Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Hay decisiones judiciales que trascienden el expediente que las origina. No solo resuelven un conflicto concreto sino que exponen una determinada concepción de la sociedad, del hombre y de la convivencia. El juez Roberto Gallardo, conocido por exhibir fotografías del Carnicero de La Cabaña -el simpático apodo del Che Guevara que hacía referencia a su inveterada costumbre de matar gente en un rancho del campo cubano-, emitió una orden para impedir que el gobierno de la ciudad siga con los operativos de recuperar propiedades usurpadas para devolvérselas a sus dueños.
Esa decisión pertenece a esa categoría.
El argumento central del impresentable juez es que los ocupantes no pueden ser desalojados mientras no se les garantice una solución habitacional alternativa. Dicho de otro modo: quien ha ingresado ilegalmente en una propiedad ajena adquiere, por el simple hecho de haber violado la ley, un derecho que el propietario honesto no tiene. El orden jurídico deja de proteger al que respetó las reglas para convertirse en el escudo de quien las quebrantó.
Pero, ¿qué clase de sociedad tiene este hombre en la cabeza? ¿Acaso quiere hacernos creer que un perfil ideal de sociedad seria aquel en donde la gente por la fuerza le quita el goce del derecho de propiedad a otra gente y luego el violador del derecho adquiere la prerrogativa de que le den una vivienda? ¿A este tipo de retorcimiento, el juez Gallardo quiere acostumbrarnos? ¿Qué modelo de sociedad inspira semejante razonamiento? ¿Uno donde la fuerza prevalece sobre el derecho? ¿Uno donde el trabajo y el esfuerzo de una persona pueden ser anulados por la mera voluntad de quien decide apropiarse de lo ajeno? ¿Uno donde la víctima debe resignarse a esperar mientras el victimario recibe asistencia y protección del Estado?
La propiedad privada no es un privilegio. Es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad libre. Sin ella desaparecen los incentivos para trabajar, invertir, ahorrar y progresar. No es casualidad que las constituciones modernas la hayan consagrado como un derecho básico y que las sociedades más prósperas sean aquellas donde ese derecho es respetado y protegido.
Sin embargo, existe en la Argentina una corriente ideológica que mira con sospecha la propiedad y con indulgencia su violación. Una tradición política y cultural que considera que el patrimonio ajeno constituye una deuda moral con quienes no lo tienen y que el Estado debe intervenir para redistribuirlo, aun a costa de desconocer derechos adquiridos legítimamente.
No se trata de una idea nueva. En el siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels escribían en el Manifiesto Comunista que la teoría de los comunistas podía resumirse en una sola frase: la abolición de la propiedad privada. Desde entonces, innumerables experiencias históricas intentaron llevar ese principio a la práctica, con resultados conocidos: pobreza, autoritarismo y violencia.
Esa concepción no permanece confinada a los libros de teoría política. Durante décadas fue infiltrándose en la cultura, en ciertos ámbitos académicos y artísticos y en una narrativa que romantiza la marginalidad mientras demoniza el esfuerzo y el éxito. Se presenta al delincuente como una víctima del sistema y al ciudadano que logró construir un patrimonio como un sospechoso privilegiado. Se exalta la transgresión y se ridiculiza el respeto por las normas.
El caso del juez Gallardo adquiere una dimensión simbólica adicional por su conocida admiración hacia Ernesto “Che” Guevara, figura cuya trayectoria está inseparablemente vinculada a ejecuciones sumarias y a una concepción política que justificaba la violencia revolucionaria. El propio Guevara dejó escrito que “el revolucionario debía convertirse en una fría máquina de matar movida por el odio, porque una sociedad sin odio no puede triunfar”. Difícil imaginar una frase más incompatible con los valores de una sociedad democrática basada en el respeto recíproco y en la dignidad humana.
Cuando un juez adopta criterios que parecen invertir el orden moral y jurídico de una comunidad, el problema excede a las personas involucradas en el expediente como al caso mismo. La cuestión es si la Justicia existe para proteger los derechos o para justificar su vulneración. Si el Estado debe respaldar al propietario legítimo o al usurpador. Si la ley debe ser un límite a la violencia o un instrumento para consagrarla.
Apelar al argumento sentimental de la “pobre gente que no tiene dónde vivir” para justificar la ocupación de bienes ajenos constituye una peligrosa confusión ética. La pobreza merece solidaridad, asistencia y políticas públicas eficaces. Pero ninguna necesidad convierte el robo en un derecho ni obliga a terceros inocentes a cargar con el costo de resolver problemas que corresponden a las propias personas y a las decisiones que han tomado en su vida.
Este sistema de valores que encarna Gallardo, según el cual el propietario de un inmueble puede ser despojado del mismo sin que el orden jurídico se ponga de su lado y lo socorra, sino que, al contrario, vaya en ayuda del ladrón, constituye un despropósito de una magnitud equiparable a admitir que es el MAL lo que que esta bien y que es el MAL lo que debe guiar las acciones de los hombres con el agregado de que la ley y la Justicia deben ir en ayuda del MAL y de los MALOS en lugar de castigarlos.
Una sociedad armónica y pacífica no puede construirse sobre estos valores: sobre la envidia, el resentimiento o la legitimación de la fuerza. Se construye sobre reglas claras, respeto por el prójimo y la certeza de que quien cumple la ley encontrará en las instituciones una protección efectiva.
Los jueces tienen la enorme responsabilidad de custodiar esos principios. Cuando se apartan de ellos, los mecanismos constitucionales previstos por la República existen precisamente para corregir esos desvíos y preservar la confianza pública en las instituciones: Gallardo y sus fotografías con el Carnicero de La Cabaña deberían ser eyectados del lugar que ocupan para que quede claro que en la Argentina no existe la menor chance de que una idea esa naturaleza (probablemente camuflada bajo el camaleón pero-kirchnerista) vuelva al poder en el país.
El país necesita la solidificación de una cultura que vuelva a colocar en el centro de la escena el valor del trabajo, del mérito, de la honestidad y del respeto a la propiedad. Necesita dejar atrás la peligrosa idea de que el bien puede surgir del atropello y que el delito puede convertirse en fuente de derechos.
Porque el día en que la Justicia decida ponerse del lado de quienes violan la ley y no de quienes la respetan, habrá comenzado a desdibujarse la frontera entre el orden y el caos. Y ninguna nación puede aspirar al progreso cuando esa frontera desaparece.
