Por Antonio Maria Delgado para El Nuevo Herald

Estados Unidos se prepara para lanzar en los próximos días una nueva fase de operaciones militares en medio de las crecientes tensiones con Venezuela, un giro que, según analistas, podría expandir de forma drástica la autoridad bélica y legal de Washington en su confrontación con el régimen de Nicolás Maduro. Cuatro funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que la administración Trump está intensificando la presión sobre Caracas mientras las relaciones se deterioran y activos militares estadounidenses continúan concentrándose en el Caribe.

Aunque el alcance y el momento exacto siguen siendo inciertos, dos de los funcionarios señalaron que las operaciones encubiertas probablemente conformarán la primera etapa de cualquier escalada. Los cuatro hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de los planes. Las medidas llegan mientras Washington se prepara para designar al Cartel de los Soles, organización de narcotráfico que según Estados Unidos es encabezada por Maduro y por sus principales aliados, como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

La designación, prevista para el lunes, colocaría al jefe de Estado venezolano en la misma categoría legal que los líderes de Al Qaeda e ISIS. Una designación con pocos precedentes Analistas advierten que las implicaciones de esa designación son de gran alcance. Debido a que funcionarios estadounidenses alegan que el cartel está incrustado en el Estado venezolano, etiquetarlo como grupo terrorista equivaldría a tratar a todo el gobierno de Maduro como parte de una red terrorista.

El presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han reiterado en varias ocasiones que Maduro es el jefe del cartel. La designación de FTO iría más allá de acciones previas de Estados Unidos contra gobiernos hostiles: incluso en el punto álgido de la guerra de Irak, Washington acusó a Saddam Hussein de apoyar al terrorismo, pero no clasificó a su gobierno como una organización terrorista.

Si la designación se concreta, podría desbloquear una poderosa herramienta legal. Al vincular a Venezuela con el terrorismo, la administración podría apoyarse en la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001 —la misma ley que ha permitido operaciones antiterroristas de Estados Unidos durante casi 24 años—. Esa autoridad podría permitir a Trump llevar a cabo ataques militares sin buscar de inmediato la aprobación del Congreso.

Un despliegue militar difícil de ignorar El aumento de fuerzas alrededor de Venezuela se ha desarrollado durante más de dos meses. El portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque llegaron al Caribe el 16 de noviembre, uniéndose a al menos diez buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate F-35. Los comandantes estadounidenses insisten en que el despliegue respalda operaciones contra el narcotráfico. Pero el poderío militar desplegado supera por mucho los niveles típicos de fuerzas para tareas de interdicción de drogas.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 21 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, dejando al menos 83 muertos. Organizaciones de derechos humanos califican estas operaciones como ejecuciones extrajudiciales y algunos aliados regionales temen que Estados Unidos pueda estar violando el derecho internacional.

El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca, que declinó comentar. La CIA también se negó a discutir operaciones en curso. “Resistencia prolongada” en Venezuela Dentro de Venezuela, la amenaza de una acción estadounidense dejó de parecer remota. Maduro ha sostenido durante años que Washington busca derrocarlo y en los últimos días los funcionarios han intensificado los llamados a una estrategia de “resistencia prolongada” en caso de invasión.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que la designación terrorista “abre un montón de nuevas opciones para Estados Unidos”. Trump ha sugerido que la medida podría permitir ataques contra activos e infraestructura de Maduro, incluso mientras afirma seguir abierto a negociaciones. Dos funcionarios estadounidenses confirmaron que han ocurrido conversaciones entre Washington y Caracas en las últimas semanas. No está claro si la diplomacia podrá influir en lo que viene. Las tensiones se sienten en toda la región.

El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a las aerolíneas sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo venezolano. Tres aerolíneas internacionales cancelaron vuelos del fin de semana como medida de precaución. Entre tanto, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, arremetió el sábado contra las recientes actividades militares estadounidenses —incluidos ejercicios en la cercana Trinidad y Tobago— calificándolas como amenazas deliberadas a la soberanía venezolana.

“Ninguna amenaza, ningún despliegue aéreo-naval, por poderoso o intimidante que pretenda ser, puede arrebatarle a Venezuela su derecho a continuar en su camino de libertad e independencia”, dijo Padrino durante una transmisión del sábado en la televisión estatal. Condenó las “maniobras, ejercicios y despliegues” que tienen lugar “en nuestra área de interés cercano”, afirmando que Venezuela había agotado su paciencia.

Las tensiones escalaron después de que el USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados, atracara en Puerto España la semana pasada. Marines estadounidenses también intensificaron ejercicios de entrenamiento en Trinidad entre el 16 y el 21 de noviembre. Maduro, por su parte, ha acusado a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de “empeñar” su país para “amenazar a Venezuela” al albergar fuerzas estadounidenses a pocos kilómetros de la costa venezolana.

-Bissessar defendió los ejercicios como parte de una asociación de seguridad “profunda y duradera” con Washington que ha ayudado a frenar el tráfico de armas, drogas y personas. Dijo que el entrenamiento fortalece a la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago y subrayó que el territorio de su país “no será utilizado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela”. Las operaciones se realizan bajo un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) bilateral renovado el pasado diciembre.