Un juzgado federal de San Martín en el que se encontraban expedientes relacionados con el narcotráfico, apareció incendiado y con una amenaza directa a la Gobernadora Vidal: “Vidal, ándate de San Martín, La Droga”. La amenaza había sido armada con palabras recortadas de diarios y revistas pegadas a su vez en un papel que apareció en el mástil del edificio, en la terraza.

Se trata de las formas típicas de la mafia que uno creía limitadas a la inusitada imaginación de los guionistas de Hollywood.

El hecho reproduce, en pequeño, lo que ocurrió en Bogotá bajo el reinado de Pablo Escobar Gaviria cuando un grupo de terroristas del M19 contratados por el capo, entró a la Suprema Corte de Justicia, incendió el edificio con todos sus expedientes adentro y mató a los jueces.

Que no sorprenda la comparación porque, repetimos, la diferencia radica en la envergadura pero no en la génesis ni en el propósito.

El edificio de San Martín estaba teóricamente custodiado por la Gendarmería que, sin embargo, no advirtió nada hasta que ya era demasiado tarde. El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo dijo que se va a investigar si parte del grupo de policías recientemente desplazado de la fuerza de la bonaerense podrían estar involucrados en el hecho.

El solo relato del hecho alcanza para medir lo escabroso que se ha tornado el tema de la droga en la Argentina. ¿Hay una banda organizada bajo un mando único, al estilo de un Cartel, o aún estamos en peldaños inferiores en donde los que operan son delincuentes dispersos que toman decisiones por las suyas? Si éste último es el caso, ¿a cuánto estamos de ascender en el escalafón y pasar a tener un “enemigo público ‘numero 1’”?

Lo que parecería imperioso en esta instancia es -como mínimo- salir del auto engaño y de la mentira que nos mantiene en una fantasia irreal: debemos admitir que la Argentina es un país con un serio problema de narcotráfico y que los días del “país de tránsito” y del “consumo casual” han quedado en la historia.

Un segundo paso en este camino sería poder concentrar los esfuerzos en la aclaración y resolución de los hechos a medida que ocurren, sin remitir a problemas que, no porque existan no sean -al mismo tiempo- una especie de excusa que nos exime de hacer algo frente a las cuestiones concretas.

Este comportamiento nos aleja del esclarecimiento de los delitos y en muchos casos parecería que son más argumentos de los que quieren que todo siga igual más que genuinas preocupaciones por cuestiones sociales pendientes.

Es muy común, por ejemplo, frente al imperio de la delincuencia, hacer referencia a las carencias educativas, de servicios, de viviendas y demás necesidades primarias que, efectivamente, mucha parte de la sociedad aun padece. Pero como esos son problemas enormes que van a demandar años de inversión y trabajo resolver, si los usamos como excusas para paralizar toda acción respecto de delitos concretos, vamos a tener dos problemas: por un lado las carencias y por el otro los delitos.

En este caso, sería interesante que las fuerzas del orden (si es que aun queda alguna limpia y honrada) se concentren en buscar, detener, juzgar y encarcelar a quienes le prendieron fuego al juzgado federal de San Martín. Mientras se hace eso, otros estamentos del Estado, deberían estar ocupándose de los problemas de fondo que, efectivamente, pueden estar contribuyendo a la formación de este caldo apestoso. Pero lo que no puede ocurrir es que la persecución y el esclarecimiento de los delitos queden supeditados a una tarea mayor y mucho más difícil como es -en el fondo- erradicar la pobreza y la mala educación. Estos son, de por sí, cánceres suficientemente repugnantes como para que encima se conviertan en un justificativo para no hacer nada con los delincuentes puntuales.

El verso de que es “inútil” perseguir a los delincuentes mientras no se remuevan las causas profundas que los producen, va camino de convertirse cada vez más en eso: un verso. Es más, estoy a centímetros de sospechar que quienes repetidamente echan mano de ese argumento, lo que realmente buscan es que los delincuentes sigan sueltos.

La tarea prioritaria respecto de lo que ocurrió en San Martín es perseguir y encontrar a quienes incendiaron el juzgado. Parece una obviedad, pero en la Argentina de los justificativos parece que es necesario repetirlo una vez más.

Quizás empezando a dar esos pasos concretos, de “yapa”, avancemos en remover los obstáculos que nos separan de tener una mejor educación, una mayor fuente de oportunidades de trabajo y progreso y menores índices de pobreza. Pero lo que está claro es que la “deuda social” no puede seguir siendo una explicación suficiente y un justificativo que nos redima de aplicar el código penal.