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Completamente al revés

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Liliana Maero, fiscal general Zárate-Campana, informó esta mañana que Daniel Oyarzún el comerciante que persiguió a sus ladrones en un auto y provocó la muerte de uno al intentar hacerlos caer de la moto en la que huían, había sido excarcelado extraordinariamente por orden de la jueza Graciela Cione, la misma que un día antes se la había denegado.

Preguntada la fiscal sobre cómo veía la situación general respecto de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y sobre la actuación de la Justicia respecto de esa cuestión, la Dra Maero no agregó demasiado respecto del primer punto al decir que “la situación es complicada y así está desde hace varios años… Esto no es algo de ahora…”

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, Maero cayó en el clásico simplismo y lavamanismo judicial al decir que “lamentablemente la Justicia actúa sobre las consecuencias de los delitos, es decir tomando decisiones una vez que los hechos ya ocurrieron… Sería interesante que alguien actuara sobre las causas del delito, como la educación, la situación económica, etcétera…”

Resulta obvio a esta altura que Maero como muchos como ella no han terminado de comprender bien la función de la Justicia en una república.

La Justicia debe ser una de los primeros mecanismos que actúa sobre las causas del delito es decir, exactamente al revés de lo que opina la fiscal. ¿Cómo es eso? Pues muy sencillo.

Si bien es perogrulladamente cierto que la Justicia se pone en movimiento una vez que ocurre un hecho delictivo, lo que obviamente la ubica actuando después del hecho y para darle una administración justa a sus consecuencias, lo que haga la Justicia respecto de ese hecho que ya ocurrió tendrá un efecto docente sobre hechos que aún no ocurrieron, de modo que las decisiones y los comportamientos judiciales, según sean en un sentido u otro, tengan un sesgo u otro, podrían convertirse o no en la causa generadora de delitos futuros.

En efecto, si la sociedad recibe de la Justicia la señal de que el delincuente no paga lo que hace y que, más aun, la víctima es denigrada y muchas veces ninguneada, es muy posible que una parte de ella se vuelque a cometer delitos porque quien indica cuál es el valor del costo de delinquir está diciendo –con sus fallos y con su accionar- que ese costo es bajo. Si el costo es bajo, el riesgo también lo es, entonces incurrir en la comisión de delitos valdrá la pena para la ecuación mental del delincuente.

No hay dudas que la formación académica, ética, moral y filosófica de los abogados de muchas generaciones de egresados (entre los que claramente debe encontrarse la Dra Maero y varios como ella) ha sido infiltrada por una especie de penetración por goteo de un conjunto de valores colectivistas que han convertido en anatema los principios morales de la democracia y de la libertad.

En efecto, las facultades de Derecho del país han sido permeadas por un huracán de ideas que han convencido a varias generaciones, no solo de abogados sino de argentinos, que la sociedad liberal capitalista es la culpable de generar elementos marginales cuyo único camino disponible es el delito.

Es más, algunos, como la escuela (si es que puede darse ese nombre a ese engendro) a la que pertenece Zaffaroni, que indican que el delincuente es una víctima que utiliza el delito como una manera de equiparar los tantos de la justicia; para volver a poner las cosas en su lugar.

Esta es la principal causa del delito, Dra Maero. Es decir, lejos de ser como usted dice (que la Justicia actúa sobre las consecuencias del delito) actuando como actúa, emitiendo las señales que emite, generando los fallos que genera y, muchas veces, explayándose en argumentaciones como las que se explaya, la Justicia es la principal causa del delito y la principal razón por la que los delitos siguen cometiéndose.

Si la Justicia removiera a la sociedad de su papel de victimaria de una población dulce e indefensa a la que no le queda otra que matar gente para hacer de la existencia algo más justo, y colocara allí justamente a los que matan, a los que violan y a los que roban, es muy posible que el índice de delitos (si es que se los puede seguir llamando así, porque es muy posible que bajo aquel entendimiento deba llamárselos “actos de reparación histórica”) baje.

Si la Justicia valorara la vida y la propiedad dentro de los alcances y de la protección que les da la Constitución también es probable que la curva de delincuencia decline.

Pero con jueces y fiscales educados en una corriente que no cree en el derecho de propiedad y que está convencida que la vida es injusta cuando le permite a algunos tener y a otros no tener (con independencia, claro está, de lo que han hecho con su existencia para producir esos efectos) no hay dudas de que la criminalidad seguirá en alza y con fiscales generales como Maero, muy convencidos de que están haciendo correctamente su trabajo.

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