Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Sin ir mas lejos ayer comentábamos en este mismo espacio editorial (en el punto 9, dentro de los 10 que enumeramos como elementos que explicaban el tufillo ambiente que rodea al gobierno) -y lo cito textual-: “9) una serie de divisiones internas generadas por la hermana del presidente que ha puesto a algunos funcionarios de un lado y a otros de otro, con filtraciones e inconexiones poco funcionales al nivel de unidad pétrea que habría que tener para llevar adelante el ambicioso programa de desperonizar la mente argentina y restaurar el espíritu original de la Constitución de 1853”.
Lo traigo a colación -y perdón por la auto referencia- porque hay peleas políticas que nacen de una diferencia ideológica, otras de una disputa por el poder y algunas, bastante más desconcertantes, porque alguien sencillamente no avisó o porque alguien se quiso “pasar de vivo”.
El episodio protagonizado por Patricia Bullrich a raíz de los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 en materia de discapacidad parece pertenecer, al menos en su origen, a alguna de estas dos últimas categorías (o a ambas juntas). Bullrich no cuestionó solamente el contenido de las modificaciones. Lo que puso sobre la mesa fue algo bastante más elemental: dijo que no sabía que estaban allí.
Y no estamos hablando de una senadora opositora que descubrió por los diarios una iniciativa del Gobierno. Bullrich es la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y forma parte de la mesa política del oficialismo. Es decir, pertenece al núcleo político que debería conocer antes que nadie las decisiones que después tendrá que defender en el Congreso. El dato adquiere todavía mayor relevancia porque, según relató la propia Bullrich, el día anterior había participado de una reunión de la mesa política del Gobierno, en la que estuvieron varios de los principales funcionarios y dirigentes de la administración de Javier Milei (Karina Milei, Luis Caputo, Martín Menem, Santiago Caputo). Allí se discutieron cuestiones vinculadas con el Presupuesto y con la estrategia parlamentaria. Sin embargo, cuando el proyecto ingresó al Congreso, apareció un capítulo específico sobre discapacidad que, según Bullrich, no había sido puesto en conocimiento de los integrantes de esa mesa.
Y ahí aparece la verdadera pregunta: ¿quién decidió incorporar esas modificaciones y por qué los propios dirigentes que deberán defenderlas políticamente no estaban al tanto? El Gobierno tiene todo el derecho de proponer una reforma del régimen de discapacidad. Tiene derecho, también, a discutir el costo fiscal de las prestaciones, el sistema de pensiones, el nomenclador y la manera en que el Estado financia las distintas prestaciones. Todo eso forma parte de la discusión democrática y presupuestaria. Lo llamativo es que una cuestión políticamente tan sensible aparezca incorporada al proyecto de Presupuesto sin que quienes tienen la responsabilidad de conseguir los votos necesarios para aprobarlo conozcan previamente su existencia.
Más todavía cuando el oficialismo necesita negociar. El Congreso no es una escribanía y, después de las elecciones, tampoco es razonable pensar que el oficialismo pueda prescindir de sus propios legisladores y aliados para luego pedirles que voten disciplinadamente aquello que no participaron de discutir. Bullrich lo dijo con una crudeza poco habitual dentro de un oficialismo: una situación de este tipo termina haciendo quedar a los legisladores frente a sus interlocutores como si fueran personas engañadas o directamente ingenuas. Y la observación tiene una lógica política difícil de discutir. Un legislador que negocia con otro bloque necesita saber qué está negociando; un jefe de bloque necesita conocer el contenido de las iniciativas que deberá defender y una mesa política tiene sentido precisamente para coordinar la acción política del Gobierno, no simplemente para enterarse después de las decisiones tomadas en otro despacho.
Desde la Casa Rosada se habló de un problema de coordinación. Puede ser. Pero si efectivamente fue solamente un error de coordinación, la solución debería ser bastante sencilla: coordinar mejor. Porque el episodio revela una cuestión que va bastante más allá del capítulo sobre discapacidad. Un Gobierno puede tener una política económica determinada, una estrategia legislativa determinada y hasta una concepción determinada sobre el rol del Estado. Lo que difícilmente puede permitirse es que sus propios dirigentes tengan que descubrir las decisiones del Gobierno cuando las leen en un proyecto enviado al Congreso.
Aquí aparece, además, una paradoja interesante. La administración Milei construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de terminar con determinadas formas tradicionales de hacer política. Sin embargo, la política tiene algunas reglas que no dependen de ser liberal, peronista, radical o socialista. Una de ellas es bastante antigua y bastante sencilla: si necesitás que alguien te acompañe, primero tenés que hacerlo participar.
El episodio Bullrich-Gobierno debería servir, entonces, para discutir algo más profundo que una modificación presupuestaria. ¿Existe realmente una mesa política que coordine las decisiones del Gobierno o existen distintos centros de poder que toman decisiones por separado y después intentan acomodar las piezas? La diferencia no es menor. Mientras las discusiones permanezcan dentro del Ejecutivo, los problemas de coordinación pueden parecer una cuestión interna. Pero cuando una decisión llega al Congreso, se transforma en un problema político de todos, y especialmente de quienes tienen que poner la cara para conseguir los votos.
La cuestión de la discapacidad merece, naturalmente, una discusión propia y seria. Hay que analizar cuánto cuestan las prestaciones, cómo se financian, qué derechos deben garantizarse y cuál es la responsabilidad del Estado. Pero eso no debería impedir observar el otro problema que quedó expuesto: un Gobierno puede equivocarse en una política, puede modificar una decisión y hasta puede perder una votación. Lo que no debería hacer es sorprender a sus propios legisladores con aquello que pretende que ellos mismos voten.
Porque cuando los propios empiezan a enterarse por el Congreso o por los medios de comunicación de las decisiones que tendrán que defender, el problema ya no es solamente de comunicación. Es de conducción. Y ese, para cualquier Gobierno, suele ser un problema bastante más serio. Ni hablar para uno que se ha puesto como objetivo desmontar el sistema de corporativismo populista que el peronismo instaló hace mas de 80 años.
