Patricia Arencibia, The Post, US Correspondent

El gobierno de Israel aceleró en las últimas semanas una serie de decisiones que, según analistas y organismos internacionales, consolidan su control sobre Cisjordania y marcan un avance concreto hacia una anexión de hecho del territorio ocupado. Las medidas se adoptaron de manera unilateral y sin coordinación internacional, en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su rechazo formal a la anexión, aunque sin ejercer presión pública para frenar los pasos de Tel Aviv.

A comienzos de este mes, el gabinete de seguridad encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó en una reunión reservada nuevas disposiciones que facilitan a colonos israelíes la compra de tierras y les permiten operar por fuera de la Autoridad Palestina en zonas que, desde el acuerdo de Oslo de 1995, estaban bajo un esquema de administración compartida. La reacción fue inmediata: gobiernos árabes y referentes internacionales denunciaron la decisión como una violación del derecho internacional y un golpe a la arquitectura de seguridad construida durante décadas.

Desde la Casa Blanca se limitaron a reiterar, en términos generales, que Trump no apoya una anexión formal de Cisjordania. El propio mandatario lo reafirmó en una entrevista, aunque evitó referirse directamente al avance de los asentamientos o a las nuevas medidas israelíes. “Estoy en contra de la anexión. Tenemos suficientes asuntos en agenda como para sumar ahora Cisjordania”, dijo.

La postura, sin embargo, contrastó con la dinámica en el terreno. Tras visitar Washington la semana pasada, Netanyahu regresó a Israel y su gabinete aprobó retomar un proceso clave: la registración oficial de tierras en el denominado Área C de Cisjordania, suspendido desde 1968. Especialistas advierten que este mecanismo podría derivar en la transferencia permanente de grandes extensiones al Estado israelí bajo la figura de “tierras estatales”.

Israel sostiene desde hace años una política gradual de expansión territorial basada en el respaldo a los asentamientos y en la presencia militar permanente en la zona. Pero el paquete reciente de decisiones es visto como un salto cualitativo, en medio de una reacción internacional considerada tibia y con Washington enfocado en otros frentes, como la guerra en Gaza o la tensión con Irán.

Ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca emitieron comunicados específicos sobre la reactivación del registro de tierras. En cambio, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la medida y advirtió que el rumbo actual “socava la posibilidad de una solución de dos Estados”. Desde el organismo también señalaron que la continuidad de la ocupación y las decisiones unilaterales no solo desestabilizan la región, sino que son ilegales a la luz del derecho internacional.

El gobierno israelí, por su parte, defendió la iniciativa como un intento de “ordenar” la situación catastral en el territorio y acusó a la Autoridad Palestina de violar acuerdos previos al impulsar registros propios en zonas bajo control militar israelí. El nuevo esquema prevé que las áreas sujetas a registro se anuncien públicamente y que quienes reclamen derechos de propiedad deban probarlos bajo estándares jurídicos israelíes; de lo contrario, la tierra pasará automáticamente a manos del Estado.

Según fuentes diplomáticas, la reunión entre Trump y Netanyahu en Washington se concentró en Irán y en la situación en Gaza, sin que Cisjordania formara parte central de la agenda. Analistas y funcionarios árabes interpretan ese silencio como un factor clave: sin presión directa de Estados Unidos, consideran improbable que Israel modifique el rumbo.

Mientras tanto, la realidad en Cisjordania cambia a ritmo acelerado. En paralelo a la guerra en Gaza, se aprobaron asentamientos a niveles récord y más de 1.300 palestinos murieron en episodios vinculados a colonos o fuerzas israelíes desde el regreso de Netanyahu al poder en 2022, según datos de Naciones Unidas.

En el terreno, el temor ya no se limita a eventuales desplazamientos: muchos palestinos creen que podrían perder definitivamente la titularidad legal de sus tierras. Juristas internacionales y hasta algunos ministros israelíes que respaldaron las medidas admiten que el proceso apunta, en la práctica, a consolidar el control territorial.

Desde el ala dura del gobierno no lo ocultan. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, habló de profundizar la “presencia” israelí en todo el territorio, mientras que el viceprimer ministro y titular de Justicia, Yariv Levin, insistió en que “la Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel” y que el Ejecutivo está comprometido a reforzar ese dominio.

La coalición que sostiene a Netanyahu —que enfrenta un año electoral— incluye sectores del movimiento de colonos, una base clave de votantes que promueve abiertamente la anexión total de Cisjordania. El año pasado, el Parlamento israelí aprobó por amplia mayoría una moción simbólica en ese sentido.

Organizaciones críticas alertan que las nuevas disposiciones dejarán a los palestinos prácticamente sin herramientas legales para defender sus propiedades. El grupo israelí Peace Now denunció que el plan equivale a “una apropiación masiva” de tierras y advirtió que el registro terminará transfiriendo la mayor parte del Área C al Estado.

En paralelo, crece la presión internacional. La Unión Europea, el Reino Unido, Australia y varios países árabes e islámicos reclamaron revertir las medidas, y desde Bruselas incluso deslizaron que sanciones siguen siendo una opción posible.

El Área C representa cerca del 60% de Cisjordania y, según los acuerdos de Oslo, permanece bajo control militar israelí. El gabinete de Netanyahu estableció que en los próximos cinco años se registrará formalmente alrededor del 15% de esa superficie.

El impacto regional ya se siente. Aliados de Washington en Medio Oriente manifestaron preocupación por el riesgo de desplazamientos poblacionales y por el efecto que estas decisiones pueden tener sobre la seguridad. Cancilleres de Arabia Saudita, Jordania, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, junto con Turquía, Indonesia y Pakistán, expresaron su rechazo a cualquier intento de alterar el estatus legal, demográfico e histórico de los territorios ocupados.

Para diplomáticos y analistas, el problema central es la falta de una señal clara de Estados Unidos. “Se necesita una posición firme para evitar una escalada en Cisjordania”, admitió un exfuncionario egipcio involucrado en negociaciones recientes.

Desde Europa también admiten que la respuesta internacional fue débil. “Israel esperó para medir las reacciones y comprobó que eran vagas”, sostuvo el analista palestino Akram Atallah, quien señaló además que la administración estadounidense no ejerció presión durante el reciente encuentro entre Trump y Netanyahu.

En el plano legal, especialistas advierten que los requisitos exigidos por Israel para acreditar propiedad son extremadamente difíciles de cumplir para la población palestina. Incluso quienes poseen documentos temen perder tierras heredadas durante generaciones.

Ese es el caso de Kamal Jaradat, agricultor de 54 años, propietario de parcelas en el Área C donde durante décadas se cultivaron olivos y almendros. Cada intento reciente de retomar la producción, cuenta, terminó con árboles arrancados por colonos. Lleva más de veinte años intentando que tribunales israelíes reconozcan sus títulos sin éxito.

“Tenemos escrituras que vienen de mi abuelo y de su padre antes que él. Pero el control legal israelí hace que perdamos todo: la tierra y el sustento”, lamenta.

Abogados de derechos humanos sostienen que el proceso de registro excluye de hecho a muchos palestinos: desde quienes viven en la diáspora y no pueden presentarse físicamente hasta aquellos que nunca tuvieron acceso a documentación formal.

“Existe la idea de que la anexión solo ocurre con ceremonias y declaraciones históricas”, explica el jurista Michael Sfard. “Pero también puede avanzar de manera burocrática, en oficinas sin ventanas y sin grandes anuncios. Eso es lo que está pasando”.

Según Sfard, la dinámica pasa casi inadvertida para la diplomacia global. “Trump dice que no quiere la anexión y probablemente sea cierto. El problema es que tal vez no advierte que, en la práctica, ya está ocurriendo”.

Si querés apoyar a The Post Argentina, podés hacerlo desde aquí.