Carlos Mira, The Post, Editorial
Hay ideas que no envejecen bien. No porque el tiempo las vuelva obsoletas, sino porque al ser llevadas a la práctica revelan contradicciones que su formulación teórica intenta disimular. El comunismo es, probablemente, uno de los ejemplos más contundentes de ese fenómeno. No tanto por su fracaso económico —ampliamente documentado— sino por una tensión más profunda: su incompatibilidad estructural con el principio de propiedad privada, piedra angular de las democracias liberales modernas.
En su formulación clásica, el comunismo parte de una premisa tan simple como radical: el producto del trabajo no debe pertenecer a quien lo genera, sino ser apropiado colectivamente y redistribuido por una autoridad central. La teoría se presenta como un acto de justicia social; en la práctica, implica la expropiación forzada del fruto del esfuerzo ajeno. Dicho sin eufemismos: se trata de un sistema que legitima el despojo como virtud política.
Desde una perspectiva jurídica, el problema es aún más profundo. En países como la Argentina, donde la Constitución reconoce la propiedad privada como un derecho inviolable (artículo 17), el acto de quitarle a una persona lo que produjo sin su consentimiento no es una política pública: es un delito. La pregunta entonces surge casi naturalmente: ¿cómo puede un sistema cuya finalidad última es abolir la propiedad privada coexistir dentro de un orden constitucional que la protege expresamente?
La paradoja es evidente. El comunismo no propone reformar el sistema de propiedad, sino eliminarlo. No busca regular la acumulación, sino abolirla. Y para lograrlo, necesita exactamente aquello que dice combatir: el uso concentrado del poder. Porque nadie entrega voluntariamente el fruto de su trabajo; debe ser arrebatado mediante la coerción estatal.
Aquí aparece el núcleo del dilema: si una Constitución declara inviolable la propiedad, ¿no debería considerar ilegítima —cuando no delictiva— a una doctrina cuyo objetivo explícito es violarla? En cualquier otro ámbito, promover una acción contraria al orden constitucional sería causal de ilegalidad. Sin embargo, el comunismo goza de una excepción cultural: se lo tolera como “idea política”, aun cuando su aplicación histórica haya requerido siempre la suspensión de libertades básicas.
La ironía es aún mayor si se observa el uso que el comunismo hace de la libertad de expresión. En sociedades abiertas, sus defensores pueden manifestarse, organizarse y difundir su ideología sin restricciones. Lo hacen al amparo del mismo sistema jurídico que, de triunfar su propuesta, sería eliminado. Porque allí donde el comunismo se consolidó, la libertad de expresión fue una de las primeras víctimas: prensa única, pensamiento único, disidencia criminalizada.
Es decir, el comunismo se beneficia de derechos que no reconoce como legítimos. Reclama pluralismo para predicar una doctrina que, una vez en el poder, elimina el pluralismo. Utiliza la libertad para promover un sistema que la considera burguesa, prescindible o directamente peligrosa.
Esto no es una discusión teórica. Es una cuestión de coherencia institucional. Si una sociedad define que la propiedad privada es un derecho fundamental —no por capricho, sino porque de ella dependen la autonomía individual, la responsabilidad y la libertad económica—, entonces cualquier doctrina que tenga como fin explícito su abolición entra en conflicto directo con el orden constitucional.
El punto no es prohibir ideas por disgusto ideológico. El punto es reconocer que no todas las ideas son neutras respecto del marco legal que las alberga. Algunas lo cuestionan; otras lo niegan de raíz. Y cuando una doctrina propone sistemáticamente la violación de derechos fundamentales, la discusión deja de ser filosófica para volverse jurídica.
Paradójicamente, es la democracia liberal la que permite esta discusión. Es el sistema que acepta ser criticado, incluso por quienes desean destruirlo. Pero esa tolerancia no debería confundirse con ingenuidad. La historia demuestra que los sistemas que renuncian a defender sus propios principios en nombre de una tolerancia ilimitada terminan perdiéndolos todos.
Tal vez haya llegado el momento de formular la pregunta incómoda: ¿hasta qué punto una república constitucional puede seguir considerando legítima una ideología cuyo objetivo final es suprimir los derechos que la sostienen? No para censurar opiniones, sino para dejar de fingir que todas las ideas son compatibles con la libertad.
Porque no lo son. Y la historia —una y otra vez— se ha encargado de recordarlo.
