Otro juez por la ventana y el papel de la Corte

lorenzetti

Ayer el gobierno logró por la vía de un fallo producido por jueces previamente colocados en ese lugar también por el gobierno, que uno de los jueces de la Cámara de Casación Penal, el Dr Juan Carlos Geminiani, fuera recusado por la Cámara Federal porque a juicio del fallo el juez se “llevaba mal con la jueza Figueroa”. Recordemos que Geminiani había denunciado a la jueza Ana Maria Figueroa (la otra integrante de Casación, también cercana al gobierno) a raíz de su postura frente a la expulsión de Cabral.

El “llevarse mal” con un colega no está claramente incluido entre las causales de recusación pero eso no les importó a quienes firmaron la sentencia, los “jueces militantes” Norberto Frontini y Roberto Boico.

Boico firmó la primera solicitada de la agrupación Justicia Legítima. Es socio del constitucionalista Eduardo Barcesat y fue abogado de Madres de Plaza de Mayo y de Hebe de Bonafini. Frontini fue secretario de la Defensoría General porteña y asesor de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. La otra jueza de la Sala, la Dra Ledesma, votó a favor de la continuidad de Geminiani y en contra de la recusación pedida por el gobierno.

La Cámara de Casación Penal es la que debe decidir sobre la constitucionalidad del pacto con Irán. Esa decisión estaba prácticamente tomada cuando hace tres meses el tribunal iba a dar a conocer su pronunciamiento volteando el memorándum de entendimiento con Ahmadinejah por inconstitucional.

En ese momento, acorralado, el gobierno expulsó gracias a Figueroa y a su mayoría en el Consejo de la Magistratura -en una medida claramente arbitraria- al juez Luis María Cabral y colocó a un abogado militante, Marcelo Vázquez, que luego fue removido porque claramente no reunía los requisitos para ocupar ese lugar.

Recordemos que el “memo” creaba una llamada Comisión de la Verdad que iba a revisar lo actuado en el caso de la voladura de la AMIA y que, supuestamente, iba a permitir que el juez argentino interrogue a los acusados en Irán. Ese país nunca ratificó el acuerdo. En la Argentina, el tratado sumó dos declaraciones de inconstitucionalidad una en primera instancia y otra de la Cámara Federal. Casación era la última instancia que el gobierno aguardaba para salvar la ropa.

Cuando todos los corrillos de tribunales indicaban que la Cámara iba a ratificar la inconstitucionalidad, el gobierno inició el camino para deshacerse de los jueces que iban a fallar en ese sentido.

El fallo que recusó a Geminiani será apelado por la AMIA y la DAIA y por el fiscal Raúl Plee y se espera que la Corte esta vez emita un fallo que clarifique toda la situación de los jueces subrogantes nombrados ilegalmente por el kirchnerismo.

Si bien el caso del pacto con Irán adquiere una trascendencia única por las implicancias que tiene y, entre otras cosas, porque fue la piedra angular de la denuncia del fiscal Nisman contra la presidente y otros funcionarios por encubrimiento de terroristas y de actos criminales, no es el único.

En la provincia de Buenos Aires está pendiente de resolución final la situación del juez Laureano Durán. Designado nada menos juez del juzgado federal número 1 de La Plata con competencia electoral sobre el 40% del padrón nacional, Durán era un secretario de ese juzgado que quedó vacante por la muerte del titular Manuel Blanco.

El gobierno, en ese caso, no siguió los procedimientos constitucionales para designar un nuevo juez,  sino que cubrió la vacante con Durán, que claramente no cumplía con los requisitos para ser designado y que no había sido seleccionado de acuerdo al procedimiento muy puntual que la Ley Fundamental establece para la elección.

La Corte ha declarado hace unas horas la incostitucionalidad de la ley de subrogancias que ha sido el instrumento y la herramienta que, como una tuneladora, el gobierno uso para penetrar la Justicia. El fallo fue por unanimidad. El Máximo Tribunal entendió que el régimen impuesto por el kirchnerismo “afecta la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos”. Además, declaró inválido el reglamento de designaciones de subrogantes del Consejo de la Magistratura y de todas las listas de conjueces.

Era ya harto evidente que la Corte no podía seguir haciendo la vista gorda frente a un tema como éste. Porque “hacer la vista gorda” fue, efectivamente, lo que hizo hasta ahora. De lo contrario las arbitrariedades ya concretadas por el gobierno en materia de copamiento de la Justicia vía la designación de empleados militantes con el cargo de juez, no podrían haber avanzado.

Ahora todas estas extravagancias, incluida la del propio juez Geminiani podrían caer bajo este fallo. En ese sentido va a resultar muy interesante ver cómo la Corte resuelve el caso pendiente de Cabral, como así también los de otras decenas de casos que tuvieron la misma matriz, incluyendo desde ya el caso de Durán.

Pero el fallo de hoy no debe hacer olvidar la  la laxitud con la que la Corte ha sido testigo del intento de lograr una justicia dominada por el partidismo. La historia seguramente le recordará su pasividad a su presidente el Dr Lorenzetti y a los demás integrantes de un tribunal que en más oportunidades que las deseables parecen haber olvidado su papel de defensor último de los derechos civiles y de las garantías individuales que los ciudadanos gozan de acuerdo a la Constitución.