Carlos Mira, The Post, Editorial
La muerte del joven granadero en la Quinta de Olivos no sólo expone una tragedia personal desgarradora: también desnuda, con crudeza, las consecuencias de años de negación política, de militancia mediática irresponsable y de un sistema penitenciario descontrolado.
Cuando ocurrió el suicidio, parte del periodismo militante kirchnerista se apuró a instalar una explicación cómoda y funcional: el muchacho se había quitado la vida porque la plata no le alcanzaba. El relato era perfecto para el clima político del momento. Simple, ideologizado, utilizable.
Hoy, gracias a la actuación judicial de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la verdad es otra. Mucho más compleja, y mucho más perturbadora.
El joven fue víctima de una banda criminal que operaba con teléfonos celulares desde cárceles bonaerenses. Había conocido a una chica a través de una aplicación de citas. La mujer era utilizada como señuelo para enganchar víctimas. Poco después comenzaron los llamados: primero, una supuesta madre que lo amenazaba con denunciarlo por corrupción de menores, alegando que su “hija” era menor de edad. Luego, supuestos policías —que en realidad eran delincuentes presos, con acceso a teléfonos celulares— que lo extorsionaban para que transfiriera dinero a cambio de no elevar el caso a la Justicia.
Las presiones se volvieron insistentes, constantes, asfixiantes. El granadero estaba solo en Buenos Aires, lejos de su familia, sometido a una presión moral y económica insoportable. Y se suicidó.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿cuándo va a entender el peronismo kirchnerista que gobierna la provincia de Buenos Aires que los presos no pueden tener celulares?
¿Es tan difícil comprender que un delincuente -incluida, obviamente, la condenada Kirchner, no puede seguir operando desde la cárcel como si estuviera en su casa? ¿Es tan difícil cortar de raíz un sistema de extorsión que funciona, literalmente, desde adentro del Estado?
Porque de eso se trata: no es un caso aislado. Es un mecanismo. Es una industria criminal sostenida por la desidia política, la complicidad administrativa y una mirada ideológica que parece más preocupada por los “derechos” del victimario que por la protección del ciudadano común.
Después se indignan cuando aparece un Bukele con soluciones extremas. ¿Y qué pretenden? ¿Seguir mirando para otro lado mientras las bandas siguen operando y la gente honrada vive con miedo? ¿Seguir tolerando que las cárceles sean centros de comando del delito?
Si están del lado de los delincuentes, díganlo de frente. Pero además, no manden a su militancia periodística a instalar relatos falsos para encubrir responsabilidades políticas. No fue la economía la que empujó a ese chico al suicidio: fue una banda criminal que lo extorsionó desde la cárcel con teléfonos que nunca debieron estar ahí.
La discusión de fondo es incómoda, pero imprescindible. El sistema penitenciario bonaerense está roto. Los presos tienen acceso a celulares. Y con esos celulares estafan, amenazan, organizan delitos y destruyen vidas.
Paren con el ejercicio de la hipocresía hija de puta: QUITEN LOS CELULARES DE LAS CÁRCELES YA!!!!!
Porque cada día que pasa sin hacerlo no es neutral. Es una decisión política. Y sus consecuencias son concretas: más delitos, más víctimas, más familias destruidas.
Basta de proteger criminales. Porque la conclusión, cuando el Estado mira para otro lado, es demasiado obvia: alguien está priorizando al delincuente por sobre el ciudadano. Y eso, solo puede indicar que el “benefactor” es de la misma calaña, que el criminal.
Ni siquiera hace falta poner tanto control sobre los celulares -que es mucho mas dificil-. Con instalar inhibidores de señal se acabo el tema. El problema es que no hay voluntad de hacerlo.