¿Y ahora qué?

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El resultado final escrutado el 99% de las mesas de votación en Colombia arrojó un resultado que pone un signo de interrogación sobre el futuro del acuerdo de paz. Poco más del 50% de la gente votó por el NO.

Se trata de una respuesta ajustada pero en el sentido que nadie esperaba. ¿Qué nadie esperaba?

A ver, el acuerdo fue negociado en Cuba y uno de sus padrinos fue Venezuela. Es cierto que los otros dos fueron Chile y Noruega, pero nadie supo nunca cuáles fueron sus reales contribuciones. En cambio Cuba y Venezuela fueron participantes activos. Qué puede salir de una combinación entre las FARC, Cuba y Venezuela, nadie lo sabe, pero al parecer mucha gente en Colombia sigue sospechando que nada bueno.

Obviamente el resultado es un golpe serio al presidente Santos, el supuesto continuador de las políticas de su antecesor Alvaro Uribe, que fue el más ferviente defensor del voto negativo.

El acuerdo tiene costados muy injustos para las víctimas o sus familiares porque los guerrilleros declararon que no tenían dinero para responder económicamente por los delitos cometidos.

La idea del acuerdo es reconvertir a 7000 guerrilleros en políticos, comenzando por darles 5 representantes en el Congreso, aun cuando no hayan sacado ningún voto.

Pero estas cuestiones medio incomprensibles son un detalle al lado de la duda fundamental que seguramente ha tenido esta mayoría (ajustada pero mayoría a fin) del pueblo colombiano: ¿se puede realmente confiar en esta gente?

Y es perfectamente entendible que la respuesta a esa pregunta sea “no”. ¿Por qué? Pues porque sencillamente esta gente no es confiable. Es así de sencillo. La izquierda objetiva, mundial e históricamente se ha valido de las inocentadas de la Libertad, para beneficiarse, usufructuar la situación y luego traicionarla. Es así, no hay más que leer la historia.

El acuerdo prevé que los delincuentes tendrán acceso a una justicia especialmente creada para el trabajo. No sé por qué la situación me recuerda al arreglo del presidente Cesar Gaviria con Pablo Escobar Gaviria según el cual el narcotraficante –y probablemente uno de los criminales más crueles que el mundo haya conocido- terminó en una “cárcel” de su propiedad –llamada La Catedral- rodeado de sus sicarios, lujos iguales a los que tenía afuera y desde donde seguía dirigiendo su imperio con completa libertad.

Los guerrilleros, por el solo hecho de haber logrado que el Estado les reconozca una entidad, les otorgue un status jurídico especial y una jurisdicción ad hoc, han obtenido un triunfo sobre el Estado de Derecho, es decir, han logrado que la fuerza se imponga sobre la ley. Se trata de un logro injusto para todos los que no empuñaron un arma, no secuestraron a nadie en la selva durante años, ni entraron en una sociedad maquiavélica con el narcotráfico. ¿Entenderán eso alguna vez los que se supone representan la vigencia del Derecho?

Nadie sabe qué efecto tendrá este golpe de la sociedad al presidente Santos. Pero no hay dudas de que éste deberá tomar debida nota de que parece que a la gente le gusta que la ley sea pareja y que no se beneficie retroactivamente al que decidió atacarla simplemente porque se le ocurrió.

A las personas no les gustan las injusticias y este acuerdo tiene mucho de eso. Una parte de la sociedad colombiana vivió 50 años asolada por quienes hoy cuentan con un orden jurídico diferente al que ella tuvo que obedecer durante todo este tiempo. Si la injusticia pudiera resumirse en una frase, esa frase sería precisamente esa. Y ningún acuerdo que consagre una injusticia debería tener futuro.