El nudo del problema y el enfoque del gobierno

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El gobierno asegura una y otra vez que en materia de reforma laboral optará por modificaciones por “sectores productivos”, convocando, para tal efecto a los sindicatos, empresarios y demás protagonistas de esas actividades para consensuar los cambios.

Se trata de un camino que puede resultar apelativo a las primeras tentaciones de la lógica -dadas las tradiciones que el país arrastra desde hace más de 70 años- pero que, a poco que analizamos, precisamente adónde nos llevaron estas ataduras atávicas, comprendemos que si el gobierno efectivamente se decide por tomar ese camino para modernizar la estructura jurídica que gobierna las relaciones laborales en la Argentina se encaminará a un error grueso y, lo que es peor, a una pérdida de una oportunidad histórica para reemplazar y, al mismo tiempo, hacer docencia sobre un de los principales causantes de la decadencia argentina.

En efecto, el peronismo con su taladro mental permanente logró convencer al país de que antes de argentinos y consumidores (las únicas dos características que nos engloban a todos por igual) somos lo que profesionalmente somos; es decir, el famoso país dividido por “ramas de actividad”.

Como si fuera un botánico, Perón, presentó a su movimiento como si fuera un árbol con ramas: la rama juvenil, la rama femenina, la rama política, la rama sindical… Esta última a su vez se dividió según las actividades laborales de cada uno y, a partir de allí, pugnó para que cada “rama” tuviera su propio “estatuto” profesional, es decir, un orden jurídico propio, distinto del aplicable a otros argentinos y con características propias que lo convertían en un “derecho especial”.

Así, el orden jurídico argentino, está hoy compuesto por un enjambre de “estatutos” ad hoc, contradictorios unos con otros, que plantan privilegios por actividad que aumentan los costos y que impactan de modo directo en los bolsillos de los ciudadanos, incluidos, desde ya, aquellos que creen beneficiarse por las disposiciones de “su” estatuto.

Así concebido el orden legal del país es una enorme telaraña auto neutralizante que entrega por un lado y saca por el otro, llegando –en el mejor de los casos- a una situación de suma cero en donde el estancamiento es la fotografía más evidente que la Argentina expone.

Todo el mundo se manifiesta a favor de la concepción nacional por “ramas de actividad” porque no se repara en el enorme costo que nuestra única característica común (aparte de la de ciudadanos), esto es, la de “consumidores”, paga por semejante delirio.

La economía argentina tiene un enorme problema de costo de productividad y, por este camino, el país nunca podrá convertirse en lo que el presidente llama “el supermercado del mundo”. Porque para serlo el país tiene que tener precios atractivos que haga que los consumidores mundiales elijan entrar al “supermercado” argentino antes que al chileno, al mexicano, al brasileño, al francés, al uruguayo o, incluso, al chino.

Esos precios no van a lograrse por la vía de mantener un país dividido por “ramas de actividad” en donde cada rama le endilga al pobre árbol un peso enorme medido en costos específicos derivados de los estatutos ad hoc.

La manera de lograr precios competitivos para que nuestro “supermercado” sea más atractivo que el de nuestros competidores mundiales, es terminar con los costos agregados inventados por los estatutos por rama de actividad.

Se trata de una concepción filosófica; de una manera de ver el mundo y de organizar el Derecho. Cuando éste se aleja de la legislación común para toda la ciudadanía y comienza a inventar leyes especiales que le serán aplicables a distintos sectores según cual sea su actividad, el costo se multiplicará estratosféricamente y el país no podrá competir.

Al no poder competir nuestros productos se venderán menos y, al venderse menos, las empresas tendrán menos trabajo, obligando a elevar los precios internos que castigarán al consumidor local que tendrá un doble efecto negativo sobre sus espaldas: poco trabajo y precios caros.

El gobierno debería explicar esto con toda docencia a la sociedad. Hay antecedentes. Se ha hecho en otras partes. La Australia de los ’70 era una sociedad anquilosada por la creencia de haber descubierto la pólvora sin humo: esto es creer que un Estado de Bienestar todo poderoso era posible sin que el concepto de productividad tuviera nada que ver en la ecuación.

De no haber sido por una enorme reacción nacional contra esa caricatura, el país sería hoy algo similar a lo que es la Argentina. Y ese cambio de rumbo australiano se hizo con docencia pública. Sí, sí, con docencia hecha por los medios y por la televisión. Como si fueran profesores de una escuela para tarados, distintos funcionarios explicaron adónde había conducido aquella manera de encarar la ley y la economía nacional y gracias a esa docencia, los australianos lo comprendieron y aceptaron los cambios que, gobiernos básicamente de centro izquierda (porque eso hay que decirlo también), emprendieron y ejecutaron a partir de entonces.

No hace falta explicar las diferencias que Australia nos ha sacado a partir de ese cambio de concepción legal porque están a la vista, contando hoy el país con 5 entre las 10 ciudades consideradas como mejores del mundo para vivir (Melbourne, Perth, Sydney, Adelaide y Canberra).

Es hora de que Cambiemos comience a explicar esto. En lugar de sentir un miedo pánico por ir en contra de la cultura peronista de la “rama de actividad” y aclarar que, si hace reformas en materia de legislación laboral, las hará “por sector”, debe explicar que, precisamente, esa concepción del país dividido por ramas profesionales es lo que no ha destruido, y que debemos desesperadamente ir hacia un concepto de Derecho laboral común; es más que deberíamos ir hacia una concepción de Derecho General común aplicable a todos los argentinos por igual para que nuestra única característica común (la de ser consumidores) no cargue con los costos de mantener privilegios profesionales ajenos que, además, neutralizan los que creemos recibir por “nuestro” propio estatuto.

Los constituyentes fueron muy inteligentes en declarar en la Constitución que en la Argentina no existían los fueros especiales. Debieron ir un paso más y prohibir las leyes especiales; obligar al país a manejarse con un Derecho Común aplicable a todos por igual y alejado de las excepcionalidades profesionales que no hacen otra cosa que atentar contra el empleo, aumentar los costos, fundir a las empresas y destruir al consumidor.