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Trump promete explotar y vender el petróleo de Venezuela a precio de mercado: cómo sería el plan de EE.UU. para controlar el crudo venezolano

Natalia Schneider, The Post, Economía

Washington DC, Ene 6, 2026.- Donald Trump ha enlazado en las últimas jornadas la intervención política y militar en Venezuela con un plan explícito para sacar partido económico —y energético— de las vastas reservas petroleras del país. En declaraciones públicas y en redes, el presidente aseguró que Washington obtendrá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano “a precio de mercado”, que serán refinados y vendidos, y que los ingresos estarán bajo control estadounidense para “beneficiar al pueblo de Venezuela y a Estados Unidos”. 

La fórmula anunciada combina tres ejes: 1) control directo sobre la gestión del país durante una “transición” que, según Trump, exigirá que Estados Unidos “gobierne” temporalmente Venezuela; 2) la movilización de empresas energéticas —especialmente norteamericanas— para revitalizar infraestructura deteriorada; y 3) la disposición a desviar volúmenes de crudo que actualmente abastecen a otros compradores (en particular China) hacia refinadores y mercados ligados a EE. UU. como acción inicial. Estas líneas figuran tanto en ruedas de prensa como en mensajes presidenciales difundidos en las últimas 72 horas. 

Desde el punto de vista jurídico y logístico, la operación que describe la Casa Blanca presenta obstáculos notables. Aunque Trump habló de “barriles varados” en Venezuela que pueden ser desbloqueados por un bloqueo o por acuerdos temporales, la remoción de activos, contratos y la reapertura de refinerías dañadas requieren acuerdos con empresas, seguros, y cambios regulatorios complejos. Además, la idea de que los ingresos de la venta de petróleo queden “controlados por el presidente” choca con marcos internacionales sobre soberanía, propiedad estatal de recursos y mecanismos de supervisión que exigen transparencia para evitar el desvío de fondos. 

En los mercados la reacción fue inmediata y volátil: el simple anuncio de acceso estadounidense a crudo venezolano disparó expectativas sobre la oferta disponible y provocó movimientos en las cotizaciones y en las acciones de las petroleras. Analistas advierten, sin embargo, que el efecto sobre los precios a mediano plazo será limitado si la integración operativa —reparación de yacimientos, logística de exportación y acuerdos de refinación— no se concreta con rapidez. Es decir: promesa política ≠ suministro instantáneo. 

Políticamente, la estrategia persigue varios objetivos: debilitar la dependencia energética de aliados de Venezuela, atraer inversiones norteamericanas con grandes contratos de reconstrucción, y presentar ante la opinión pública un “retorno” tangible de recursos para financiar la transición y compensar los costos de cualquier intervención. Pero también abre interrogantes sobre la recepción internacional —especialmente en América Latina y entre compradores actuales del crudo venezolano— y sobre posibles sanciones secundarias o contrapresiones que algunos países podrían aplicar. 

Desde Caracas, las reacciones han sido de rechazo y de alarma; fuentes oficiales y actores vinculados al chavismo hablan de una usurpación y de una agresión dirigida a la soberanía nacional, mientras que gobiernos y mercados evalúan las implicancias prácticas. Para que la propuesta de Trump pase de declaración a realidad sería necesario —además de la capacidad militar y administrativa que el propio presidente mencionó— diseñar mecanismos legales y financieros que permitan vender crudo internacionalmente sin invalidar contratos vigentes ni provocar litigios masivos. 

En resumen, el anuncio presidencial —vender 30–50 millones de barriles “a precio de mercado” y controlar los ingresos— pone el foco en el petróleo como palanca económica y geopolítica. La génesis de la medida es clara: usar la posición de fuerza para reconfigurar flujos de energía y capital. Su materialización, en cambio, enfrenta retos técnicos, legales y diplomáticos de magnitud, por lo que su impacto real dependerá tanto de decisiones políticas próximas como de la capacidad de Estados Unidos para ejecutar una logística energética que hoy está muy lejos de ser automática.  

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