Carlos Mira, The Post, Editorial
En la Argentina existe una paradoja política tan persistente como reveladora: los líderes que más adhesión generan suelen ser aquellos que concentran poder, mientras que quienes intentan devolverlo —o al menos no acumularlo— suelen provocar desconfianza, incomodidad o indiferencia. Esta tensión no es meramente coyuntural ni partidaria. Es cultural. Habla menos de los políticos que de la relación histórica que la sociedad argentina mantiene con la idea misma de poder.
A simple vista, podría suponerse que un país marcado por crisis recurrentes, abusos estatales y frustraciones económicas valoraría especialmente a los dirigentes que se autoimponen límites. Sin embargo, ocurre lo contrario. El político que promete “ordenar”, “poner autoridad” o “hacerse cargo de todo” suele despertar más entusiasmo que aquel que propone descentralizar decisiones, reducir el peso del Estado o devolver autonomía a los individuos. La concentración de poder, aunque se critique en abstracto, genera una forma particular de alivio: alguien más decide, alguien más se equivoca, alguien más carga con la responsabilidad.
Cuando, de manera excepcional, el Estado o el presidente se desempoderan —ya sea reduciendo su intervención o retirándose de ciertos ámbitos— el efecto inmediato no suele ser la expansión de la libertad, sino la parálisis. Los individuos no se lanzan a ocupar el espacio liberado. No aparece una marea espontánea de iniciativa, creatividad o riesgo. Lo que aparece es la espera. Una espera densa, silenciosa, casi desconfiada. Como si el poder devuelto fuera algo inestable, provisorio, o incluso peligroso.
Esta actitud se refleja con claridad en el mundo empresarial argentino. Aunque el discurso dominante suele reclamar menos Estado, en la práctica muchos prefieren un poder central fuerte con el cual negociar. El Estado omnipresente es, paradójicamente, más previsible que la libertad plena. Permite excepciones, favores, atajos. Permite “rosquear”. La autonomía real, en cambio, exige competir sin red, asumir errores y aceptar que el resultado depende más de uno mismo que de la cercanía al poder. Y eso incomoda.
En este punto, la Argentina reciente introduce una aparente contradicción. A diferencia de lo que ocurrió durante décadas, un dirigente que prometió explícitamente reducir el poder del Estado fue premiado electoralmente. Javier Milei generó épica, despertó fervor, encarnó autoridad y canalizó un hartazgo profundo frente al estatismo. En ese sentido, parecería desmentir la idea de que el político que se desempodera no puede ser popular.
Pero el fenómeno es más complejo. Porque aunque Milei haya sido votado por su promesa de achicar el Estado, eso no se tradujo automáticamente en una sociedad dispuesta a ejercer el poder recuperado. El liderazgo fue validado; la autonomía, no. No hubo una explosión generalizada de iniciativa privada ni una transformación cultural inmediata. La reacción dominante volvió a ser la espera. Como si la sociedad dijera: “Está bien, sacá al Estado… pero decime ahora qué hago”.
Esto revela una tensión profunda: se puede votar contra el poder concentrado sin estar preparado para asumir el poder propio. La épica del cambio funciona, muchas veces, como sustituto de la responsabilidad que ese cambio implica. Se celebra al líder que promete retirarse, pero se espera que siga ahí, ordenando, conteniendo, sosteniendo el marco.
En el fondo, el problema no es político sino cultural. El poder distribuido exige madurez, tolerancia al error y una ética de la responsabilidad individual que no se construye de un día para el otro. En cambio, el poder concentrado ofrece una comodidad psicológica: alguien más se ocupa. Incluso cuando se lo critica, se lo necesita.
Por eso, cuando un político afirma que “el poder debe estar en el Estado”, rara vez se percibe lo que realmente está diciendo: que el poder debe estar en él. El Estado no es una abstracción neutral; es un conjunto de personas que deciden, asignan recursos y definen límites. Delegar poder en el Estado no es eliminarlo, sino concentrarlo. Y, paradójicamente, muchos prefieren esa concentración antes que la intemperie de la libertad.
La Argentina parece atrapada en esa contradicción. Desconfía del poder, pero no termina de animarse a ejercerlo. Rechaza la tutela, pero se siente insegura sin ella. Celebra al líder que promete correrse, pero no avanza cuando el espacio queda vacío.
Y tal vez ahí esté el núcleo del problema: no en los políticos que acumulan poder, sino en una sociedad que todavía no termina de creer que puede sostenerlo por sí misma. Porque el verdadero desafío no es quitarle poder al Estado, sino animarse a tomarlo. Y eso —mucho más que votar distinto— exige una transformación cultural profunda: dejar de esperar que alguien más tire la primera piedra y aceptar, de una vez, que la libertad no se delega sin consecuencias.
