Chris Dixon, para The Post
Washington DC, Ene 27, 2026.- En medio de un clima político inflamado por dos tiroteos mortales en Minneapolis en contextos de operaciones de inmigración, el presidente Donald Trump ha intensificado su retórica contra gobiernos estatales y locales de signo demócrata, acusándolos de no ayudar a las fuerzas federales de inmigración y, por ende, de contribuir al aumento de la violencia y la desobediencia civil en varias ciudades del país.
Desde su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump ha señalado directamente al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por su resistencia a facilitar el accionar de agentes de inmigración federales como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la Patrulla Fronteriza. Según el mandatario, esta falta de cooperación ha creado “un terreno propicio para el caos” y ha impedido que las autoridades federales actúen con eficacia para controlar lo que califica de “ilegalidad y peligro público”.
“La violencia y el desorden que estamos viendo no serían posibles sin la actitud obstructiva de estos líderes”, escribió Trump, agregando que el Gobierno espera que “hagan lo correcto” y colaboren formalmente con la aplicación de leyes migratorias federales.
Tensión tras tiroteos y respuesta federal
La acusación de Trump se produce en el marco de fuertes tensiones en Minneapolis tras dos tiroteos en los que agentes federales —ICE o la Patrulla Fronteriza— dispararon mortalmente en el contexto de operativos contra inmigración irregular. Estos hechos han generado una protesta social creciente y críticas incluso dentro del propio Partido Republicano, que cuestionan las tácticas de las agencias federales.
La administración ha defendido su estrategia como parte de un esfuerzo por hacer cumplir la ley migratoria y deportar a quienes están ilegalmente en el país, pero también ha encendido el debate político en torno al rol que deben jugar las jurisdicciones que se consideran “ciudades santuario” —es decir, aquellas que limitan su cooperación con las autoridades federales.
Cooperación intergubernamental como punto de conflicto
La crítica del presidente se centra en que, a su entender, la falta de colaboración de gobiernos demócratas no solo dificulta la captura y deportación de migrantes indocumentados, sino que también habría generado “vacíos de seguridad” que derivan en enfrentamientos con manifestantes y ciudadanos. Trump ha exigido que las autoridades locales “entreguen” a las personas indocumentadas encontradas en su jurisdicción para su procesamiento federal, acusando a los demócratas de priorizar políticas que, según él, debilitan el Estado de derecho.
El vicepresidente JD Vance ha amplificado esta narrativa desde Minneapolis, responsabilizando tanto a los activistas como a los líderes locales de Minnesota por el supuesto incremento de violencia y por obstaculizar los operativos federales.
Respuesta de los líderes demócratas
Por su parte, funcionarios demócratas han rechazado las acusaciones como una estrategia política para desviar la atención de las críticas por el uso excesivo de la fuerza y por la falta de transparencia en las operaciones, señalando que las tensiones derivan justamente de la respuesta agresiva de las agencias federales en comunidades que no cuentan con apoyo local para esas tácticas. Algunos estados —como Minnesota— incluso han iniciado acciones legales o han ofrecido recolectar evidencia ciudadana para desafiar prácticas de ICE que consideran inconstitucionales.
Además, el Departamento de Justicia emitió recientemente subpoenas contra el gobernador y otros funcionarios de Minnesota en el marco de una investigación penal por su oposición al despliegue federal, lo que añade una capa más de confrontación entre la Casa Blanca y las autoridades demócratas locales.
Un tema con alto impacto político
La disputa por la cooperación intergubernamental en materia migratoria no es nueva, pero ha cobrado una dimensión central en la campaña política previa a las elecciones de medio término de 2026. Trump y sus aliados han posicionado la inmigración y la seguridad interna como ejes de su agenda, mientras que los demócratas acusan al Gobierno de instrumentalizar los operativos para polarizar y criminalizar a comunidades inmigrantes en territorios tradicionalmente opositores.
Desde Washington, la tensión entre niveles de gobierno se ha convertido en un reflejo de la amplia fractura política que atraviesa a Estados Unidos, donde conceptos como “seguridad fronteriza”, “derechos civiles” y “cooperación institucional” compiten por definir el rumbo de la política migratoria nacional.
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