Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Hay una pregunta que las democracias liberales suelen esquivar: ¿qué ocurre cuando las libertades que una Constitución garantiza son utilizadas para promover ideas cuyo objetivo último es terminar con esas mismas libertades? La respuesta automática suele ser una apelación a la tolerancia: hay que tolerar las ideas, permitir el debate, dejar que todas las posiciones se expresen. Y, en una sociedad libre, hay buenas razones para defenderlo. Pero existe una diferencia fundamental entre tolerancia y ausencia de límites. Para entenderla, imaginemos por un momento que la Constitución fuera el prospecto de un medicamento.
Un prospecto no se limita a explicar para qué sirve una medicina. También indica cómo debe utilizarse, qué dosis corresponde y cuáles son sus contraindicaciones. Y nadie considera que el prospecto sea “intolerante” porque advierta que determinado medicamento no debe combinarse con un anticoagulante. Al contrario: esa prohibición existe para proteger al paciente. Más todavía: el prospecto no necesita enumerar uno por uno todos los anticoagulantes existentes, ni todas sus marcas comerciales. Establece un principio: este medicamento es incompatible con los anticoagulantes. La advertencia es suficiente porque define una categoría. Si el paciente quiere utilizar correctamente ese medicamento, los anticoagulantes quedan excluidos de la combinación.
¿Por qué habría de ser diferente con una Constitución liberal? Una Constitución no es un catálogo decorativo de buenos deseos. Es la arquitectura jurídica sobre la cual una sociedad organiza su convivencia. Establece derechos, garantías, límites al poder y reglas destinadas a impedir que el Estado, las mayorías o cualquier otra fuerza puedan destruir arbitrariamente la libertad de los individuos. Cuando una Constitución reconoce la propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión o la división de poderes, no está formulando simples preferencias: está definiendo las condiciones bajo las cuales ese sistema puede seguir siendo aquello que dice ser.
Por eso hay una cuestión que deberíamos empezar a discutir sin complejos: no alcanza con que las incompatibilidades con la Constitución estén implícitas. El Congreso debería advertirlas expresamente. No para perseguir pensamientos, crear una policía de las ideas ni encarcelar a quien sostenga una opinión extravagante o radical, sino para hacer algo mucho más elemental: explicar cuáles son los principios constitucionales que la República está obligada a proteger y cuáles son las concepciones políticas que, por negar esos principios, resultan incompatibles con el orden constitucional.
Si la Constitución protege la propiedad privada, debería poder decirse con claridad que una política de Estado destinada a abolirla contradice ese principio. Si establece la igualdad jurídica de las personas, debería quedar establecido que una concepción que pretenda asignar derechos diferentes según categorías de ciudadanos entra en conflicto con esa garantía. Si organiza una República representativa y limita el poder, debería poder señalarse que una doctrina que pretenda concentrarlo sin controles y eliminar los mecanismos constitucionales resulta incompatible con esa arquitectura. Esto no significa que alguien no pueda pensar o decir que la propiedad privada es injusta, que la democracia representativa es imperfecta o que debería existir otro sistema político. Significa que el Estado democrático debe tener la capacidad de decir dónde están las fronteras constitucionales de aquello que él mismo se comprometió a proteger.
La diferencia es decisiva. Una cosa es prohibir una idea; otra es declarar que una idea es incompatible con la Constitución. La primera puede convertirse fácilmente en censura. La segunda es, en principio, una tarea de delimitación institucional: establecer qué principios no pueden ser eliminados sin que la propia Constitución pierda sentido. Una democracia liberal no puede pretender protegerse convirtiendo cada discrepancia en un delito. Pero tampoco puede ser tan ingenua como para creer que debe facilitar indefinidamente la acción de quienes utilizan las libertades constitucionales como instrumentos para destruir las condiciones que hacen posible esas mismas libertades.
Y aquí aparece una responsabilidad específica del Congreso. Como órgano encargado de reglamentar los principios constitucionales, debería poder elaborar algo parecido al prospecto de la República: una advertencia clara sobre cuáles son los derechos y principios esenciales del sistema y cuáles son las conductas, proyectos y concepciones políticas que resultan incompatibles con ellos. No se trataría de confeccionar una lista de autores prohibidos ni de determinar qué ciudadano puede pensar qué cosa. Se trataría de establecer categorías, del mismo modo que un prospecto no enumera todos los medicamentos anticoagulantes, sino que advierte sobre la incompatibilidad de esa categoría con determinado tratamiento.
¿Por qué sería necesario semejante explicitación? Porque dejar todo librado a la obviedad tiene un problema: la obviedad deja de ser obvia cuando una sociedad comienza a perder memoria de sus propios principios. Si todos entendieran espontáneamente qué significa que un derecho sea inviolable, quizás no haría falta advertencia alguna. Pero cuando comienzan a multiplicarse las doctrinas que relativizan derechos fundamentales, cuando se presenta como una simple alternativa política aquello que supone eliminar las bases jurídicas del sistema, la ausencia de una advertencia expresa deja de ser prudencia y empieza a parecer negligencia.
La Argentina conoce demasiado bien los resultados de las ambigüedades constitucionales. Durante décadas se ha discutido como si todos los principios pudieran ser relativizados en nombre de una supuesta finalidad superior: la igualdad contra la libertad, el Estado contra la propiedad, la mayoría contra los derechos individuales, el poder contra sus límites. Una República que no establece con claridad cuáles son sus principios irrenunciables termina permitiendo que cada generación vuelva a discutir incluso aquello que la Constitución quiso sacar de la discusión ordinaria.
Y las ideas “anticoagulantes” se multiplican. Algunas cuestionan abiertamente la propiedad privada; otras relativizan la libertad individual en nombre de una abstracción colectiva; otras justifican la concentración del poder cuando quien lo concentra comparte sus objetivos; otras consideran legítimo utilizar las instituciones republicanas para luego desmontarlas desde adentro. Frente a eso, la respuesta no debería ser la censura. Debería ser la claridad.
Una democracia madura puede tolerar que alguien quiera cambiar la Constitución. Puede tolerar que alguien sostenga que otro régimen sería mejor. Puede tolerar críticas feroces contra sus instituciones. Lo que no debería hacer es desconocer que existen proyectos cuya finalidad consiste precisamente en eliminar las condiciones constitucionales que permiten que esas críticas sean formuladas libremente. La democracia no tiene por qué ser estúpida para ser tolerante.
El prospecto no prohíbe el anticoagulante porque lo odie. Advierte que no puede combinarse con ese medicamento porque conoce las consecuencias. Una Constitución liberal debería tener la misma lucidez. Y si la sociedad ya no es capaz de reconocer por sí sola cuáles son sus contraindicaciones, el Congreso debería escribirlas.
No para prohibir las ideas. Para advertir cuáles son incompatibles con la República. Obviamente lo saludable sería que las contraindicaciones del prospecto fueran deducidas tácitamente por los ciudadanos sin necesidad de que alguien se las explique. Pero dada la llamativa proliferación de “ideas” y agrupaciones que, valiéndose de las liberalidades constitucionales, pretenden llegar al poder para abolirlas, sería saludable que quienes tienen la responsabilidad de que se conserven emitan un “prospecto” de ayuda. Porque una democracia que no sabe decir “esto es incompatible con aquello” termina convirtiendo todos sus principios en opiniones. Y cuando todo se convierte en una opinión, también la libertad termina siendo negociable.
Toda medicina seria trae un prospecto. Quizás ya sea hora de que la República Argentina tenga el suyo.
No me puedo quitar la imagen de Myriam Bregman, en su escritorio, con un gran monitor, un teclado, y detrás un enorme retrato de Trotsky. Esa señora tiene alrededor de 45% de imagen positiva. Y ya hay encuestas que dicen que Milei perdería un balotaje con Massa o el soviético. Este pueblo no aprende más, tiene vocación suicida. Y no soy un fanático de Milei, que tiene muchos defectos y errores, pero caer en manos de esos siniestros personajes sería una catástrofe, casi irreversible.