A las tensiones producidas por la decisión del gobierno de pulverizar el déficit que encuentran oposición en millones de reductos privilegiados que, hasta ahora, justamente habían vivido del déficit, se ha sumado un tironeo muy fuerte entre el gobernador Torres de la provincia de Chubut y el poder ejecutivo a raíz de un descuento en la cuota de coparticipación que el ministerio de economía ha hecho a raíz de una deuda que la provincia había tomado con la Nación.
A esa cruzada chubutense se unieron luego -por razones eminentemente políticas que encubren añoranzas por el desajuste económico que siempre termina pagando la sociedad vía inflación y pérdida de oportunidades- otros gobernadores que vieron el filón para colarse y aumentar la tensión en contra del presidente creyendo que con ello esmerilan los tiempos políticos de Milei y contribuyen a que la gente pierda más rápido la paciencia.
Si bien se mira el conflicto, más allá de las rigideces matemáticas que encierran las cuentas de lo que debe sumarse y restarse (que misteriosamente en la Argentina siempre cuesta mucho dilucidar a pesar de que, para quien ve la cosa de afuera, todo parecería reducirse a hacer un par de cuentas y a leer los términos de un contrato) lo que hay detrás de lo que hoy ocurre entre Chubut y la Nación (o, más genéricamente, entre las provincias y el gobierno federal) es un tema también derivado del problema madre: el déficit fiscal, las cuentas públicas que no cierran, el desbalance del presupuesto.
Este es un problema macroeconómico que el presidente está decidido a resolver. El tema es que el camino para resolver el problema “macro” afecta, en el interín, fuertemente a la “micro” economía, a la vida de todos los días.
Para que esa afectación se compensara con una expansión de la actividad económica estaban pensados el DNU y la Ley “Bases”. Al estar judicializado el corazón del DNU (el capítulo laboral) y trancada la Ley Bases, solo nos hemos quedado con los crujidos de la parte contractiva del plan sin los analgésicos de la parte expansiva. Los gobernadores que mandaron a sus legisladores a boicotear la ley deberían preguntarse cuál es su responsabilidad en que ahora se haya hecho necesario sobre exagerar el ajuste.
Ésta sobre exageración había sido advertida por Milei cuando, aún en campaña, los periodistas lo obligaban a imaginar un escenario en donde la oposición kirchnerista le bloqueara sus reformas. Muy bien, ese es el escenario que se está dando: la reforma expansiva bloqueada y en ejecución la sobre exageración del ajuste macro.
Un capítulo enorme del déficit fiscal está explicado por la extorsión de los gobiernos provinciales al gobierno federal que se ha dado históricamente y que el peronismo siempre resolvió con deuda o emisión.
El gobierno peronista anterior a Torres en Chubut había endeudado fuertemente a la provincia con dineros nacionales que proveía la canilla que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa siempre mantuvieron abierta para cobijar a los propios.
Cuando el país vota el cambio de rumbo entre octubre y noviembre de 2023, llegan a los gobiernos de provincia gobernadores no peronistas y, a la presidencia de la Nación, Javier Milei.
Los gobernadores no-peronistas tienen una vocación en principio “pro-Milei” porque entienden que la sociedad se hartó de las viejas decisiones, de las viejas anestesias y de los viejos quebrantos. Pero claro, luego tienen que gobernar.
En el caso de Chubut, parecería claro que el órgano judicial con competencia exclusiva en el caso de conflicto entre provincias o entre una provincia y el gobierno federal (como es este caso), esto es, la Corte Suprema de Justicia, debería intervenir de manera perentoria para abocarse a esa lectura rápida que siempre reclama el observador imparcial que mira la escena desde afuera: ¿Cuál es la deuda que tomó Chubut? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto debe? ¿Qué dice el acuerdo del empréstito en caso de que el deudor no pague? Y listo, en dos o tres días resolver esta disputa.
No puede ser que medio país esté en vilo porque “los plazos de la Corte” no pueden apurarse. No, no: apúrense, señores. Resuelvan esto. No puede ser que frente a una cuestión contractual y aritmética tan simple estemos es ascuas por días.
Una vez resuelta la cuestión, el tema de fondo seguirá vivito y coleando: pulverizar el déficit. Y esta cuestión se conecta con otra que venimos tratando aquí desde que reprodujimos el debate sobre dolarización que mantuvieron hace unas semanas una decena de los más prestigiosos economistas del país.
La dolarización no es una medida económica contra lo que muchos pueden creer. La dolarización es una medida de orden político y sociológico.
El déficit, la madre diabólica de todos los males argentinos, se origina en una insondable propensión al despilfarro y al robo (ambos están conectados) que tienen aquellos que alcanzan los sillones del Estado.
A los que les queda algo de lógica económica tratan de empatar las salidas del despilfarro y del robo con entradas provenientes de incrementos impositivos. Por ese camino la Argentina llegó a tener más de 170 impuestos y a mandar a la mitad de la fuerza laboral activa del país a la selva del trabajo en negro y a la mayoría de las empresas a operar teniendo que decidir si le pagan a los empleados y a los proveedores o si pagan los impuestos, porque para las dos cosas no les da.
Durante los últimos 40 años de democracia el único intento de poner el déficit en caja se hizo con la Convertibilidad, pero como la extorsión peronista abortó el programa de reformas de Menem (corriéndolo por el lado de habilitarle su proyecto de reelección a cambio de que cortara su ánimo reformista) la presión del gasto hizo explotar la Convertibilidad y la máquina de emitir comenzó de nuevo a drogar al país.
El único remedio es cortar la droga. Por eso me da hasta cierta ternura la arrogancia con la que la sub-directora del FMI, Gita Gopinath, opinó recientemente sobre esta materia diciendo que la dolarización no resuelve todos los problemas argentinos. ¡Ay, Guita, querida! ¡Qué lejos estás, desde tu alta torre, de comprender el problema que tenemos aquí!
Está claro que cortarle el chorro de droga al drogadicto no resuelve todos sus problemas si no se logra resocializarlo, hacerlo sentir útil, conseguirle un trabajo y por sobre todo, un sueño en la vida. Pero el corte de la droga es esencial, es lo primero.
Sin la posibilidad de emitir dinero falso es muy difícil sostener el déficit fiscal crónico. Y la dolarización les saca a los gobiernos la posibilidad de emitir dinero falso. La Argentina podrá tener la cantidad de dólares que empate su productividad pero no papeles pintados que de “dinero” solo tienen el nombre.
Todos estos conflictos de deudas provinciales no serían físicamente posibles si los gobiernos hubieran actuado responsablemente desde el punto de vista monetario. Como no lo hicieron (por despilfarro, curros, robos, presión política [insisto: todo está conectado]) tenemos la situación que tenemos.
Entonces, volviendo al problema original: punto uno, la Corte debe actuar de inmediato para resolver la cuestión de quién tiene razón en el tema del dinero; punto dos, pulverizado el déficit, el gobierno deber cerrar las canillas del gasto, bajar impuestos, achicar el Estado, hacer que sea fácil contratar trabajadores y soldar todo eso con la dolarización para que nunca más, aunque quieran, el Tesoro tendrá déficit. Si se hacen todas las reformas pero la caja de la droga se deja abierta el drogadicto volverá a drogarse porque los dealers de la droga (los políticos populistas) serán los primeros en ofrecérsela.
