Para muestra basta un botón

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La señora Fernández cada vez que habla se cava una fosa. No hay vez que haga pública una opinión en donde, quien la lee, no llegue a la conclusión de que se trata de una burrada.

Su carta en Facebook, para emprenderla contra los fiscales que la han acusado por fraude en la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, es un compendio de ignorancias, mentiras, deformaciones y acusaciones falsas que en alguna medida resumen en unos cuantos caracteres lo que fue la impronta de su gobierno y el de su marido.

Parapetada –como también hizo en su gobierno- detrás de la fachada de las Madres de Plaza de Mayo (para continuar con el uso indiscriminado de la cuestión de los derechos humanos como escudo político sectario) Fernández cae en comparaciones inviables como si todavía no supiera distinguir los ámbitos públicos de los privados.

En efecto, para salir al cruce de las obvias sospechas que despierta un ex empleado bancario que se convierte en multimillonario en –oh casualidad- los años en que los Kirchner fueron gobierno (siendo además él amigo personal de la familia) no tiene mejor idea que proponer los casos de Héctor Magneto y Daniel Hadad a quienes define como un oscuro contador que llega a convertirse en dueño del principal grupo de medios de la Argentina y como un simple movilero que termina vendiendo una empresa por más de 30 millones de dólares.

Ese solo párrafo, olvidándonos de todo el resto, sirve para medir la supina ignorancia que brota por cada poro de la humanidad de la ex presidente. Tanto Héctor Magneto como Daniel Hadad son personas que han mejorado su condición en el sector privado de la economía, sin tener relación alguna con el dinero público y sin tener a los recursos del Estado como fuente de su fortuna.

Fernández dice que le llama la atención que el cambio de condición económica de esas personas no sea materia de investigación de los fiscales. Habría que explicarle a la señora que Pollicita no tiene motivos para investigar el progreso social de personas que no han hecho del robo de los recursos públicos la herramienta principal –y, en muchos casos, única- de su ascenso económico. En cambio, su trabajo sí le impone perseguir a los delincuentes que utilizan las estructuras del Estado para vaciar el Tesoro público y llevar ese botín a sus bolsillos personales.

Magneto y Hadad han trabajado muchos años para llegar adonde llegaron: Magneto más de 50 y Hadad más de 30. Es probable que Fernández no lo sepa, porque es posible que solo reconozca a la estafa como vía para volverse rico, pero el trabajo, la innovación, la creatividad y el esfuerzo constante suelen remunerarse bien en el único sector productivo de cualquier país, esto es, el sector privado.

Quizás el haber estado dedicada toda la vida a extraer recursos públicos para vivir, le haga pensar que esa forma de exacción es la única que existe para mejorar la condición social. Pues no, señora, trabajando también se puede ascender y mejorar.

En el caso de los Kirchner y del señor Báez hay una asombrosa coincidencia de tiempos entre el momento del cambio en la condición social y el del ejercicio de la función pública. Medido por los tiempos de Magneto y Hadad, el ascenso del bancario y de los “abogados” parece meteórico y hace aparecer  los dueños de Clarín y de Infobae como pobres tontos que debieron invertir la mitad de su vida en el trabajo para llegar donde, quienes lucraron con el Estado, lo hicieron en un cuarto de ese tiempo.

La Justicia debe vigilar que los dineros públicos no se roben. El manejo que de sus dineros hagan las empresas para las que trabajaron Magneto y Hadad es una cuestión que está fuera del alcance de la vigilancia de los jueces. El solo hecho de proponer una comparativa entre esos dos mundos, como si se tratara de ejemplos homogéneos, alcanza para medir la incapacidad que tiene Fernández para comprender conceptos sencillos del Derecho y la ignorancia que la define.

Si de allí debiéramos extraer conclusiones sobre cómo piensa y cuál es su concepción de la vida y de la organización jurídica de un país, el resultado no sería menos que alarmante. Comprobar que alguien que tiene conceptos tan confusos sobre ideas tan primarias, llegó a ejercer la más alta responsabilidad del país habla también un poco de nosotros.

Que una mayoría social decisiva les haya dado a personas como éstas el manejo de la República durante tanto tiempo, nos debería hacer reflexionar no ya sobre el grado de preparación que tenían ellas, sino sobre el grado de entendimiento que, sobre elementos tan iniciáticos, tenemos todos nosotros. Si hemos puesto en el lugar más alto del poder a quien no puede distinguir los principios que deben aplicarse en el derecho público y en el derecho privado, algo muy preocupante está pasando en la sociedad. Y mientras eso no se solucione será inútil que hagamos una diferencia de nombres: el mal está en nuestra propia formación, una formación que nos lleva a poner en manos de ignorantes el destino de todos.