Patricia Arencibia, The Post, US Correspondent
Washington DC, Feb. 14, 2026.- En medio de una nueva pulseada política en el Capitolio, Estados Unidos atraviesa por estas horas un “semi-shutdown”: no se trata de un cierre total del gobierno federal, pero sí de una parálisis parcial que afecta especialmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a varias de sus agencias clave.
La situación se desató tras el vencimiento de los fondos para esa cartera y el fracaso de las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso, donde demócratas y republicanos volvieron a chocar por la política migratoria y el rol de las agencias federales de control.
Un cierre parcial, no total
A diferencia de otros episodios históricos, la mayor parte del Estado federal sigue funcionando con presupuesto aprobado hasta septiembre. El bloqueo impacta sobre todo en áreas vinculadas a seguridad interna: TSA, FEMA, Guardia Costera y otras dependencias del DHS, mientras que operaciones consideradas críticas continúan activas.
Miles de empleados deben seguir trabajando sin cobrar —entre ellos, personal de seguridad aeroportuaria— para evitar disrupciones mayores, aunque ya se advierte que, si el conflicto se prolonga, podrían aparecer demoras en vuelos y servicios.
La raíz del conflicto: inmigración y uso de la fuerza
El detonante político del bloqueo es el desacuerdo por reformas al sistema de control migratorio. Legisladores demócratas exigen nuevas restricciones y supervisión sobre operativos federales, especialmente tras incidentes con víctimas fatales que generaron controversia nacional.
Republicanos, en cambio, denuncian que se trata de un bloqueo político que pone en riesgo la seguridad nacional y sostienen que las agencias deben seguir operando con mayor margen.
El resultado: una negociación trabada, acusaciones cruzadas y un Congreso que incluso entró en receso sin resolver el financiamiento, lo que hace prever que la situación se extienda al menos varios días más.
Impacto real: más simbólico que sistémico (por ahora)
Aunque el término “shutdown” genera alarma, el alcance es limitado en esta etapa. Cerca del 90% del personal del DHS continúa trabajando bajo esquemas de emergencia y el resto del gobierno federal sigue financiado.
Sin embargo, el clima político es el de una crisis persistente: es el tercer episodio de parálisis presupuestaria desde la reelección de Donald Trump y refleja un sistema legislativo cada vez más fragmentado, donde la negociación fiscal queda atrapada en debates ideológicos más amplios.
Washington, en modo desgaste
En los pasillos del Capitolio la sensación dominante no es de emergencia inmediata, sino de desgaste crónico. Funcionarios, asesores y legisladores admiten en privado que estos cierres parciales ya forman parte de la dinámica política estadounidense: sirven para presionar, fijar agenda y medir costos electorales.
Mientras tanto, para los ciudadanos el efecto es ambiguo: el Estado no se detiene, pero tampoco funciona con normalidad. Y en un año preelectoral, cada nuevo “semi-shutdown” deja en evidencia que la principal batalla no es presupuestaria, sino política.
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