o nulo.

Pero en una economía con cero inversión -como es la economía argentina- y con una intervención del Estado en más del 50% del producto, la arquitectura fiscal empieza a jugar un papel fundamental en la estructura de precios.

Y aquí, de nuevo, el Estado que conduce Fernández es el responsable de que, en promedio, más del 50% del “precio” de un producto (desde el combustible hasta un tarro de mermelada) esté integrado por impuestos. Es más, para que el argentino tenga conciencia plena de lo que el Estado cuesta, en los lugares de venta debería haber dos ventanillas: en una el consumidor pagaría el “precio” real del bien o servicio y en la otra los impuestos. Probablemente esa diferencia “física” le hiciera abrir los ojos a muchos.

Mal puede el responsable de haber creado desde que asumió un impuesto nuevo cada 20 días, echarle la culpa del aumento de los precios a una franja de la sociedad argentina que los suyos odian.

La frase de Fernández es, entonces, además de una prueba más de que no se detienen ante nada con tal de seguir avivando el rencor entre argentinos, una evidencia concluyente de la ignorancia que caracteriza a la nomenklatura que gobierna el país.

Burros y resentidos, un cóctel explosivo para un país que ya no resiste más estallidos.