Natalia Schneider, The Post, Politica/Economía
El Gobierno decidió avanzar con una versión más negociada de la reforma laboral con una meta clara: que la ley esté aprobada antes del 1° de marzo y enviar una señal de estabilidad a los mercados. Para lograrlo, aceptó cambios de peso en el proyecto original y rearmó el texto con concesiones a gobernadores, sindicatos, empresas y sectores de la oposición dialoguista.
La reescritura fue profunda: cerca de 30 artículos se modificaron y tres directamente se eliminaron. El resultado es un dictamen más pragmático que el inicial, con retrocesos en algunos puntos y ajustes en otros para asegurar votos en el Congreso.
Uno de los cambios más relevantes es que se descartó la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales. El nuevo artículo 35 deja en claro que los bancos seguirán teniendo un rol central en la operatoria, luego de una fuerte presión del sector financiero.
También se reformuló el capítulo vinculado a enfermedades y accidentes. El texto ahora establece que, cuando la imposibilidad de trabajar no esté relacionada con la tarea laboral, el empleado podrá cobrar hasta el 50% de su sueldo si la situación fue consecuencia de una actividad voluntaria. Además, se incorporaron artículos que regulan la notificación de la enfermedad, los controles médicos y la posibilidad de que el empleador designe profesionales o convoque juntas médicas en caso de desacuerdos.
En materia de despidos, el proyecto mantiene la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes patronales que antes se destinaban a la Anses. Pero ya no habrá una alícuota uniforme: las grandes empresas aportarían el 1% y las pymes el 2,5%. El esquema contempla, además, la posibilidad de aumentar esos porcentajes en medio punto si fuera necesario para sostener la meta fiscal.
El Gobierno también retrocedió en varios puntos que impactaban sobre el financiamiento sindical. Se mantendrá el aporte a las obras sociales sin reducción y continuará vigente la cuota sindical obligatoria, aunque con límites: tendrá un tope del 2% del salario y regirá por dos años. Para las cámaras empresarias, el máximo será del 0,5%. Además, las empresas seguirán actuando como agentes de retención de esos aportes, sin necesidad de autorización previa del trabajador.
Otra concesión clave fue hacia las provincias. Se dio marcha atrás con la reducción del impuesto a las ganancias para sociedades en los tramos intermedios y altos, una medida que los gobernadores rechazaban por su impacto en la coparticipación. Sí se mantiene, en cambio, la eliminación de impuestos internos para bienes considerados suntuarios, como autos de alta gama, embarcaciones y ciertos dispositivos de comunicación.
En el plano judicial, el texto insiste con la idea de transferir la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito porteño, aunque ahora contempla una implementación gradual y abre la puerta a una reorganización progresiva del sistema, sin tocar competencias federales.
El financiamiento del cine también fue objeto de revisión. La eliminación del fondo que sostiene al sector se postergó hasta el 1° de enero de 2028. Ese esquema se nutre de gravámenes sobre entradas de cine, videogramas y una porción de la recaudación del Enacom, y en la versión original iba a desaparecer de inmediato.
Por último, la reforma mantiene la derogación de cinco estatutos laborales, pero fija un plazo de seis meses desde la sanción de la ley para que entre en vigencia. En el caso del estatuto del periodista profesional, se ratifica la intención de eliminar el artículo vinculado a despidos una vez implementado el nuevo régimen.
Con este rediseño, el oficialismo busca un equilibrio entre su objetivo de flexibilizar normas laborales y la necesidad política de sumar apoyos. La versión final del proyecto muestra menos ruptura y más negociación: una reforma más acotada que la inicial, pero con mayores chances de convertirse en ley.
Si querés apoyar a The Post Argentina, podés hacerlo desde aquí.
