La marcha de ayer, que fue convocada para defender el financiamiento de la educación universitaria, terminó convirtiéndose -como era de esperar- en un amontonamiento de “vagones” de un tren fantasma del pasado que ve pasar el tiempo con la desesperación de comprobar que no hay nada que les de un denominador común sobre el cual articular una oposición unificada al gobierno de Javier Milei, al que, por distintos motivos, quieren ver fracasar, tal como muchos de ellos lo confesaron pública y abiertamente.

En ese sentido, una causa tenida como indiscutida para la mayoría de los argentinos (la santidad de la educación pública [más allá de que, en los hechos, esos mismos  argentinos votaron gobiernos que la destruyeron]) se mostraba como ideal para subirse al tachín tachín de una oposición que solo está interesada en agitar un ambiente que contribuya a achicar el margen temporal de paciencia social que el gobierno necesita mantener para avanzar con las reformas y para que ese avance dé sus frutos.

De modo que frente a la manifestación lo primero que deberíamos preguntarnos, para separar la paja del trigo, es si los que se manifestaron REALMENTE quieren encontrar una solución viable que deje conformes a TODOS los intereses en juego o si, por el contrario, lo que buscan en agitar el mal humor social para deshacerse de un tipo que se ha propuesto terminar con los curros de los que ellos han vivido por décadas.

Si todos estamos de acuerdo en sincerar esas intenciones, entonces digamos que para las personas de buena fe del primer grupo (es decir, aquellos que SINCERAMENTE, quieren encontrar una solución que ponga fin a los reclamos y que, al mismo tiempo, no ponga en riesgo el equilibrio fiscal) hay soluciones a mano, perfectamente estudiadas y que satisfacen las aspiraciones de todos los que hoy parecen estar en veredas contrapuestas.

Repetimos: para entrar en el análisis de esas propuestas hay que ser franco y decir la verdad sobre si lo que se quiere es arreglar el problema o aprovechar el problema para hacer quilombo.

Si lo que de buena fe se quiere es arreglar el problema, entonces volcaremos aquí las principales propuestas de una iniciativa de la Fundación Libertad y Progreso, que hace más de treinta años viene trabajando en la elaboración de políticas públicas que sirvan para dejar atrás los problemas argentinos.

En ese sentido, la Fundación estudió los distintos objetivos en pugna respecto, no solo del financiamiento universitario, sino de la vida universitaria en general.

En ese terreno encontramos fines nobles que se mezclan con escaseses prácticas y con contradicciones filosóficas que podrían afrontarse y solucionarse globalmente si hubiera buena fe y racionalidad en la discusión.

Las leyes actuales hablan de “gratuidad”, “equidad” y “autarquía” cuando definen los parámetros bajo los cuales se organizan las universidades en el país.

Conviene aclarar que la “gratuidad” fue introducida por el gobierno de Perón en el Plan Quinquenal de 1947 solo para “estudiantes hijos de obreros” y que no fue extendida a todos los estudiantes sino hasta dos años después en el que por el decreto 29337/49 se la hizo universal.

La Constitución de 1994 hace referencia a los conceptos de “gratuidad” y “equidad” que son, precisamente, aquellos sobre los que podría trabajarse si lo que realmente se quiere es afrontar el problema y arreglarlo de buena fe.

En las presentes circunstancias de la Argentina, el informe de Libertad y Progreso demuestra largamente que ambos fines son contradictorios y que su persecución simultánea atenta contra la justicia.

En efecto, el informe de L&P dice: “La interpretación corre sobre el eje que, existiendo alumnos que se encuentran en condiciones de pagar una cuota razonable por su educación, ¿por qué se la debieran solventar todos los contribuyentes, independientemente si acceden a la universidad estatal o no? La gratuidad para todos entra aquí en directa colisión con el concepto de equidad. Se está subsidiando con impuestos pagados por personas de menores recursos a quienes son beneficiados y podrían pagar una cuota razonable. La gratuidad universitaria universal no contribuye, sino que contradice la igualdad de oportunidades para aquellos que quieran estudiar.

Lo que se debe lograr es darle razonabilidad al sistema de financiamiento universitario, con equidad y con una mejor asignación de los escasos recursos públicos. El arancelamiento para quienes pueden pagar no choca con la esencia de la educación gratuita para quien la necesite. Esto es razonable y además justo. Este proceder es aplicado por muchos países que emplean información impositiva, o la proveniencia de escuelas privadas, u otros sistemas de comprobación de capacidad de pago. Aquellos que no tengan esa capacidad se benefician con becas o préstamos de honor a muy baja tasa de interés. De esta forma podrán cursar su carrera de grado quienes quieran estudiar y no estén en condiciones económicas de afrontarlo. Se cumpliría así con ambos mandatos: el de gratuidad y el de equidad propuesto en nuestra Constitución.

Al analizar las estadísticas oficiales de Presupuesto Universitario, que no solo incluyelos gastos de funcionamiento y salarios de las universidades, sino también los de investigación, extensión y otros, por ejemplo, los vinculados a los hospitales universitarios, vemos que para 2024 están asignados unos $1.952.778 millones. En tanto que las estadísticas del Ministerio de Capital Humano arrojan que en el sistema de educación superior hay 2.540.854 estudiantes, de los cuales 2.030.633 están inscriptos en instituciones de gestión estatal (79,9% del total).

Esto arroja un gasto anual promedio por alumno de $961.600, o el equivalente a unos $80.138 por mes. El actual sistema de subsidios cruzados no cumple con el principio constitutional de equidad porque alumnos que podrían pagar una cuota razonable se ven beneficiados por los que quisieran estudiar y no pueden porque parte de sus escasos ingresos se dirige a pagar impuestos con los que el Estado paga los estudios de aquellos que podrían pagarlos de su bolsillo (como en muchísimos casos pagaron su educación hasta que egresaron de los colegios secundarios).

Todo aquel que quiera discutir de buena fe la cuestión no tendrá otra opción que aceptar que eso significa una verdadera injusticia y una inequidad.

No solo eso, sino que al establecerse un esquema en donde es el gobierno de turno el que gira los fondos, los que entra en peligro es el principio de la autonomía universitaria que claramente se vería afectada por la dependencia financiera de un burócrata con intereses políticos partidarios.

Dice L&P: En el mundo, la gratuidad para quienes lo necesiten se ha instrumentado  de diversas formas. Teniendo esto en cuenta, proponemos una serie de mecanismos de financiamiento universitario, incluyendo el arancelamiento selectivo, que atiendan a los criterios básicos de equidad y autonomía, con el objetivo de que las universidades nacionales logren, o se acerquen lo más posible, al autofinanciamiento, sin por ello cercenar las oportunidades de acceder a la educación superior de las personas y familias de menores ingresos.”

Libertad & Progreso propone seis sistemas diferentes para abordar el tema del financiamiento universitario suponiendo que lo que se quiere, una vez más, es arreglar SINCERAMENTE, el problema y no aprovecharse de él para hacer activismo político.

Sucintamente los seis sistemas son:

1 – Auto financiamiento mediante subsidios cruzados dentro de la propia Universidad.

Para este ejercicio se ha utilizado un trabajo de investigación de la Universidad  Nacional de Hurlingham, el cual indica que el porcentaje de alumnos en las universidades públicas que pertenecen a un nivel socioeconómico de los dos quintiles más altos es del 37,3%3. Estos se encontrarían en capacidad de pagar una cuota completa. El tercer quintil, considerado de ingresos medios, comprende un 20,4% de los alumnos y pagaría media cuota. El cuarto y quinto quintil, de menores ingresos, comprende un 41,9% del alumnado y son aquellos para los que, en este ejercicio, debería preservárseles la gratuidad.

Las cuotas de aranceles para quienes pueden pagar se dimensionan para cubrir la totalidad del presupuesto de la Universidad. Esto independizaría la universidad pública del presupuesto del Gobierno, asegurando su autonomía. Dadas estas condiciones, si se asume que aquellos que pagan cuota completa y quienes pagan la mitad deberían hacerse cargo del presupuesto anual resulta que la cuota completa implicaría un arancel mensual de $168.712, que sería pagado por solo el 37,7% de los alumnos que son categorizados como de mayores ingresos. Por otro lado, los de ingresos medios pagarían un arancel mensual de $84.356. Mientras que el 41,9% de los alumnos no pagaría arancel alguno y seguiría accediendo a la educación superior pública de manera gratuita.

De esta forma, se establecería un esquema donde el 62,3% de los estudiantes de universidades nacionales recibirían algún tipo de subsidio (total o parcial), que sería cubierto con las cuotas pagadas por los alumnos de mayores ingresos.

Nuestro relevamiento en universidades privadas actualmente en la Argentina muestra cuotas mensuales de entre $300.000 y $800.000. Esto indica que tanto una cuota completa como una media cuota, según hemos calculado, alcanzaría para cubrir actualmente todo el presupuesto universitario. Éstas serían considerablemente más bajas que las de otras instituciones de educación superior. Si más alumnos puedan pagar esa cuota o una más elevada, el presupuesto universitario podría aumentarse y así solucionar el financiamiento universitario.

2 – Subsidio estatal directo no reembolsable, para solventar el costo del segmento estudiantil que no paga o no cubre su costo completo.

Una alternativa es establecer un esquema donde el Tesoro Nacional realiza un aporte para cubrir el Presupuesto universitario proporcional de los alumnos de menores ingresos e ingresos medios.

Utilizando los mismos supuestos que en el mismo ejercicio anterior para el conjunto de las universidades nacionales, el esquema resulta en una disminución del arancel universitario que pagarían los alumnos de mayores ingresos, que pasaría de $168.172 a $80.138 (-52,3%), y también del que pagarían los de ingresos medios, que se vería reducido de $84.356 a $40.609. Para los alumnos de bajos recursos el arancel sería cero.

El subsidio anual a cargo del Tesoro Nacional sería de $ 818.000 millones anuales, si consideramos el presupuesto universitario de 2024. Esto indica que, aproximadamente el 60% del presupuesto universitario estaría solventado por los alumnos, pero un 40% no. La universidad pública continuaría siendo presupuestariamente dependiente del gobierno nacional. Su autonomía mejoraría, pero continuaría afectada.

Aporte cooperativo para los estudiantes de menores ingresos:

Adicionalmente, en las alternativas 1 y 2, se podría incluir un aporte cooperativo simbólico para los estudiantes de menores ingresos que atenúe la diferenciación entre los alumnos arancelados versus no arancelados. Aquellos alumnos de los dos quintiles inferiores, que no se encuentran en condiciones de afrontar la cuota, harían un pago simbólico de tasas administrativas, que estimamos rondaría un octavo del arancel completo, equivalente a unos $10.017 mensuales.

La necesidad de financiamiento estatal quedaría en $750.000 millones anuales. Considerando la propuesta donde se establece un arancelamiento segmentado con aportes del Tesoro Nacional (alternativa 2), si además se incorpora el aporte cooperativo simbólico, quedaría de la siguiente forma:

Alumnos de mayores ingresos: (1er y 2do quintil): $80138

Alumnos medios (3er quintil) $40069

Alumnos de bajos recursos (4to y 5to quintil): $10017

3 – Financiamiento mediante préstamos con tasa subsidiada y garantías del Estado a quienes no pueden cubrir parcial o totalmente su costo:

Bajo este esquema, los alumnos de ingresos medios y/o bajos, podrán acceder a un crédito para financiar su educación superior bajo una tasa subsidiada, constituyendo un subsidio estatal indirecto. El estudiante asumirá una deuda que va acumulando mes a mes y que comenzará a devolver luego de su graduación, cuando se entiende recibirá el retorno de su educación superior. El Estado actuará como garante del crédito y será quien pagará el suplemento de la tasa de interés. Desde el punto de vista de la contabilidad pública pasa a ser un pasivo público.

El capital y la administración de los créditos podrá estar en manos de bancos privados o públicos, u otras entidades financieras, según lo dicte la reglamentación. De esta forma, el Estado se haría cargo de promover e incentivar estos préstamos a los alumnos.

Esta metodología, si bien disruptiva para Argentina, es ampliamente utilizada en la región y en el mundo, pudiéndose citar los ejemplos de Estados Unidos y Chile.

4 –Fondo de Solidaridad Universitaria: fondo de becas financiado con aportes de los graduados:

En este caso se propone un esquema donde los graduados de la universidad estatal que recibieron algún tipo de asistencia en forma de beca total o parcial tengan la obligación de aportar a un Fondo de Solidaridad Universitaria que sea administrado por la propia universidad y que se utilice para otorgar nuevas becas.

En este caso, los estudiantes becados total o parcialmente firmarían un contrato con la universidad bajo el cual se comprometan a aportar hasta un determinado porcentaje de su ingreso laboral, por ejemplo, del 10%, al Fondo de Solidaridad Universitario, hasta devolver íntegramente la ayuda recibida. Otra alternativa es que se comprometan a pagar mensualmente un porcentaje del arancel total vigente de la universidad.

Lo positivo de esta alternativa es que genera un compromiso mutuo entre los graduados, la universidad y los estudiantes, lo cual, entendemos genera mejores incentivos que la intervención estatal indirecta mediante el subsidio de tasas.

Este mecanismo es ampliamente utilizado por universidades privadas en todo el mundo, y también es la una de las formas de financiamiento que utilizan las universidades estatales en Uruguay.

5 – Ayuda mediante becas aportadas por instituciones privadas o empresas:

Como fuente adicional de financiamiento propio, las universidades estatales deberán propender a conformar fondos constituidos con donaciones y aportes de organizaciones privadas y/o empresas. Para incentivar estas donaciones, se podría proponer exenciones impositivas, por ejemplo, que puedan ser descontadas de la base imponible del Impuesto a los Ingresos (mal llamado Ganancias) de las personas físicas y jurídicas. Y se debería llamar a que las provincias suscriban exenciones similares sobre Ingresos Brutos y otros gravámenes subnacionales.

Esta sería otra forma de premiar a quienes elijan ayudar en el financiamiento universitario, manteniendo al estado en un costo y un rol indirecto.

6- Ingresos por trabajos de investigación, consultoría y otros servicios.

La capacidad técnica y profesional de las universidades deberá ser utilizada también para brindar servicios e investigación de valor que se conviertan en ingresos genuinos para la institución. Si bien no creemos que pueda convertirse en la fuente primaria de ingresos, sí podría contribuir a generar una mejor vinculación entre la universidad estatal y el sector privado, y a facilitar la inserción laboral de los estudiantes y graduados.

No obstante, es necesario alertar que este mecanismo puede llegar a desvirtuar la misión de la universidad.

Como lo demuestra este estudio, formas para encarar TODOS los fines en pugna y solucionar TODOS los intereses que dicen buscarse y defenderse, hay. Habría que reformar algunos artículos de la ley que rige las universidades nacionales. pero de eso se trata un cambio que deje conformes a todos los participantes de esta discusión.

El problema consiste en saber cuántos de los que plantean los reclamos y las manifestaciones quieren REALMENTE aceptar una solución solidaria (en algunos casos con parte del bolsillo de ellos) y cuántos están ahí para abrir un frente de conflicto que se oponga al objetivo del gobierno de mantener sanas las finanzas públicas y a la vez darle a la oposición -hoy desmembrada- una narrativa que la una.

Teniendo en cuenta las caripelas que se vieron en la manifestación yo esto más cerca de creer que allí había una buena porción de agitadores profesionales que siempre sacaron tajada de la crispación pública, otra parte cargada de un componente ideológico intransigente y un saldo de gente genuina que quiere encontrar una solución saludable para todos los intereses en conflicto.

Un detalle no menor es no olvidar que uno de esos intereses es que las cuentas públicas se mantengan en un nivel de “salubridad” que aleje al país de la demagogia y del populismo inflacionario. 

Máxime cuando atender ese interés es funcional, paradójicamente, a que la universidad sea más autónoma en tanto no dependa de la concesión graciable de un político.

La seriedad de los trabajos de la Fundación Libertad y Progreso están más allá de toda duda. Lo que sigue siendo un interrogante es cuánta buena fe hay entre los que plantean la cuestión del financiamiento universitario como un tema en el que poco menos va involucrada la identidad nacional.

¿Están esos personajes dispuestos a discutir con racionalidad el tema? ¿La presidente de la FUBA, por ejemplo, (cuya familia está bien lejos de necesitar subsidios estatales pagados por los pobres para que ellos manden a su hija a estudiar gratis) estaría de acuerdo en pagar 6 veces menos de lo que paga un alumno de una universidad privada para que, con ese modesto aporte, el hijo de un obrero de la construcción, por ejemplo, pueda ir a la universidad? ¿O esta chica usa a ese hijo de ese obrero para hacer ideología barata y de paso no pagar lo que ella misma o sus padres podrían pagar? ¿Es completamente sincero el argumento de la solidaridad o cuando la solidaridad la tengo que mostrar yo prefiero salir a la calle a gritar que Milei es un energúmeno que quiere terminar con la universidad publica?

Seamos francos, entonces: una cosa es buscarle soluciones razonables a los problemas de modo que los intereses en disputa sean atendidos en la misma proporción. Otra cosa es no ser otra cosa más que un vagón del tren fantasma kirchnerista-peronista-izquierdista que, con su demagogia y sus mentiras, quebró cada vertebra de la columna argentina y fundió, entre otras cosas, no solamente el financiamiento universitario sino los valores que un estudiante de ese nivel debería aprender.