Durante el fin de semana explotó en las redes un vídeo que muestra al terrorista Grabois en una reunión autotitulada “cumbre de los pueblos” sacándose la careta completamente y advirtiendo a su auditorio: “está claro que hacemos quilombo por plata… O sea: esto es por plata. Aquí no estamos haciendo la revolución. Hacemos quilombo para sacarle plata al Estado para mantener a los compañeros nuestros”.

Está claro que ésta es una verdad que todo el mundo conoce y que muchos denuncian. 

Pero escucharlo al hipócrita de Grabois sin intermediarios contar lo que planean cuando deciden destruir la paz, es tan esclarecedor que la información debería exceder las redes sociales  (límite dentro del cual se ha mantenido hasta ahora) y alcanzar los medios masivos de comunicación.

Esta acción delictiva que consiste en extorsionar al erario público mediante la fuerza bruta callejera necesita ser detenida ya.

El problema es que la nomenklatura que tiene en sus manos el erario público forma parte de la misma maquinaria política que lo extorsiona: extorsionador y extorsionado tienen la camiseta del mismo equipo.

Y cómo el erario público es mantenido por los impuestos de los contribuyentes, son estos los últimos estúpidos de la película.

En una infinitesimal porción, parte de los agitadores son también contribuyentes (básicamente cuando pagan impuestos al consumo porque de todos los otros están ausentes) con lo que en ese particular caso reúnen en sus propias personas las calidades de ladrones y víctimas.

Pero el grueso del robo cae naturalmente sobre la parte que aportan los escasos 8 millones de contribuyentes de la clase media y las empresas.

Esos números claramente son números de pre-cuarentena. La pésima administración de la pandemia que hizo el gobierno fundió a gran parte de esos contribuyentes con lo que, hoy en día, tenemos más extorsionadores  que reclaman y menos víctimas que aportan a la olla.

El gobierno (que aparece como el extorsionado pero que en realidad pertenece a las mismas huestes que los extorsionadores) satisface esas apretadas imprimiendo dinero falso, devaluando, como hielo entre los dedos, el patrimonio de todos.

En cualquier país civilizado la justicia estaría interviniendo de oficio porque Grabois confiesa abiertamente la comisión no de uno sino de varios delitos.

Pero en la Justicia argentina, la colonización gramsciana del pensamiento también hizo pie, con lo que no es esperable que nadie persiga a este delincuente.

El sincericidio fue cometido enfrente de varias personas lo cual también autoriza a poner en tela de juicio el nivel moral medio de esas organizaciones que saben que salen a la calle a poner en peligro la paz social para repartirse plata.

Es verdad que la Argentina no tiene mucha medida de la moral y que esos escrúpulos son tomados más bien como estupideces antes que como valores superiores.

Pero aunque a los argentinos les parezca mentira en otros países es efectivamente cierto que la mayoría de la gente se niega a hacer lo que está mal, aún cuando, aparentemente, les convenga.

Ese hundimiento en el barro, ese desdén por lo ético y esa preferencia voluntaria por el robo, da cuenta de una degradación de la que cuesta volver.

El gobierno lamentablemente es el reflejo de ese relajo moral. Es más, el kirchnerismo llegó nuevamente al poder porque descifró ese gen delincuencial presente en mucha parte de la sociedad que se siente identificada con personajes corruptos y que no pueden explicar sus patrimonios porque, como ahora lo pretende Grabois, lo hicieron saqueando el Estado.

Es en estas oscuridades en donde deben encontrarse las explicaciones a lo difícil que va a ser revertir el estado destrucción al que el país ha sido llevado por una combinación nefasta entre una sociedad éticamente laxa y unos dirigentes mayoritariamente inmorales.