
Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Hay decisiones políticas que, aun cuando sus efectos inmediatos parecen limitados, terminan provocando transformaciones profundas y duraderas en una sociedad. Algunas pasan inadvertidas en el momento en que se producen, pero con el correr de los años revelan su verdadera dimensión. Una de ellas ocurrió en la Argentina en 1973, cuando se decidió reemplazar la asignatura Educación Democrática por Estudio de la Realidad Social Argentina (ERSA).
No fue simplemente un cambio de nombre ni una actualización de contenidos. Fue un punto de inflexión en la educación argentina. Significó abandonar progresivamente una concepción de la formación ciudadana basada en el conocimiento de las instituciones republicanas, la Constitución Nacional y los principios del orden democrático, para introducir una visión impregnada de categorías ideológicas vinculadas con el pensamiento socialista, la dependencia, la liberación nacional y la lucha contra supuestas estructuras de dominación.
Hasta entonces, la formación cívica tenía un objetivo relativamente definido: enseñar a los jóvenes cómo funcionaba la República, cuáles eran sus instituciones, qué establecía la Constitución, cómo se organizaban los poderes del Estado, cuáles eran los derechos individuales y qué garantías protegían a los ciudadanos frente al poder político.
En definitiva, se trataba de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones, capaces de comprender el funcionamiento de una democracia constitucional.
Pero en 1973, durante la presidencia de Héctor Cámpora, ese enfoque comenzó a ser desplazado. El Decreto 384/73 introdujo ERSA, una asignatura que proponía estudiar la realidad argentina desde una perspectiva sustancialmente diferente.
La nueva materia incorporaba conceptos y enfoques provenientes de la teoría de la dependencia, la pedagogía de la liberación y las corrientes ideológicas que interpretaban la historia y la organización social a partir de las relaciones de dominación, el imperialismo y la confrontación entre sectores sociales. Si tuviéramos que hacer una síntesis de sus cimientos diríamos que se apoyaba en estos vectores:
- La teoría de la dependencia.
- La pedagogía de la liberación, vinculada a Paulo Freire.
- La idea de liberación nacional.
- El análisis de las estructuras económicas y sociales argentinas.
- La crítica al imperialismo.
- La participación juvenil y el compromiso social.
La cuestión no era que los alumnos conocieran esas teorías. El conocimiento de las distintas corrientes de pensamiento es parte indispensable de una educación completa. El problema era que una determinada interpretación ideológica comenzaba a ocupar el espacio que antes correspondía al aprendizaje de los fundamentos jurídicos e institucionales de la Nación.
La educación dejaba de tener como referencia principal la formación de ciudadanos libres dentro de una República constitucional para avanzar hacia una concepción en la que el análisis de la sociedad quedaba condicionado por una determinada matriz política.
ERSA duró poco. Pero su desaparición administrativa no significó la desaparición de la orientación cultural que había contribuido a instalar. Y ese es precisamente el aspecto más importante de esta historia.
Las asignaturas que sucedieron a ERSA tuvieron diferentes nombres, programas y contenidos. Sin embargo, la educación cívica argentina nunca recuperó plenamente aquella tradición de instrucción constitucional que colocaba en el centro de la enseñanza el estudio sistemático de la Constitución, sus fuentes, sus principios, la limitación del poder y los derechos individuales.
La materia fue cambiando de denominación: Formación Cívica, Formación Moral y Cívica, Educación Cívica, Formación Ética y Ciudadana. Pero, con esas sucesivas transformaciones, fue consolidándose una concepción de la formación social y ciudadana en la que las interpretaciones ideológicas de la realidad adquirieron un protagonismo que difícilmente perdieron.
La impronta socialistoide, con sus distintas expresiones y adaptaciones, sobrevivió a los cambios de gobierno, a las reformas curriculares y a las diferentes denominaciones de las asignaturas.
Así se fue desarrollando un proceso de transformación cultural que excedió largamente la existencia de ERSA. Una influencia persistente que, generación tras generación, fue condicionando la manera en que millones de estudiantes interpretaban la sociedad, la economía, la historia y el papel del Estado.
Podríamos definirlo como un verdadero proceso de lavado colectivo de cerebros: no necesariamente mediante consignas partidarias explícitas, sino a través de la selección de contenidos, la repetición de determinados conceptos, la jerarquización de ciertas interpretaciones y la progresiva marginación de otras perspectivas.
El resultado es particularmente preocupante. Muchos jóvenes terminan la escuela secundaria sin conocer adecuadamente la Constitución Nacional, sin comprender la división de poderes, sin saber cuáles son los límites del Estado ni cómo funcionan las garantías que protegen sus libertades. En cambio, han recibido una abundante carga de interpretaciones sociológicas, políticas e ideológicas sobre la realidad.
Una educación que no enseña suficientemente a conocer las instituciones, pero sí privilegia determinadas interpretaciones acerca de cómo debe organizarse la sociedad, no está cumpliendo cabalmente su función de formar ciudadanos independientes.
La Constitución no es un documento accesorio ni una referencia histórica para cumplir con un programa escolar. Es el fundamento jurídico de la República. Es la norma que establece los límites del poder y reconoce derechos que ningún gobierno puede conceder o quitar a su antojo. Por eso, conocerla debería ser una prioridad absoluta de la educación secundaria argentina.
El problema que comenzó a manifestarse en 1973 no fue, entonces, la duración de una asignatura. Fue la apertura de una puerta por la que ingresó una concepción ideológica de la educación que, con diferentes formas y bajo distintas denominaciones, nunca terminó de retirarse. Medio siglo después, seguimos padeciendo las consecuencias de aquella transformación.
Recuperar una educación verdaderamente republicana exige volver a colocar en el centro de la formación secundaria el estudio de la Constitución, las instituciones, la libertad individual, la responsabilidad ciudadana y los límites del poder. La escuela no debe fabricar militantes ni reproducir interpretaciones ideológicas. Debe formar ciudadanos libres, capaces de pensar, discutir, disentir y decidir por sí mismos.
Porque una República no puede sobrevivir si sus ciudadanos desconocen los principios que la sostienen. Y porque la educación, cuando abandona la formación de ciudadanos para convertirse en instrumento de transmisión ideológica, deja de cumplir una de sus misiones esenciales: enseñar a pensar en libertad.


Tenes razón, menos mal que hemos aprendido y hace unos meses cuando el presidente intentó comenzar a hacer lo mismo la reacción pública y la prensa lo frenaron