Luis Pedro López Bosch, The Post, Corresponsal en Europa
Davos, Suiza Enero, 2026.- En Suiza -donde a fines de enero se reunió la élite política y económica global en el Foro Económico Mundial- un abogado argentino intentó instalar en la agenda internacional un tema que rara vez logra protagonismo en esos ámbitos: el de las víctimas de regímenes autoritarios y organizaciones terroristas.
El penalista Roberto Durrieu presentó allí la Foundation for International Victims (FIV), una organización creada junto a otros juristas con trayectoria internacional que apunta a impulsar denuncias por violaciones a los derechos humanos y promover la reparación económica de quienes sufrieron persecuciones políticas o étnicas. La exposición tuvo lugar en el capítulo Africa Connection del foro.
La fundación se propone monitorear, denunciar y accionar judicialmente frente a violaciones de tratados internacionales y derechos humanos, con la idea de que la justicia pueda alcanzar a las víctimas incluso cuando los responsables permanecen en el poder en sus países de origen.
Un actor del “tercer sector” en un terreno dominado por Estados
En su intervención, Durrieu planteó que el avance de organizaciones no estatales en la defensa jurídica internacional es una tendencia creciente. “Hoy en día las fundaciones con buenos e inteligentes objetos pueden más que anquilosadas estructuras burocráticas estatales”, sostuvo.
La estrategia de la FIV combina litigio internacional, trabajo de investigación y búsqueda de activos obtenidos ilegalmente por dirigentes o estructuras de poder acusadas de crímenes graves. La organización apunta especialmente a comunidades perseguidas por dictaduras o por grupos armados con control territorial.
Denuncias contra dictaduras y organizaciones armadas
Según detalló el propio Durrieu, la fundación ya impulsó presentaciones contra gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua, Myanmar y Siria, además de acciones vinculadas a organizaciones terroristas como Hamás. También se encuentra bajo análisis el caso de Yemen, donde distintas milicias controlan zonas del territorio y son acusadas de abusos sistemáticos contra la población civil.
Uno de los expedientes más avanzados es una querella por violaciones a los derechos humanos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, que incluye un capítulo orientado al recupero de activos presuntamente desviados a través de sociedades pantalla y testaferros. La estimación preliminar habla de unos 3.000 millones de dólares, fondos que la organización busca repatriar para destinarlos a la reparación de víctimas.
Jurisdicción universal como herramienta
Las causas promovidas por la FIV se tramitan en instancias internacionales —como la Corte Penal Internacional de La Haya— y también en tribunales locales de distintos países que aplican el principio de jurisdicción universal. Este criterio jurídico permite investigar y juzgar delitos como genocidio o crímenes de lesa humanidad aun cuando hayan sido cometidos fuera del territorio del país que interviene.
“Se trata de delitos de lesa humanidad, contra minorías políticas y culturales”, explicó el abogado. Y agregó que el objetivo es romper la impunidad de quienes ejercen el poder estatal o paraestatal para perpetrar esos crímenes.
En diálogo con The Post, el Dr. Durrieu dijo que “estos aberrantes crímenes son cometidos por los propios poderes políticos dictatoriales de cada país, razón de sobra para invocar la jurisdicción universal y avanzar con su denuncia y persecución”.
La apuesta: justicia sin fronteras
En el clima hiperfinanciero de Davos —donde suelen dominar los debates sobre crecimiento, tecnología o inversiones— la presentación de la FIV buscó posicionar la idea de que el litigio internacional puede convertirse en un instrumento real de presión política y reparación económica.
La organización pretende ocupar ese espacio intermedio entre diplomacia y justicia penal, apostando a que el “tercer sector” tenga un rol creciente en la defensa de derechos humanos en un escenario global donde los Estados, muchas veces, son parte del problema.
Para Durrieu, el objetivo final es claro: construir un esquema donde la justicia no dependa de fronteras ni equilibrios de poder, y donde las víctimas encuentren representación incluso cuando sus propios países no pueden —o no quieren— dársela.
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