Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Las declaraciones de Manuel Adorni sobre los ahorros familiares “en negro” abrieron un debate que merece escapar tanto del fanatismo opositor como del reflejo automático de la defensa oficialista.
Hay una realidad que cualquier argentino conoce. Durante décadas, el Estado convirtió a los ciudadanos en víctimas de una presión fiscal confiscatoria, de regulaciones absurdas y de una inflación permanente que castigó el ahorro y el trabajo honesto. En ese contexto, millones de personas recurrieron a mecanismos informales para proteger el fruto de actividades perfectamente lícitas. Difícilmente alguien pueda erigirse en juez moral de una sociedad a la que el propio Estado empujó a la informalidad.
Si Manuel Adorni fuera simplemente un ciudadano privado, sus explicaciones hasta podrían resultar comprensibles. Incluso, si en el momento de asumir funciones públicas hubiera declarado que él y su familia habían buscado preservar sus ahorros de un Estado peronista ladrón, muchos argentinos probablemente habrían entendido esa posición. No habría sido una confesión vergonzante, sino el reconocimiento de una realidad que el propio gobierno de Javier Milei prometió cambiar.
El problema es otro.
Adorni no es un ciudadano cualquiera. Es uno de los funcionarios más importantes y visibles de esta administración. Es la voz cotidiana del Gobierno y uno de los principales portadores de un mensaje basado en la transparencia, la honestidad y la reconstrucción de la moral pública después de años de corrupción estructural.
Esa condición le impone estándares distintos.
Quien hace de la ética pública una bandera no puede pretender que las explicaciones aparezcan únicamente cuando una legislación promovida por su propio gobierno le brinda una oportunidad conveniente para regularizar una situación patrimonial. La vara que se aplica a un ciudadano común no puede ser la misma que se aplica a un alto funcionario encargado de representar esos valores.
Lo correcto habría sido declarar esos fondos desde el primer momento. Explicar su origen. Contar por qué existían. Sostener, incluso, que eran el resultado de la necesidad de proteger ahorros legítimos frente a un Estado que durante años persiguió al contribuyente y castigó el ahorro. Esa sinceridad habría sido perfectamente compatible con el discurso político que el actual oficialismo llevó al poder.
Pero esperar a un blanqueo impulsado por el propio gobierno para recién entonces admitir la existencia de esos activos es otra cosa. No se trata de una discusión legal. Puede que todo esté dentro de la normativa vigente. El problema es político y moral.
Los gobiernos no pierden credibilidad únicamente por cometer actos de corrupción. También la pierden cuando dan la impresión de que las reglas y las explicaciones oportunas son para los demás, mientras los propios encuentran el momento más conveniente para transparentar sus situaciones personales.
El presidente Milei llegó al poder prometiendo una Argentina distinta. Una Argentina donde la ley fuera igual para todos y donde la conducta de los funcionarios estuviera sometida a estándares más altos que los del ciudadano común. Esa promesa es demasiado importante para relativizarla cuando afecta a figuras centrales de su administración.
En definitiva, el problema no es que Manuel Adorni haya querido proteger sus ahorros del Estado depredador que gobernó la Argentina durante años. El problema es que haya esperado hasta ahora para contarlo, aprovechando una herramienta creada por el propio gobierno del que forma parte.
Y ahí radica la diferencia fundamental entre un ciudadano privado y un funcionario público. Al primero se le puede comprender que haya buscado proteger el fruto de su trabajo. Al segundo se le debe exigir que, desde el primer día, practique la transparencia que reclama de los demás. Porque la autoridad moral de un gobierno no se mide cuando juzga las conductas ajenas, sino cuando sus propios integrantes aceptan vivir bajo las mismas reglas —o incluso bajo reglas más estrictas— que las que pretenden imponer a la sociedad.
