Como siempre confundiendo las cosas

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La Argentina suele caer en confusiones cuando algún tema importante puede, al mismo tiempo, ser susceptible de algún tipo de explotación demagógica. Parecería que una fuerza indómita contra la que no puede resistirse la aparta de la profundidad de la cuestión y la deposita solo en la explotación populista del tema.

Algo así está ocurriendo con la tremenda actualidad que rodea al tratamiento de las mujeres en la sociedad. La semana pasada el país presenció marchas multitudinarias en varias ciudades, incluida por supuesto Buenos Aires, en donde se reclamaba contra la violencia de género, bajo la consabida prédica “Ni una menos”.  Resultó francamente tocante ver, por lo menos en la capital, a miles de mujeres bajo la lluvia hacerse presente con su voz para poner en evidencia el drama por el que han pasado o por el que muchas aun pasan.

Pero la marcha fue utilizada también –y en esa misma medida desnaturalizada y bastardeada- por organizaciones políticas que, justamente, intentaron darle un tono político a la convocatoria, olvidando sus fines y objetivos reales.

En la reunión se mezclaban claros casos de violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo, con crímenes que lamentablemente habían terminado con la muerte de mujeres pero que no podían ser considerados como hechos de violencia de género. Es que en gran medida, el país tiene un problema con la delincuencia, con independencia de cuáles sean las víctimas.

Aquí se mata a mujeres, hombres, ancianos, chicos, en fin, la vida ha pasado a valer muy poco en la Argentina y un primer punto de atención para resolver sería ese: qué hacemos con el crimen liso y llano en el país.

La violencia contra las mujeres en episodios familiares, íntimos y que suceden en la privacidad de los domicilios es una cuestión compleja a la que, como todo, debería atacársela en dos frentes conjuntos. Uno, profundo, que debería ocuparse de la formación y la educación que estamos recibiendo los argentinos. No hay dudas que las semillas que se planten en ese terreno serán los frutos que veremos mañana en la sociedad. El otro, frontal, que consista en castigar con la mayor severidad los casos que se conozcan y que los condenados cumplan de modo efectivo la condena, disponiendo, a la misma vez, de un sistema de protección a la mujer víctima para que encima no deba seguir soportando amenazas de parientes o amigos del condenado.  

Este plan también debería prever la formación de personal e instituciones especializadas para abordar el problema, desde el apoyo, la protección, el amparo y el asesoramiento legal a las víctimas.

Estas serían las maneras de centrarse en lo importante de la cuestión y no en dejarse arrastrar hacia la explotación demagógica del problema. Pero, de nuevo, la Argentina siente una pasión irresistible por la demagogia y no pierde oportunidad para sacarle una tajada de ese tipo a cualquier tema que se preste.

Así, en medio de este verdadero drama social al que hay que encontrarle una solución seria, algunos vieron el filón de meter su proyectito demagógico en el Congreso y presentaron la idea del cupo femenino para las listas electorales, por el que se torna obligatoria la presencia del 50% de mujeres para los cargos electivos. Se trata de una monumental tergiversación del concepto de igualdad de la mujer.

La Constitución establece claramente que la “idoneidad” es la única condición para el acceso a los cargos públicos (idoneidad que dicho sea de paso debería ser regulada por la ley para saber que los aspirantes a un cargo son realmente “idóneos”, como pide la Constitución). Esa idoneidad (y no qué sexo tiene la persona) debería ser la garantía de que el país estará administrado por los mejores y no por un conjunto de personas que han llegado allí porque los grupos de interés a los que pertenecen son lo suficientemente fuertes como para terminar imponiendo sus criterios.

Es la condición de la idoneidad –materialmente medida- la que debería asegurarle a las mujeres una representación justa y al mismo tiempo garantizar que el país no se verá privado del talento de ningún argentino o argentina cuando se trata de administrarlo y gobernarlo.

Imponer “cupos” artificiales sin medir la idoneidad, puede hacer que la Argentina deje de lado el aporte más valioso y opte por uno de menor valía para conformar un prejuicio sexual.

Según el proyecto, mujeres y hombres deberán ir intercalados en las listas. ¿Y qué ocurrirá cuando todo el mundo sepa que el siguiente lugar en una lista, por el imperio del cupo, será ocupado por alguien menos idóneo que otro pero que sí cumple con los requisitos del sexo?

Este sistema es, antes que nada, injusto para las mujeres valiosas, porque muchos podrán pensar, a partir de ahora, que están allí no por lo que valen sino porque son mujeres.

Para que huyamos de la demagogia y nos centremos en lo importante en este caso en particular, deberíamos establecer un sistema serio y universal de medición de la idoneidad a partir del cual todos los aspirantes a un cargo electivo deberían someterse a una especie de examen de capacidad como el que cualquier empresa privada, sin ir más lejos, utiliza para incorporar personal: si una empresa que no maneja por definición el dinero público, toma esas precauciones cómo no tomarlas cuando estamos eligiendo a aquellos en cuyas manos depositaremos la administración de los recursos a los que todos aportamos. Esa sí sería una regla lógica, igualitaria y coherente con las disposiciones constitucionales.

Lo contrario, establecer igualdades aritméticas por sexo sin atender a las capacidades de las personas, es pretender aprovechar la volada, es querer subirse a una ola demagógica y de moda para seguir utilizando los sillones públicos como curros fáciles que le solucionen la vida a unos cuantos (o a unas cuantas, en este caso). Pero eso no es cuidar a la mujer o velar por la igualdad de oportunidades. Es aprovechar una oportunidad para colarse detrás de un reclamo ubicuo y acceder a una vida fácil bancada por la sociedad. Y de eso la Argentina ya tiene mucho.