Todo al revés

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Las cuestiones que se relacionan con la inseguridad que vivimos todos los argentinos tienen a su vez que ver con una inversión que se ha producido hace rato respecto del modelo de perfil previsto en la Constitución para la Argentina y el que se terminó imponiendo de hecho por la fuerza de las creencias, de las costumbres y de las tradiciones.

En efecto ya hemos comentado varias veces en este mismo lugar cómo en la Argentina se ha verificado la coexistencia de un orden teórico establecido por los constituyentes en la Constitución y otro orden real que se impuso por el peso de la idiosincrasia nacional, ambos completamente antitéticos y contradictorios.

Ese choque permite explicar cómo en un país en el que su Constitución libera a los ciudadanos para que estos puedan crecer hasta donde su esfuerzo, su creatividad, su intelecto y sus circunstancias se lo permitan, la vida real los ha hecho presos de un conjunto interminable de regulaciones que los han condenado al estancamiento, la pobreza y la indigencia.

Los constituyentes habían soñado con un país de ciudadanos privados ricos y poderosos y con funcionarios probos, dispuestos a trabajar al servicio del país, eventualmente bien pagos, pero sometidos a las leyes comunes de toda la sociedad.

El conjunto de normas que terminaron respondiendo, no a la Constitución formal, sino a lo que en Derecho se llama “Constitución material”, es decir, el conjunto de normas que conforman la idiosincrasia y la personalidad nacional, formaron -al contrario de lo previsto por los padres fundadores- un país en donde los funcionarios que se encaraman en el Estado terminan siendo los ricos y poderosos y los ciudadanos privados terminan siendo pobres y asediados por un poder amenazante que, además, se cuida muy bien de reservar para aquellos mismos funcionarios la aplicación de un orden jurídico diferente al general que, vía privilegios inadmisibles, los colocan en un escalón superior al del ciudadano común.

¿Y que tiene todo esto que ver con la inseguridad? Pues muy sencillo. Del mismo modo que la Constitución consideró como naturalmente pertenecientes al ámbito de los ciudadanos privados todas aquellas actividades que tuvieran que ver con los negocios, el trabajo y la generación de riqueza, también consideró como naturalmente perteneciente al ámbito del Estado, otras actividades que consideraba indelegables a los particulares y que siempre debían depender del funcionamiento de las instituciones y de los poderes públicos.

Obviamente entre ellas encontramos, la administración de justicia, la defensa nacional, la salud pública, la seguridad de los ciudadanos…

El fenómeno de inversión y choque de sistemas que se ha producido en la Argentina ha invertido los tantos también en este campo y se ha producido la paradoja que todos aquellos terrenos en donde el Estado debía tomar la responsabilidad de su ejercicio, se ha retirado de los mismos invitando a un proceso de “privatización” de esas prestaciones. Asi la Argentina completó la extraviada paradoja de que lo que la Constitución previó que debía estar en manos de la gente, está en manos del Estado y lo que debía estar en manos del Estado está en manos de la gente.

En materia de seguridad estamos asistiendo quizás al último peldaño de degradación de este esquema en donde los agredidos por los delincuentes salen primero a defenderse por sí mismos y segundo a cazar chorros como pueden, haciendo con ellos los que le viene en gana cuando los alcanzan.

Se trata de algo parecido a la ley de la selva, que fue, precisamente, la que se tuvo en cuenta en reemplazar por la vía de organizar una sociedad constituida sobre el Derecho. Por el camino de choque de culturas (la de la Constitución y la de nuestra idiosincrasia) hemos llegado el punto en donde lo privado es público y lo público privado. Ahora el poder de policía para perseguir y atrapar delincuentes ha sido asumido por los ciudadanos individualmente.

Del mismo modo parte de la administración de Justicia ha sido privatizada en la medida en que la gente decide aplicar sus propios “fallos” sobre los delincuentes una vez que los atrapa.

Obviamente esta inversión del Derecho no puede continuar. Es absolutamente imperioso que los ciudadanos recuperen los derechos civiles que el populismo les quitó y que el Estado recupere las atribuciones la Constitución le impone.

Solo asi la Argentina tendrá alguna esperanza de resolver las dos cuestiones que fuguran al tope de las preocupaciones nacionales: la seguridad y la pobreza.

Contrariamente a lo que muchos pueden creer (esto es, que la suerte económica y la seguridad de las personas responden a categorías diferentes) ambos inconvenientes se originan en el mismo marasmo jurídico que el populismo creó y viene perfeccionando desde hace por lo menos 70 años.

Hay que poner a los individuos a ejercer sus derechos y sus responsabilidades y al Estado a ejercer las funciones para las que fue creado. En la medida en que, por un lado, los funcionarios que se apoltronan en sus sillones quieran utilizar al Estado para hacerse millonarios con el cuento de meter a ese Estado en donde la Constitución no lo llama (en los negocios, en la actividad empresaria, en donde, en definitiva, “hay plata”) y, por el otro, se sigan desentendiendo de la atención de las obligaciones ineludibles que la Constitución puso en cabeza de quienes se postulan para dirigir los destinos del país, el marasmo continuará. Y con él seguirán la pobreza, la inseguridad y la justicia por mano propia.