La medida, impulsada por el gobernador republicano, establece que ningún tribunal, autoridad administrativa o mecanismo de resolución de conflictos puede aplicar normas de origen religioso o extranjero cuando entren en contradicción con los derechos garantizados por las constituciones de Estados Unidos y Florida. La ley incluye expresamente a la Sharia.
Patricia Arencibia, The Post FMGN Press, US Correspondent
Miami, Fla, Septiembre 2026.- Florida volvió a colocarse en el centro del debate estadounidense sobre inmigración, soberanía jurídica y libertad religiosa después de que el gobernador Ron DeSantis promulgara una legislación destinada a impedir que normas jurídicas extranjeras o religiosas puedan utilizarse para vulnerar derechos constitucionales dentro del estado.
La medida fue firmada por DeSantis el 6 de abril de 2026, mediante la promulgación de la HB 1471, y no el 17 de julio como afirma la publicación que circula en redes sociales.
La nueva legislación creó la sección 2.05 de los Estatutos de Florida y define como “ley religiosa” a cualquier código o sistema jurídico asociado con una religión y basado en sus textos o tradiciones. La norma menciona expresamente a la Sharia dentro de esa definición.
La Constitución por encima de cualquier otra norma
El punto central de la legislación no consiste simplemente en declarar ilegal una religión o prohibir que los musulmanes practiquen su fe. Lo que establece es que ninguna autoridad pública o privada con funciones jurídicas puede aplicar una norma religiosa o extranjera cuando esa aplicación produzca una violación de derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos o por la Constitución de Florida.
La propia ley excluye de la categoría de “ley extranjera” o “ley religiosa” a la Constitución estadounidense, las constituciones estatales, las leyes federales y estatales, el common law y los tratados internacionales ratificados por Estados Unidos.
DeSantis presentó la iniciativa como una defensa del principio de que en Florida existe un único marco jurídico válido: el establecido por la Constitución y las leyes estadounidenses.
“Para defender el Estado de derecho, nuestro estado debe funcionar bajo un único sistema jurídico”, sostuvo el gobernador al anunciar la promulgación.
Una cuestión que excede a Florida
La decisión adquiere una dimensión política mayor porque se inscribe en una discusión que atraviesa distintos estados norteamericanos: hasta dónde pueden llegar los gobiernos estatales para impedir que tribunales, árbitros u otras instituciones tengan en cuenta normas jurídicas provenientes de sistemas extranjeros o religiosos.
En el caso de Florida, la legislación apunta específicamente a evitar que esas normas puedan utilizarse como fundamento para decisiones que contradigan derechos constitucionales.
La ley también forma parte de una agenda más amplia de la administración DeSantis orientada a limitar la influencia extranjera y reforzar las instituciones estatales frente a organizaciones que el gobierno considera una amenaza. En mayo, por ejemplo, el gobernador promulgó otra legislación destinada a combatir la influencia de gobiernos extranjeros considerados adversarios.
Un dato importante frente a la versión viral
La publicación que dio origen a esta información sostiene que DeSantis “prohibió la Sharia” en todo Florida. La descripción es políticamente más contundente que el texto legal.
Lo que efectivamente establece la legislación es que la Sharia —al igual que cualquier otra ley religiosa o extranjera— no puede ser aplicada por las autoridades cuando su aplicación viole derechos constitucionales. La propia ley incluye a la Sharia dentro de la definición de “ley religiosa”, pero no convierte en delito la práctica privada de una religión ni prohíbe a los musulmanes profesar su fe.
La diferencia no es menor: el eje de la norma está puesto en qué sistema jurídico puede tener fuerza dentro del Estado de Florida, no en prohibir una determinada creencia religiosa.
Para DeSantis y sus aliados, se trata de reafirmar la supremacía de la Constitución estadounidense frente a cualquier intento de imponer un orden jurídico alternativo. Para sus críticos, en cambio, este tipo de legislación puede alimentar una asociación injustificada entre el Islam y prácticas incompatibles con el orden constitucional.
Lo que queda claro es que Florida vuelve a plantear, de manera frontal, una cuestión que promete seguir generando controversia en Estados Unidos: qué ocurre cuando las convicciones religiosas, las normas culturales o los sistemas jurídicos extranjeros entran en conflicto con los principios constitucionales norteamericanos.
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Que les pregunten a Francia y al Reino Unido, cada vez más sometidos voluntariamente a la islamización.
Totalmente de acuerdo con De Santis.