Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Hay palabras que, de tanto usarlas, pierden su significado. Democracia es una de ellas. Su invocación permanente ha instalado una idea tan elemental como peligrosa: que la democracia consiste exclusivamente en contar votos y permitir que gobierne quien obtenga más.
De esa premisa surge otra conclusión igualmente absurda: que cualquier limitación para elegir a una persona, incluso cuando deriva de la aplicación de la ley, constituye un ataque contra la democracia.
Así ocurre con quienes sostienen que la condena de Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación para ejercer cargos públicos ponen en peligro el sistema democrático porque impedirían que los argentinos voten por alguien a quien una parte de la ciudadanía desea elegir.
Desde el punto de vista constitucional, ese razonamiento invierte el sentido de la democracia.
La democracia no es una encuesta permanente ni un concurso de popularidad. Es un sistema de gobierno. Y su característica fundamental no es solamente que los gobernantes sean elegidos, sino que su poder esté limitado.
En una democracia constitucional, el voto confiere legitimidad para ejercer determinadas funciones dentro de un marco jurídico. No entrega un cheque en blanco. No convierte al elegido en propietario del Estado, no lo autoriza a disponer arbitrariamente del patrimonio público ni lo coloca por encima de las leyes que obligan al resto de los ciudadanos.
La mayoría puede elegir gobernantes. No puede abolir, por el solo hecho de ser mayoría, los derechos individuales, las garantías constitucionales ni los límites que protegen a cada persona frente al poder.
Además, ninguna mayoría electoral equivale a la totalidad del pueblo. Siempre existen ciudadanos que votaron por otras opciones, que discrepan o que no participaron. Sus derechos no desaparecen cuando se cierran las urnas.
La ley está por encima de los gobernantes y de las mayorías circunstanciales. Esa es una diferencia esencial entre una democracia constitucional y el gobierno arbitrario de quien acumula suficiente poder.
Por eso, cuando los tribunales aplican la ley después de un proceso con garantías de defensa, y una sentencia firme produce la inhabilitación de una persona para ejercer cargos públicos, no puede concluirse automáticamente que la democracia está en peligro. Si la decisión es jurídicamente válida y se respetaron las garantías constitucionales, lo que demuestra es que el sistema dispone de mecanismos para impedir que el acceso al poder dependa exclusivamente de la popularidad de un candidato.
La cuestión no es si una persona conserva simpatizantes, si podría reunir muchos votos o si existe un sector que desea verla nuevamente en el poder. La cuestión es si cumple las condiciones legales para ejercerlo.
Confundir ambos planos equivale a sostener que la voluntad electoral puede neutralizar cualquier consecuencia jurídica: cuanto mayor sea el respaldo popular, menor debería ser la responsabilidad ante la ley. Una idea semejante no fortalece la democracia; la destruye desde adentro.
La Constitución argentina no fue concebida para averiguar quién es el más popular. Fue diseñada para organizar, distribuir y limitar el poder, y para proteger los derechos de los habitantes frente a sus posibles abusos.
La Constitución de 1853 y la de los Estados Unidos, fuente de inspiración fundamental de nuestro ordenamiento, ni siquiera emplean la palabra «democracia» en sus textos originales. Establecieron instituciones, competencias, controles y garantías destinados a impedir que el poder se volviera absoluto.
La lección es actual: la libertad no depende solamente de quién gobierna, sino, sobre todo, de aquello que ningún gobernante tiene derecho a hacer.
¿Cómo es posible, entonces, que una inhabilitación judicial sea presentada como una amenaza democrática?
Una ciudadanía deficientemente educada en materia constitucional resulta más vulnerable a la manipulación política. Cuando se enseña que democracia es sinónimo de voto, cualquier límite legal puede presentarse como una agresión a la voluntad popular.
Quienes explotan esa confusión saben que invocar la palabra democracia tiene una enorme potencia emocional. No necesitan explicar los alcances de una sentencia ni discutir sus fundamentos. Les basta con instalar una equivalencia falsa: impedir que mi candidato se presente es impedir que el pueblo decida.
Pero el pueblo también tiene derecho a que se cumpla la ley, a que sus impuestos sean administrados honestamente, a que los funcionarios rindan cuentas y a que las instituciones funcionen incluso cuando sus decisiones contradicen las preferencias de una mayoría circunstancial.
En el caso de Cristina Kirchner, el debate no debería resolverse mediante consignas sobre cuánto la quiere o la rechaza una parte de la sociedad. Debe partir de los hechos acreditados, de las sentencias dictadas, de las garantías procesales y de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. La gravedad de los delitos de corrupción no disminuye por la popularidad de quien los comete, del mismo modo que una condena no exime al Estado de respetar el debido proceso.
Si una sentencia firme determina una inhabilitación, corresponde cumplirla. Si alguien considera que es jurídicamente incorrecta, debe discutirla por las vías institucionales pertinentes, no pretender que la popularidad electoral la vuelva irrelevante.
La solución de fondo excede el caso de una dirigente política. La única manera de desarmar esta especulación demagógica es educar a los ciudadanos en el significado de la democracia constitucional. Desde la escuela, la enseñanza cívica debe explicar que votar es indispensable, pero insuficiente; que las mayorías eligen gobiernos, pero no pueden apropiarse de los derechos de las minorías; y que ningún funcionario recibe del electorado autorización para situarse por encima de la ley.
Una sociedad que no comprende estos principios termina confundiendo la defensa de un dirigente con la defensa de sus propias libertades.
La paradoja es que quienes denuncian un peligro para la democracia porque un tribunal aplica la ley parecen ignorar que el mayor peligro aparece cuando la ley deja de aplicarse porque alguien tiene suficientes votos.
La democracia no consiste en que el más votado pueda hacer lo que quiera. Consiste en que nadie pueda hacerlo.
Cuando comprendamos esa diferencia, la palabra democracia recuperará su verdadero valor. Hasta entonces, seguirá siendo una coartada eficaz de quienes pretenden convertir el poder recibido de los ciudadanos en un poder sin límites. Y una democracia sin límites al poder no es una democracia plena: es apenas la antesala de la arbitrariedad.
