THE POST

Ayer lo comentábamos aquí mismo: si la reforma laboral lograba abrirse camino en el Congreso, la Argentina iba a hacer lo que mejor sabe hacer cuando no puede frenar algo por votos: judicializarlo. No por amor a la República, no por apego a la Constitución, no por la defensa desinteresada del “derecho laboral de miles de argentinos” —esa frase que suena noble hasta que uno recuerda quién la pronuncia—. Judicializarlo como técnica. Como maniobra. Como el equivalente institucional de tirar la pelota a la tribuna cuando te están metiendo un gol.

Hoy José Mayans lo dijo sin maquillaje, con esa sinceridad brutal que a veces se les escapa cuando se les corre la línea: “Si así inician un debate (…) esto va derecho a los tribunales”.  

En una democracia saludable, ir a la Justicia es una garantía. En la democracia argentina, ir a la Justicia es —demasiado seguido— un método de administración del tiempo. Un recurso para convertir una discusión política en un expediente, y un expediente en un pantano. Porque el secreto no es “ganar” en Tribunales: el secreto es demorar. Hacer que el costo de implementar sea tan alto, tan incierto, tan judicialmente minado, que el Ejecutivo se canse, el Congreso se desgaste y la sociedad se aburra. Y en el aburrimiento argentino, los corporativos juegan de local.

Lo interesante (y lo cínico) es que esta amenaza no aparece por un escándalo de contenido. No es que descubrieron, de golpe, una cláusula monstruosa que viola derechos humanos. La amenaza aparece por la cocina del procedimiento, por la conformación de comisiones: Mayans impugnó el armado y apuntó a la designación de Patricia Bullrich al frente de Trabajo y Previsión Social.  

Es decir: cuando el peronismo no controla la palanca, pasa a denunciar que la palanca es ilegítima.

Y ahí entra Bullrich, que hoy jugó un papel tan obvio que casi resulta pedagógico. No vino a filosofar sobre el contrato social. Vino a operar. Presidir, ordenar, acelerar, marcar el ritmo, apurar la votación, fijar cronogramas, cerrar acuerdos con bloques “dialoguistas” para repartir lugares en comisión y dejar al peronismo con menos margen de bloqueo.  

La escena, según se reconstruye, tuvo de todo: gritos, un Mayans desatado denunciando atropello (“hacen lo que se les canta…”), y Bullrich exigiendo que se proceda, tratando de que la formalidad tape el barullo.  Y después, el dato que completa el retrato del día: Bullrich ganó la presidencia de Trabajo a mano alzada, pero perdió su primera interna en el oficialismo ampliado cuando Atauche resistió y siguió al frente de Presupuesto.  

Todo esto importa por una razón simple: el Gobierno apuesta a un trámite exprés y a votar el 26 de diciembre; del otro lado, la oposición dura apuesta a que el trámite se “ensucie” lo suficiente como para que la sanción nazca con olor a nulidad.  Y cuando el nacimiento viene con olor a nulidad, aparece la frase mágica: “esto va a Tribunales”.

Ahora bien: ¿de qué “defensa institucional” habla Mayans cuando amenaza con judicializar? ¿Defensa de qué reglas, si la Argentina lleva años viendo cómo se usa el sistema judicial —y en particular el laboral— como refugio para postergar cambios, ejecutar presiones y blindar intereses?

No hace falta inventar nada. Está fresco en la memoria colectiva: cuando el poder político toca el tablero laboral, el sindicalismo y sus satélites activan el protocolo no escrito: “Vamos a la Justicia”. Y no van porque crean en la Justicia como ideal, van porque conocen el terreno. Porque entienden que hay fueros, tradiciones, sensibilidades, rutinas y reflejos que hacen que la rueda gire más lento justo donde a ellos les conviene.

Y para cerrar el círculo: la reforma laboral, encima, trae capítulos que tensan explícitamente con la Justicia laboral —hasta con la arquitectura del fuero—, lo cual garantiza reacción corporativa y combustible adicional para el litigio político.  

En paralelo, la calle se prepara. La CGT convocó a movilizar el 18 de diciembre, con adhesiones de otras centrales y movimientos sociales.  O sea: el combo argentino completo. Congreso acelerado, sesión prevista para las fiestas, comisiones discutidas a los gritos, amenaza de Tribunales y protesta en Plaza de Mayo. La película de siempre, con actores que cambian de rol pero no de libreto.

Porque el punto de fondo no es Bullrich ni Mayans. El punto de fondo es el mecanismo: cuando un gobierno intenta mover una pieza estructural, el sistema defensivo corporativo no discute solamente el contenido; discute la cancha, el árbitro, la marca de la pelota y, si hace falta, pide suspensión del partido.

Por eso la frase de Mayans es reveladora: “si así inician un debate…”. No dijo “si aprueban tal artículo” o “si perjudican a tal sector”. Dijo: si inician así. En criollo: si no controlamos el arranque, vamos a romper el tablero en otro lado.

Y acá viene la conclusión ácida, pero realista: si la reforma laboral sale por votos, la discusión recién empieza. Porque en la Argentina, la ley no termina cuando se sanciona: termina cuando sobrevive a la ingeniería del freno. Y esa ingeniería —Mayans lo confesó sin querer— se llama Tribunales.