Gran parte de la sociedad, de los medios, de los analistas políticos y de los principales columnistas de opinión del país están absolutamente extasiados con el fallo de la Sala II de la Cámara Federal en el que le ordena al juez federal de primera instancia Sebastián Casanello investigar a Cristina Elisabet Fernández, a Néstor Kirchner y a los lazos de ambos con Lázaro Báez.

Mucho de ese éxtasis encuentra su explicación en el idioma, en los giros terminológicos en las maneras que la Cámara ha usado para fundamentar su decisión.

Todos remarcan frases como “es de la lógica más elemental” o “es del más elemental sentido común” cuando el tribunal describe la obviedad de que los fondos que el juez Casanello investiga de Báez no nacieron por generación espontánea sino que tienen su origen en la obra pública autorizada y, en muchos casos, directamente, inventada por los Kirchner.

La Sala habla de un “acuerdo de voluntades” y de una “división de roles”, elementos característicos típicos, por otro lado, de la asociación ilícita en donde, efectivamente, hay un acuerdo para cometer delitos bajo el esquema y la dirección que la misma banda define.

Los jueces dicen también que “la cuestión está a la vista”, en otra referencia clara a que, con la evidencia acumulada, no se puede perder el tiempo investigando tonterías mientras los elefantes de la corrupción se pasean adelante nuestro y se dan el lujo de hacer declaraciones esotéricas tales como que “con ellos no van a poder”, como si todavía les quedara lugar para el desafío.

Pero lo verdaderamente sorprendente de todo esto es el tiempo que le toma a las instituciones argentinas aceptar, procesar y reconocer las obviedades. Quizás por ese meridiano pase la diferencia en términos de nivel de vida que el país debe pagar cuando entra en comparaciones con otros: los demás, especialmente en sus estrados judiciales aceptan lo obvio más rápido.

Todo el mundo sabía que el origen del robo estaba en el Estado, es decir, en las manos de los Kirchner; todo el mundo sabía que las monumentales fortunas que pasaron a engrosar sus bolsillos salieron del esfuerzo del pueblo argentino que, estúpidamente, pagaba cinco veces lo que valía una.

Todo el mundo sabía que se habían construido canales as hoc para que lo que los Kirchner les daban a Baez volviera a sus bolsillos por la vía de operaciones inventadas. Todo el mundo, además sabía que ese modelo de robo se repetía esquemáticamente con los Jaime, los Milagro Sala, los Grondona, los De Vido, los planes sociales… Todo el mundo honrado, no fanático, sabía que los Kirchner utilizaban el Estado para robar; para robar como nunca antes se había robado en la Argentina, un país de por sí infectado con el virus de la corrupción.

Ahora que la Cámara utiliza estas palabras de Perogrullo para definir una situación harto-evidente, todo el mundo que se relaciona con la política, desde los analistas hasta los periodistas, abre los ojos como si estuviéramos frente a un fenómeno estrafalario.

Pues no. La Cámara en realidad llega bastante tarde respecto de los que la propia prensa y gran parte de la sociedad tenían por cierto desde hace rato. Es más mucha gente no podía creer cómo Casanello podía seguir basando su investigación solo en las actividades de Báez, sin siquiera tener la curiosidad callejera de preguntarse de dónde habían aparecido tantos millones.

No caben dudas de que Casanello está involucrado en las maniobras de ocultamiento, de retardo y de distracción que se han intentado para no poner a los Kirchner en el centro de la investigación, lugar del que nunca debieron salir.

En ese sentido, sería interesante que, más temprano que tarde, lo que la Cámara insinúa –la conformación de un “megaproceso”- se materialice y sea llevado adelante por un juez claramente no comprometido con las partes sujetas a investigación porque de lo contrario los culpables nunca pagarán.

Resulta obvio que el cambio de juez tendrá un impacto en los tiempos del proceso. Pero es preferible llevar adelante ese cambio ya, antes que seguir en manos de un magistrado que está allí para cumplir un rol dentro de la organización objeto de la investigación.

Las instituciones de la Argentina deben urgentemente transformar en decisiones formales de los poderes jurisdiccionales lo que la sociedad ya tiene internalizado como obvio y natural.

En la medida que haya jueces que necesiten que su inmediato superior les recuerde que hay “una lógica elemental”, que hay “cuestiones que están a la vista” y que existe “un sentido común elemental” para resolver un caso, el país seguirá relegado en el concierto de las naciones. Y no precisamente porque le falten recursos materiales y humanos para vivir mejor, sino por el saqueo al que lo someten los que toman al Estado para su beneficio personal y, desde allí, embaucan a mayorías circunstanciales que se dejan llevar por la mentira de que esa gente ha llegado allí para ayudarlos. Esa gente ha llegado allí para engañarlos y robarlos. Esa es una cuestión elemental, del más obvio sentido común y que está dolorosamente a la vista.