Hoy se vota en el Senado el proyecto proveniente de Diputados respecto de la despenalización del aborto. La sociedad, para variar, está partida respecto de esta cuestión. Al menos en esto podemos decir que somos parecidos a otros países en donde esta misma discusión se ha dado con una virulencia semejante.

En los Estados Unidos la situación fue zanjada finalmente por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no por una ley. Se trató de la famosa sentencia en el caso Roe vs Wade del año 1973. Pero aun hoy el tema sigue siendo espinoso y genera discusiones entre los más conservadores y los más liberales (en el sentido norteamericano del término)

Otro tanto puede decirse de lo ocurrido con el desarrollo de la discusión en Europa en donde finalmente con distintas características el aborto puede practicarse legalmente dentro de ciertos parámetros de seguridad.

Lo que ocurre en la Argentina -siempre debemos tener estos giros originales (aunque la originalidad siempre se manifiesta con el mismo sesgo: el de la violencia)- tiene características propias porque de ambos lados la discusión se ha llevado a extremos impensados.

Desde el “sector verde” –como se llama a quienes están por la legalización- se ha dicho que si el Senado no aprueba la ley tal como vino de Diputados, quemarán las iglesias y hasta el propio Congreso. Aun cuando eso sea una amenaza metafórica que nunca se concrete, no deja de llamar la atención el nivel de violencia que el debate ha originado.

También se ha escuchado a defensoras del mismo sector decir que “no quieren seguir siendo ‘incubadoras’ de la dominación”,  como si concebir un hijo fuera un hecho relacionado con la lucha de clases, una verdadera antigüedad, además de un disparate.

Tampoco faltan los exabruptos del “sector celeste” –como se identifica a quienes se oponen a la legalización-, en donde se ha escuchado hablar de “sacrilegios” y “asesinatos” con una liviandad que francamente asusta.

El proyecto que llegó al Senado desde Diputados no es el mejor. Es desprolijo, radicalizado y -para ser coherente con la época- poco “gradualista”. No ha dejado a salvo con suficiente plafón legal a los “objetores de conciencia”, haciendo obligatorio el aborto para cualquier clínica privada adonde un afiliado a la obra social del prestador se presente para abortar. ¿Cómo puede pedírsele eso a una clínica que se llame, por ejemplo, “San Camilo”? Se trata de una radicalización innecesaria de la ley.

Otro tema se relaciona con las semanas de embarazo dentro de las cuales el aborto podría practicarse legalmente. Muchos dicen que haber llevado ese límite hasta la semana 14 es otro síntoma de desboque innecesario.

Está claro que cualquiera sea el formato que la ley tome, no será “obligatoria” para aquellas mujeres que no quieran abortar. Eso no está en discusión. Pero sí es un punto atendible el hecho que los bolsillos de los ciudadanos que no creen en el aborto como forma de interrumpir el embarazo, van a tener que pagar con sus impuestos los gustos, las creencias y las preferencias de los que opinan completamente distinto a ellos. Eso sí es injusto.

Lo que vuelve a resultar llamativo es la incapacidad manifiesta de la Argentina para discutir temas serios con cierta altura; todo toma una dimensión de dramatismo y de pasión bajo la cual es muy difícil razonar con claridad.

Lo que debe quedar claro es que este es un debate que no debe ser confundido con lo religioso. De hecho uno de los únicos “pañuelos” (la nueva moda que los argentinos han tomado para diferenciar sus sectarismos) que cuenta con cierta coherencia es el de color naranja, con el que se identifican aquellos que reclaman la completa separación de la Iglesia del Estado. Parece mentira, pero en ese sentido la Argentina es más antigua que el propio Evangelio que ya pedía dar a “Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que del Cesar” (cuando se le preguntó a Jesús si consideraba justo pagar un determinado tributo al gobierno, él respondió: “Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios” [Mateo 22:21])

En ese sentido sí la Argentina debería avanzar a una completa secularización de la política y desembarazarse de la influencia directa o indirecta que la iglesia católica tiene en el rumbo del país. Y lo debe hacer porque ese es el rumbo del progreso; el rumbo que indican aquellas naciones que hace rato abrazaron la modernidad.

La Constitución dice en su artículo 2 que “la Nación Argentina sostiene el culto católico, apostólico, romano”. Ese sostenimiento, si bien ha sido entendido como una contribución económica al pago de salarios eclesiales (que en sí tampoco correspondería porque en la Argentina no debería exigírsele a los bolsillos no-católicos pagar los salarios de prelados que no representan su clero) ha ido increscendo hasta alcanzar incumbencias francamente intolerables en la vida civil argentina.

Dilucidar el tipo de educación en la Argentina (laica o libre) fue, en su momento, un debate demoledor, de grietas irreductibles.

El peronismo afianzó una alianza con el catolicismo al definirse como el movimiento que defiende “la doctrina social de la Iglesia”, aun cuando su propio creador había instigado a sus fanáticos a quemar iglesias cuando sus relaciones con la jerarquía católica se habían debilitado.

Siempre que los asuntos íntimos de las creencias más profundas del ser humano se mezclan con la política los resultados son desastrosos. Porque esas convicciones pueden despertar fanatismos que siempre son inconvenientes.

La desmesura es la marca registrada de la Argentina, el sello que la distingue. Y qué podía esperarse de una discusión sobre nada menos que el aborto sino otro capítulo más de esa plaga que es la desmesura nacional.