El presidente Fernández sigue sometido a intenso fuego amigo desde el costado más duro del cristinismo fascista que tiene en el Instituto Patria la usina de boicots y operaciones más fuertes contra contra el presidente.

Según indican algunas fuentes de esa cueva de populismo, Cristina Elisabet Fernández ve lo que denomina un “gradualismo” judicial en la administración de Alberto Fernández y que se está  nacionalizando lo que ella denomina “el Pacto Porteño”, entendiendo por tal cosa la muy buena relación de Daniel Angelici y de sectores cercanos a Horacio Rodriguez Larreta con Juan Manuel Olmos, el influyente jefe de asesores del presidente y con la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

La arquitecta egipcia sostiene que Losardo es “garante” de ese pacto que, según ella, generó la continuidad de lo que ella llama “lawfare” y que, en esta etapa, estaría apuntando sus cañones a frenar la causa de Dolores, que el juez afín al kirchnerismo Juan Martín Ramos Padilla, inició contra Marcelo D’Alessio y Daniel Santoro con el ánimo de voltear la causa de los cuadernos cuando Claudio Bonadio estaba aún en vida y que según Cristina no avanza por culpa de las acciones de la actual ministra.

También según el Instituto Patria está frenada de reforma judicial que pomposamente anunció el presidente. En ese contexto debe leerse el tweet de la actual vicepresidente contra el fiscal Juan Mahiques, acusándolo de formar parte del supuesto lawfare y del entramado de dulzura que existe en la relación entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, trama que, si existe, le pone los pelos de punta a la jefa del populismo retornista.

En esta embestida de Cristina Elisabet también cae Emiliano Blanco que hasta ahora conduce el Sistema Penitenciario Federal y que Losardo quiere como subsecretario de asuntos penitenciarios, pero que aparece vetado por Juan Martín Mena, el comisario de Cristina en el ministerio de Justicia.

A Blanco lo acusan de ser un operador de Daniel Angelici, a tal punto que se habrían metido en el padrón electoral de Boca para demostrar que algunos miembros del Servicio Penitenciario Federal apoyaban a la lista de Daniel Angelici para presidente, en las elecciones de fines de año que consagraron a Jorge Amor Ameal como presidente del club de la Ribera. Según el Instituto Patria era Blanco el que operaba sobre esos miembros del Servicio para que en su carácter de socios de Boca, votaran por Angelici.

Todo esto estaría siendo visto por la jefa de la banda como mecanismos suspensivos para lo que ella considera debería ser un paso mucho más agresivo contra los jueces para que se verifique su venganza en los tribunales. En este contexto, se iniciaron las acciones de Pietragalla Corti pidiendo por la libertad de corruptos condenados y de Mena por presos comunes, muchos de ellos peligrosos, que, curiosamente, produjeron algunos días después el violento motín en Villa Devoto.

Muchos dicen que estas bajezas fueron el núcleo central de los planteamientos que llevó Fernández a Olivos cuando se encontró con el presidente.

El presidente a todo esto se manifiesta como notoriamente blando frente a estos avances guerrilleros de su socia política. No ha tenido hasta ahora posturas de las que pueda inferirse que está dispuesto a enfrentarse a una tendencia que pretende marcarle constantemente la cancha y en todos los casos ha reculado de sus propias posiciones dejando siempre franjas de campo ganadas por socios/adversarios.

La gran pregunta es si Alberto Fernández podrá resistir todo el periodo de su presidencia bajo esta presión. La epidemia del coronavirus vino a trastocar todos los parámetros de medición del tiempo, pero el presidente lleva solo poco más de 5 meses en el gobierno: aguantar estas embestidas que provienen de las guaridas en las que se refugian los militantes que responden a la Comandante del Calafate da la sensación que le va a resultar muy difícil.

Y esto en un contexto en donde la gente, al no tener actividad al 100%, no comenzó a repudiar el dinero. Este es un supuesto económico para nada descartable en las actuales circunstancias. La recaudación de abril cayó estrepitosamente y los gastos del Estado se multiplicaron. La brecha ha sido cubierta con un formidable chorro de pesos al mercado que han generado dos bombas atómicas al mismo tiempo: una hiperinflacionaria, porque hay más billetes en la calle mientras que se registra, al mismo tiempo, una caída brutal de la producción de bienes y servicios; y otra fiscal porque parte de esos pesos están siendo absorbidos por Leliqs que podrían explotar en cualquier momento.

Aquí puede encontrarse otro factor que explica el enamoramiento del presidente por la cuarentena: si todas las actividades se liberaran y la circulación de dinero se acelerara es muy probable que la gente comience a repudiar los pesos y la demanda de dinero caiga.

Cuando en febrero de 1989 el gobierno de Raúl Alfonsín, a través de su ministro Juan Vital Sorrouille y su presidente del BCRA José Luis Machinea, dijo que dejaba de sostener el tipo de cambio, el dólar costaba 16 australes. El 8 de julio, cuando adelantadamente asumió Menem costaba 650. Es decir el repudio al dinero local puede darse en un tiempo muy corto y si eso ocurre hay solo dos escenarios posibles: o la violencia callejera, más o menos alimentada desde usinas revolucionarias,  o la ejecución de un plan violento que le devuelva al país una moneda y que aniquile las Leliqs (quizás esto primero) con una especie de plan Bonex a la Ermán Gonzalez.

La “fabricación” de una moneda nueva a su vez tiene pocos caminos: o una nueva convertibilidad o una dolarización o una liberación a un sistema de moneda múltiple que le permita a los argentinos establecer operaciones comerciales en la moneda que elijan. No hay más opciones.

Como se ve, el futuro de Fernández está asediado: tanto desde la política como desde la economía. Solo tiene a favor que es peronista: una garantía de que puede darse vuelta y traicionar a cualquiera en cualquier momento.