Si llegaran a cristalizarse los mejores escenarios que prevé el gobierno según las estimaciones que surgen del presupuesto aprobado por el Congreso, la Argentina seguirá siendo un país muy pobre, sin oportunidades y con muy escasas posibilidades de que el nivel de vida de los más postergados

-y en general que el nivel de vida de todos- mejore y permita un mejora de las condiciones de vida. El peor indicador en este sentido es la inflación.

Con una economía inflacionaria será imposible conducir al país a un esquema de inversión de la magnitud que la Argentina precisa para revertir el proceso de deterioro económico que comenzó en el año 2002. La Argentina lleva 18 años sin crecimiento real del PBI per cápita y, en los últimos años, con una notoria caída de esos índices.   

El ministro de economía parece haber diseñado un “plan” solo para mantener los actuales índices de inflación sin que estos pasen al umbral que la Argentina tuvo a partir del gobierno peronista de 1975, y que, por supuesto, no toquen los niveles hiperinflacionarios de 1989 y 1990.

Pero aun si mantuviéramos el actual ritmo inflacionario de entre 30 y 50% anual para los próximos años, tal como se desprende de los proyectos del Poder Ejecutivo, en ese contexto, no se van a poder resolver ninguno de los problemas que aquejan a la mayoría de los argentinos y, por supuesto, el país no va a volver a crecer.

El gobierno parece resignado a mantener este estancamiento del país (digamos de paso, “estancamiento” solo en términos de los valores absolutos, porque el solo paso del tiempo hace que no estemos estancados sino que vayamos, en realidad, para atrás). En ese sentido, si uno observa las proyecciones que el ministerio de economía maneja, se dará cuenta que recién en el año 2023 el país alcanzaría las cifras de PBI per cápita de 2019, siendo incluso, el consumo per cápita, más bajo que el de aquel año. Ni hablar de trasladar esa comparación a años como el 2017 o 2016.

Esto es, en el mejor de los casos, si se cumplieran las metas presupuestarias y las cosas marcharan como el gobierno supone desde el punto de vista de las cuentas fiscales, seguiríamos en una economía muy estancada. Por supuesto se trata de un resultado muy pobre para mejorar el nivel de vida de los argentinos.

Sin embargo, en estas condiciones de inflación es, incluso, muy dudoso que el gobierno pueda cumplir con la meta fiscal de un déficit menor al 4,5% del PBI para el año 2021, con lo que aún la meta de una inflación inferior al 50% anual para el año próximo es muy lejana y muy difícil de conseguir.

En ese contexto el gobierno se vería obligado a mantener esquemas de controles de precios y cambios (con algún mix de flexibilidad para evitar que haya problemas de abastecimiento en bienes y servicios durante 2021). La obtención de las metas que el ministro Guzmán insinuó estarían, entonces, en seria discusión con más el agregado de que una economía altamente regulada y prohibitiva “del hacer” en general no sentará las bases de confianza para la inversión productiva, al contrario, incentivará la evasión y la corrupción.

Cuando uno contrasta estas evidencias con la situación de los mercados globales, que ofrecen increíbles oportunidades de financiamiento global por la disponibilidad de capital financiero a tasas bajísimas, se da cuenta de la oportunidad que el país está perdiendo y la enorme responsabilidad que le cabe al gobierno kirchnerista por dejarla pasar y por no proveer un sistema institucional que permita mejorar la condición social de los argentinos. Se trata de un pecado que solo se entiende si un llega a la conclusión de que lo están haciendo a propósito.

La atracción de la confianza (que es a su vez la promotora de la toma de decisiones pro crecimiento) solo devendría de la implementación de un plan de reorganización económica integral que produzca una profunda reforma del Estado y del gasto del Estado; una reforma impositiva que deje de esquilmar a la gente y un proceso de desregulación que aliente la competencia interna y externa.

Solo la creación de confianza para inversores locales y extranjeros puede permitir el acceso a las abundantes fuentes de capital que el mundo presenta hoy. Por supuesto la primera confianza debe despertarse entre argentinos que tienen capacidad de ahorro y que disponen de miles de millones de dólares que mantienen fuera del mercado formal local porque el país se ha empecinado en estafarlos toda la vida.

El gobierno kirchnerista supone la antítesis de todo lo que se necesita para generar confianza. La coalición que gobierna es una bolsa de gatos conformada por personajes que sostienen dislates provenientes del kirchnerismo izquierdista o del populismo peronista. Nada bueno en materia de seriedad económica promotora de confianza y estabilidad puede esperarse de eso.

Sin estabilidad no hay confianza y sin confianza no hay crecimiento. La estabilidad se consigue matando la inflación y no consolidándola en un orden anual del 50% como proponen las cuentas oficiales del gobierno.

Sería muy importante que la oposición política pudiera dejar de lado diferencias estúpidas y construir al lado de lo que ya hay armado una alternativa seria y responsable para organizar un programa de estabilidad, reorganización económica y crecimiento.

En ese sentido, la base política de Juntos por el Cambio debería abrir sus puertas a expresiones como las de Ricardo López Murphy o las del campo libertario de José Luis Espert y Javier Milei para preparar equipos sólidos que presenten un programa que produzca un verdadero cimbronazo en la realidad cuyo estrépito genere una onda expansiva de generalizada confianza.

Sin ese rol de grandeza de todos los sectores que hoy resguardan la libertad, el programa de consolidación de la miseria del kirchnerismo para que todo el pueblo se sumerja en una dependencia completa del Estado, no tendrá freno: la Argentina se convertirá de modo definitivo en un yermo pobre e irreparable.