Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Confieso que dedicar dos días seguidos al tema del fallo de la jueza Marta Pascual no me convencía demasiado. Hay momentos en los que insistir sobre un asunto corre el riesgo de convertir el análisis en una repetición y, en este caso, las objeciones al fallo me parecían tan evidentes y los argumentos utilizados por la magistrada tan burdos que volver sobre ellos podía convertirse simplemente en una redundancia.
Sin embargo, mientras pensaba precisamente en eso, en la obviedad y en la burdez, apareció una pregunta bastante más inquietante: ¿qué está pasando en un país en el que, de repente, lo obvio ya no resulta tan obvio y lo burdo puede presentarse como racional?
Y ahí apareció, creo, un costado bastante más original del mismo problema. Porque quizás algunos de los dramas que la inseguridad ha traído a la Argentina no sean solamente el resultado de una deficiente política criminal, de una justicia que muchas veces funciona mal, de policías mal equipadas o de gobiernos que durante años no quisieron asumir el costo político de enfrentar el delito. Quizás exista, detrás de todo eso, algo más profundo: un lento proceso mental, individual pero colectivo al mismo tiempo, mediante el cual fuimos modificando nuestra propia idea de lo correcto y de lo incorrecto.
En algún momento comenzó a instalarse entre nosotros una noción bastante elemental pero extraordinariamente destructiva: para ser “piola”, para ser “canchero”, para demostrar que uno estaba despierto y que no era un ingenuo, había que tener algún borde de ilegalidad.
El correcto empezó a ser visto como un pelotudo. Y, por oposición, para no ser un pelotudo había que saber transgredir. Había que animarse. Había que “avivarse”. Había que encontrar la manera de hacer algo que los demás no podían o no se atrevían a hacer. La pequeña trampa, el pequeño abuso, la pequeña transgresión comenzaron a ser tolerados como señales de inteligencia práctica.
Es difícil establecer cuándo comenzó exactamente ese proceso. Pero sí podemos reconocer algunas de sus manifestaciones más elementales. Basta mirar lo que durante décadas ocurrió en escuelas y colegios. El “traga” era el estúpido. El que estudiaba, cumplía, llegaba a horario y hacía las cosas como correspondía podía convertirse en objeto de burla. En cambio, el vago, el que encontraba la manera de zafar, el que sabía “cómo hacerla”, el que podía incumplir sin pagar las consecuencias, era muchas veces el que se las sabía todas.
No estoy hablando de una teoría criminológica. Estoy hablando de algo muchísimo más básico: de los patrones culturales que una sociedad va construyendo casi sin darse cuenta. De aquello que empieza como una broma, continúa como una costumbre y termina convirtiéndose en una valoración social.
Porque la cultura de una sociedad también se forma de esa manera. A través de pequeñas señales. De aquello que se premia y aquello que se castiga. De aquello que genera admiración y aquello que provoca vergüenza. Y cuando durante mucho tiempo la picardía es premiada y la corrección es ridiculizada, algo empieza a cambiar.
A caballo de esa cultura degeneracional y degradante llegaron después consecuencias perfectamente visibles en el terreno educativo. El deterioro de los hábitos de estudio, de la disciplina, del esfuerzo y de la valoración del conocimiento no tardó en golpear el mercado laboral y, finalmente, la productividad general de la economía.
Una sociedad que pierde el respeto por el esfuerzo termina teniendo problemas para producir. Una sociedad que desprecia al que cumple termina teniendo problemas para construir instituciones. Y una sociedad que empieza a mirar al que transgrede con cierta admiración termina teniendo, tarde o temprano, problemas para distinguir entre la picardía y el delito.
Fue en ese caldo de pobreza, ignorancia y deterioro cultural donde aparecieron después las teorías sofisticadas destinadas a explicar —y muchas veces a justificar— lo que había comenzado de una manera bastante menos sofisticada.
La explicación decía, en términos generales, que las sociedades de consumo y las sociedades capitalistas ejercían sobre determinados sectores una presión tan enorme que arrojaban a miles de jóvenes hacia los márgenes. Esos jóvenes terminaban cayendo en el delito no tanto como victimarios de una conducta que habían elegido ejercer, sino como víctimas de un aluvión social, económico y cultural que no habían podido contener.
El delincuente empezaba así a ocupar un lugar diferente en la narración: ya no era solamente quien había cometido un delito. Era, antes que nada, alguien a quien algo le había sucedido.
Aquello fue, en cierto modo, la fase intelectualizada de un proceso que había empezado mucho antes, con ese coqueteo cotidiano con la ilegalidad que servía para demostrar que uno era “piola”. Y la idea del “buenismo” judicial aparece entonces como una consecuencia bastante lógica de ese mecanismo mental colectivo.
Eugenio Raúl Zaffaroni puede ser considerado, en ese sentido, uno de sus exponentes más importantes. Algunos me dirán —con razón— que Zaffaroni no inventó nada y que muchas de sus ideas provienen de una combinación de corrientes jurídicas y filosóficas alemanas y francesas que, mezcladas, pueden convertirse en un verdadero cóctel molotov. Sí. Lo tengo claro.
Pero tampoco estoy diciendo que la idea de coquetear con la ilegalidad para parecer “piola” sea exclusivamente argentina. No lo es. Puede encontrarse, con distintas características, en otros lugares del mundo. Y tampoco es extraño que allí donde aparecieron esos comportamientos hayan surgido intentos de intelectualizarlos, explicarlos y finalmente justificarlos.
La diferencia es que en otros lugares —por suerte para ellos— existieron o todavía existen frenos sociales suficientemente potentes como para impedir que esas teorías fueran llevadas hasta sus últimas consecuencias. Y, sobre todo, para evitar que terminaran siendo casi entronizadas como una verdad frente a la cual nadie podía rebelarse. Nosotros tuvimos menos defensas.
Por eso no descartaría que el desmadre que hoy vemos en nuestras calles y la pueril, pusilánime y muchas veces incomprensible respuesta de quienes deberían estar protegiendo a los ciudadanos honrados se haya originado mucho antes de que aparecieran las estadísticas actuales de inseguridad.
Tal vez haya comenzado con algo mucho más pequeño. Con la suave degradación de una cultura que empezó a interpretar el “cancherismo” como una virtud. Que convirtió al correcto en un ingenuo. Que hizo del tramposo alguien “vivo”. Que confundió libertad con ausencia de límites y rebeldía con desprecio por la ley.
Después llegaron la pobreza, el deterioro educativo, la pérdida de oportunidades, la explotación pobrista y populista del delito y, finalmente, una vasta construcción intelectual que se creyó extraordinariamente sofisticada porque consiguió convencer a muchos de que las categorías más elementales de la convivencia debían ser invertidas. Que lo que estaba mal podía estar bien. Y que lo que estaba bien podía estar mal.
Quizás por eso el fallo de una jueza no sea solamente el fallo de una jueza. Quizás sea también el síntoma de algo bastante más profundo: de una sociedad que durante demasiado tiempo fue perdiendo la capacidad de reconocer lo evidente.
Porque cuando una sociedad llega al punto en que necesita discutir si el honrado merece protección, si el delincuente debe asumir las consecuencias de sus actos o si la ley debe aplicarse a quien la viola, el problema ya no está solamente en los tribunales. Está en la cultura.
Y acaso la primera tarea para empezar a salir de este laberinto sea recuperar una capacidad que parece elemental pero que hemos ido perdiendo: llamar a las cosas por su nombre. Al delito, delito. A la víctima, víctima. Al delincuente, delincuente. A la ley, ley. Y a la estupidez, estupidez.
Porque quizás el verdadero drama argentino no sea solamente que durante años algunos hayan conseguido convencernos de que lo que está mal está bien. El drama mayor es que, de tanto repetirlo, empezamos a dejar de reconocer qué es lo obvio.
