No es ninguna novedad pero vale la pena recordarlo: el gobierno peronista está en guerra. Está en guerra contra un sistema de vida y contra la gente que lo encarna.

¿Y cuál es el sistema de vida sometido a los ataques del verdugo? Aquel en donde cada uno -dentro de un orden jurídico lógico, basado en el sentido común del derecho natural, igualitariamente aplicado- puede progresar en base a la dedicación propia, al esfuerzo, al mérito, a la inventiva, a la creatividad, y así mejorar su condición social de modo que la progresión normal de la vida consista en que los hijos estén mejor que sus padres.

¿Y qué personas son las que se ven sometidas al ataque? Pues aquellas que creen en la idea de que la forma lícita de progresar en la vida y de estar mejor es superarse desde muy pequeños en el colegio: instruirse, aggiornarse, trabajar duramente, ser dedicado y tener una conducta aplicada en el estudio, en el trabajo y en la educación de las nuevas generaciones.

Estas capas de superación constante forman una bola de nieve de acumulación que redunda en un incesante crecimiento que hace posible que las desigualdades naturales con las que todos los hombres llegan a este mundo se disimulen y queden desvanecidas y superadas por una afluencia que permite que prácticamente todos los ciudadanos superen las mínimas líneas de necesidades con holgura y, desde allí, se lancen a conseguir más confort, más comodidad y más ambiciones según lo que cada uno crea es su propio límite.

Éste sistema descree de que la forma de dejar atrás las penurias sea un orden delineado y provisto por una élite iluminada desde las alturas de una burocracia oligárquica.

Al contrario, las personas criadas en un sistema que las convenció de que cada una de ellas son el “capitán de su destino” (como diría Nelson Mandela) repelen fuertemente una organización nacional basada en un orden social impuesto por la fuerza desde arriba hacia abajo.

La Argentina constitucional fue organizada bajo el sistema que hoy se encuentra bajo ataque.

Seis generaciones de argentinos probaron que el sistema funcionaba. El desierto analfabeto en cuya escenografía la Constitución fue jurada se convirtió, setenta años después, en un escenario bien diferente, en donde el ingreso medio per cápita de los argentinos era el más alto del mundo.

¿Eran todos los argentinos completamente iguales en 1925?

Ciertamente no. Pero eran mucho más iguales entre sí que los argentinos de después de Caseros. 

La dictadura de Rosas había creado una oligarquía federal de argentinos que vivían en verdaderos castillos y una población (ni siquiera se podía hablar de ciudadanos) que apenas comía, con una existencia que convivía con el desasosiego del malón y la muerte de la Mazorca.

La mismísima oligarquía carecía de aquellos enseres que setenta años después, incluso los argentinos pobres tendrían al alcance de la mano.

El sistema que “vende” la parodia peronista pretende trasmitir la idea de que toda desigualdad debe ser reputada como intolerable.

Para eso una superestructura burocrática, mediante la sustitución del orden jurídico, debía retirar ingreso genuino de los ciudadanos más exitosos para derivarlo a los menos favorecidos con completa independencia de cuanta responsabilidad tuvieran éstos en la realidad que vivían y con una rebelión conceptual fanática contra el principio de que, aún los menos favorecidos, verían mejorar la condición social propia y la de sus hijos si se dejaba operar sin obstáculos el sistema libertario de la Constitución.

Esa intervención militar (literalmente) al orden jurídico constitucional fue draconiana.

En un año, el gobierno peronista, nacido en 1946, había dictado más “decretos-leyes” (un instrumento completamente inconstitucional) que todas las leyes dictadas desde 1853 hasta ese momento. Ese “Nuevo Orden” creó la Argentina actual.

No obstante, los efectos residuales de la educación libertaria continuaron durante varias generaciones posteriores, incluso hasta nuestros días. 

Ese fenómeno se produjo porque ni las más jacobinas de las revoluciones pueden erradicar de la faz de la Tierra décadas de costumbres arraigadas que seguirán produciendo efectos mucho tiempo después de haber sido puestas bajo estado de sitio.

Eso ocurre -aún con mayor impacto- cuando esas costumbres tienen con el sentido común normal una simbiosis implícita que, por más esfuerzo que haga el nuevo régimen no logran desalojarlas por completo de las reacciones espontáneas de las personas.

Desde ese momento, entonces, conviven en el país dos “sistemas” antagónicos: uno que deriva de la Constitución y otro que procede del “Nuevo Orden” de 1946.

Naturalmente el actual gobierno mantiene este estado de conflagración contra el sistema constitucional.

La nueva idea de establecer un impuesto a la herencia tiene que ver con ésta guerra: los que tienen algo deben pagar impuestos hasta cuando mueren. Ese manotazo se usará para derivarlo a los “menos favorecidos”.

El pequeño detalle escondido detrás del “Nuevo Orden” es que, en realidad, vino para recrear la oligarquía que dominaba el país antes de Caseros. 

Los fondos incautados a los exitosos no se derramaron a los menos favorecidos sino que se robaron para dar nacimiento a una casta medieval, rica, todopoderosa y privilegiada que solo entrega las migajas de la inmensa torta que robó.

Esa casta sigue creyendo que hay riqueza para robar. Incansablemente agudiza el ingenio para inventar nuevos revólveres (impuestos) con los cuales encañonar a las clases que producen para sacarles lo que producen.

La guerra ha tomado las formas de un enfrentamiento entre “productores” y “extractores”. Las masas de extractores se reproducen geométricamente y los productores se reducen de modo sistemático: cada vez hay más extractores que succionan lo que producen cada vez menos productores.

Los primeros extractores no son los menos favorecidos sino los barones de la oligarquía peronista, encabezados por la reina de la nueva monarquía, Cristina Fernández de Kirchner.

Esta guerra entre extractores y productores solo puede terminar de dos maneras: o por la extinción de los productores (que, cansados del robo y la exacción se vayan o se pasen al bando de los extractores) o por la reacción de los productores que desalojen del poder a los principales extractores.

Si los productores votan una fuerza que ellos creen puede destronar a los extractores del gobierno pero, por las falencias del sistema electoral, esa fuerza termina no representando lo que los productores votaron, los únicos beneficiados serán los extractores.

El actual sistema electoral, en donde los electores no conocen a los representantes que están votando, también fue impuesto por el sistema extractivo peronista, fabricado a la medida de sus necesidades.

Si alguna posibilidad quieren tener los productores de ganar esta guerra contra los extractores, deben cambiar el sistema electoral armado por éstos.

A su vez deben cambiarlo ganando las elecciones utilizando el sistema electoral estatuido por los extractores, algo así como ganar el partido usando árbitros designados por el rival.

Pero los productores no tienen otro camino. Eso sí: la presión social sobre los elegidos que deserten del mandato debería ser insoportable.

Solo así el sistema constitucional original tendría una posibilidad de ser restaurado.

De lo contrario el engaño peronista, construido sobre la demagogia del pobrismo, continuará profundizándose hasta que la Argentina se convierta en un yermo de extractores que ya no tendrán nada para extraer y en un territorio del que los productores hayan huido a buscar su vida en otro lugar.

Por Carlos Mira