El nuevo ministro de justicia es el que, desde el mismo momento en que renunció Marcela Losardo, todo el mundo que conoce el funcionamiento real del gobierno kirchnerista supo que iba a ser: Martín Soria. Es más, nadie puede asegurar que el camino no haya sido el inverso y que Soria ya hubiera sido “designado” antes de que Losardo se fuera y que a ésta le hubiera agarrado un súbito ataque de “pérdida de energías” justamente para dejar liberado el camino a su sucesor cristinista.

El tiempo que transcurrió desde que Losardo se fue y Soria fue confirmado no habría sido otra cosa que una nueva actuación de personajes que se han mostrado, en suficientes ocasiones anteriores, como dignos actores que merecerían un Oscar de la Academia de Hollywood.

Es más, el nuevo ministro fue sugestivamente sobreseído el jueves pasado en una causa judicial en Río Negro en donde estaba acusado de falsificar las firmas en documentos relacionados con el cobro del seguro de vida de su padre, Carlos, cuando éste falleció en circunstancias dramáticas al recibir un disparo en la cara por parte de su esposa, la madre del ministro.

Las primeras declaraciones de Soria no pueden ser más reveladoras del plan que, de vuelta, las personas que realmente saben cómo funciona este gobierno, saben ya desde hace rato.

Soria dijo que “la vicepresidenta (sic) quiere que la misma Justicia la libere de culpa y cargo”. ¿En serio, Soria? Mire, usted: no nos habíamos dado cuenta.

Esa aspiración está clara desde que los juicios por diversos crímenes fueron iniciados contra Cristina Fernández. En línea con esa aspiración, la actual vicepresidente (la ex presidente y la ex senadora) ha venido actuando en los últimos 8 años como mínimo: como quiero que me liberen de culpa y cargo y con estos jueces eso no va a suceder, o cambio los jueces o cambio el sistema o las dos cosas.

Soria no sería otra cosa más que un engranaje más en la consecución de esos fines. Es posible, incluso, que la mascarada de Losardo haya sido parte del mismo plan de paciencia para que parte de la ciudadanía se comiera el caramelito de la “moderación” del otro Fernández y con eso conseguir el apoyo de un conjunto de incautos.

No es redundante recordar aquí la vieja táctica empleada por el cristinismo cuando se empecinó en remover al Procurador Righi luego del escándalo de Boudou y Ciccone: mandó primero el pliego de un a todas luces impresentable Daniel Reposo para casi poner a la oposición en la obligación de rechazarlo y que al, mismo tiempo, se viera obligada luego a aceptar (para no presentarse ante la sociedad con un doble rechazo) la candidatura de quien era (para quien esto escribe) la candidata desde el primer momento, Alejandra Gils Carbó. Nunca hay que subestimar el maquiavelismo kirchnerista.

Soria ya adelantó su postura sobre varios temas. Esos temas son los que el presidente llamó “la etapa que viene”, para la cual -según él mismo- Losardo “no tenía más energía” decidiendo ir a recargarse a París.

Uno de esos temas es la Corte Suprema. Está claro que la comandante de El Calafate sabe que ese tribunal es el que, en última instancia, terminará decidiendo si va o no a la cárcel. En ese sentido, el nuevo ministro -en su anterior rol de diputado- fue uno de los seis integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Reforma al Código Procesal Penal, que aprobó la disposición según la cual, ahora, para que un condenado quede efectivamente preso se requiere que la sentencia no sea susceptible de ulteriores instancias de apelación.

Hasta ahora, más allá de que quedara abierta la vía del recurso extraordinario ante la Corte, con la sentencia final de la Cámara de Casación, se disponía de la ejecución de la sentencia. Con esta modificación pueden pasar décadas antes que una sentencia quede firme, con lo cual es muy probable que, en el caso de la vicepresidente, cuando llegue ese momento la propia Justicia declare el sobreseimiento por mero transcurso del tiempo, tal cual como ocurrió en 2019 con Carlos Menem en la causa por Río Tercero. Es decir, en otras palabras, lo que ella quiere, según lo acaba de declarar el propio Soria.

El nuevo ministro seguramente será el ariete para intentar introducir un nuevo tribunal perdedor de tiempo -el llamado Tribunal de Sentencias Arbitrarias- sugerido por la comisión asesora que lleva el nombre de su presidente, Carlos Beraldi, uno de los abogados de la comandante.

Recientemente, otro de los abogados de la “señora”, Roberto Boico, fue designado en una de las Salas de la Cámara Federal, tribunal que inexorablemente intervendrá en las causas en donde Kirchner está procesada. Es de suponer que el nuevo ministro avalará la recusación de ese juez cuando le toque entender en esos expedientes.

Otra de las cuestiones a las que se refirió Soria, es el cargo de Procurador General. Como se sabe el objetivo bélico de la comandante es, precisamente, la destitución de Eduardo Casal, funcionario de excelentes antecedentes, de carrera, que era el subprocurador cuando Gils Carbó renunció y que quedó a cargo de la Procuración (tal como lo establece la ley) cuando el gobierno de Macri no consiguió la aprobación del Senado para su candidata la Dra. Weinberg de Roca.

Soria dijo que Casal está “atornillado” al cargo. El señor debería saber que quien puso allí a Casal es la ley, no Macri. Pero indudablemente el desdén legal de esta gente supera cualquier explicación racional.

En la Procuración puede llegar a ocurrir algo bastante similar, incluso a lo que ocurrió con Losardo y el propio Soria. La comandante y Verbitzky quieren en la Procuración a Víctor Abramovich, ex director ejecutivo del CELS.

El gambito de Rafecas puede ser una repetición de la táctica de Reposo, para que finalmente el Senado apruebe a Abramovich que, de ese modo, compartiría con Soria la característica de haber sido el “número puesto” desde el primer momento y que tan solo tuvo que permitir que transcurriera un tiempo de “actuación” de una mala puesta en escena para que un conjunto de estúpidos se crea algo diferente de lo que ya estaba dispuesto por el Alto Mando.