Natalia Schneider, The Post, Economía
Sin acuerdo aún con las provincias por el impacto de la rebaja del Impuesto a las Ganancias, el Gobierno evalúa retirar el capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral para facilitar su aprobación en el Senado y abordar la discusión impositiva en una ley específica más adelante.
La sesión está convocada para este miércoles a las 11 y el oficialismo continúa negociando cambios con bloques dialoguistas para asegurar los votos necesarios. La estrategia que se impone en las conversaciones es separar los temas: avanzar con la reforma laboral y descomprimir el frente fiscal, hoy trabado por la resistencia de los gobernadores.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), insistió en que existe un acuerdo avanzado y se mostró confiada en llegar al recinto con un texto consensuado. Durante la tarde del lunes encabezó una reunión de casi tres horas con representantes de la oposición dialoguista para pulir modificaciones.
Aunque evitó confirmar definiciones públicamente, fuentes legislativas señalaron que, si no prospera un entendimiento con las provincias, el Gobierno optaría por retirar del proyecto el artículo que reduce en un 3% el Impuesto a las Ganancias para empresas. La intención no sería resignar la medida, sino trasladarla a un debate impositivo integral en otra iniciativa legislativa.
La disputa es significativa: la rebaja implicaría resignar cerca de 3 billones de pesos de un tributo coparticipable, lo que explica la resistencia de los gobernadores en un contexto de caída de la recaudación.
“Esta es una reforma laboral; no tiene sentido condicionarla por una discusión fiscal que el Gobierno podrá dar más adelante con leyes específicas”, explicó uno de los participantes del encuentro realizado en el bloque radical, reflejando el criterio pragmático que hoy predomina en las negociaciones.
De la reunión participaron, además de Bullrich, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), Mariana Juri (Mendoza), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán). También estuvieron Martín Goerling (Pro), Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones) y la radical Edith Terenzi (Chubut).
Silencio y negociaciones abiertas
El encuentro se extendió por casi tres horas y concluyó sin declaraciones públicas de fondo. Los senadores se limitaron a señalar que hubo avances en la redacción de los cambios, pero admitieron que la negociación continuará este martes e incluso podría prolongarse durante la propia sesión del miércoles.
Para hoy a las 14 está prevista una reunión de Labor Parlamentaria destinada a ordenar la dinámica del debate. En el oficialismo, además, observan con atención el rol que asumirá la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien algunos sectores ven molesta por haber quedado al margen de las conversaciones políticas.
En ese contexto, temen que adopte una postura estrictamente reglamentaria y avale los planteos del kirchnerismo, que buscará hacer cumplir el reglamento del Senado en cada instancia y estirar el debate. Consciente de que no tiene los números para frenar la iniciativa, la bancada que conduce José Mayans apostaría a dilatar el tratamiento.
Cambios al proyecto
En paralelo a la discusión fiscal, el oficialismo y sus aliados avanzan en modificaciones concretas al texto laboral. Entre las confirmadas figura la eliminación del artículo 212, que otorgaba al ministro de Economía, Luis Caputo, amplias facultades para definir cuándo comenzarían a regir los beneficios fiscales previstos.
También se descarta la derogación automática de varios estatutos profesionales, como el del periodista y el del viajante de comercio. En su lugar, se establecería un período de transición —de entre seis meses y un año— para permitir la negociación de nuevos convenios.
Otro punto que el Gobierno habría aceptado modificar es la eliminación del artículo que habilitaba el pago de salarios mediante billeteras virtuales, una facultad que seguiría reservada exclusivamente a las entidades bancarias.
Por último, si bien algunos senadores plantearon revisar la lista de actividades que el Ejecutivo pretende declarar esenciales —lo que obligaría a garantizar al menos el 45% del servicio durante una huelga—, hasta ahora no hubo avances en ese frente.
Con este escenario, el oficialismo apuesta a destrabar la aprobación de la reforma laboral separando el conflicto impositivo y posponiendo esa discusión para un proyecto específico. La prioridad política inmediata es clara: asegurar la sanción de la ley sin que la tensión fiscal con las provincias termine empantanando el debate en el Senado.
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