Mala señal

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Acaba de ocurrir una mala señal: la presión de los empleados cesanteados en Concepción, Tucumán, dio resultado, porque lograron que los reincorporaran al aparato estatal.

El jefe comunal saliente, el kirchnerista Osvaldo Morelli, antes de irse había nombrado en planta permanente a 440 personas duplicando la plantilla del municipio.

“Me dejaron una bomba”, denunció Roberto Sánchez, el nuevo intendente de Concepción, mientras permanecía atrincherado en su despacho, acorralado por los empleados militantes que se enfurecieron cuando les anunciaron que habían decidido cesantearlos porque la municipalidad no estaba en condiciones de sostener en su plantilla a 1080 trabajadores: el promedio histórico era de 650 personas.

“Anoche llegamos a un principio de acuerdo entre las distintas partes”, anunció Sánchez este mediodía. “Hay un sector de 110 empleados que realmente tiene merecido pasar a planta permanente: son los que tenían mayor antigüedad”, precisó el jefe comunal. “Otras 220 personas van a seguir trabajando como contratados temporarios o en condición de monotributistas, como venían antes”, apuntó el intendente de Concepción. “Del resto -apuntó- se va a hacer cargo la Provincia, el Poder Ejecutivo Provincial… Ellos son los últimos que ingresaron”.

Se trata de una malísima noticia para lo que viene.

“El Estado tiene que estar al servicio de la gente, no puede ser un aguantadero de la política ni de La Cámpora. Eso destruye la posibilidad de crecer. Vamos a revisar esos contratos”, dijo Mauricio Macri respecto de la similar situación que se da a nivel nacional, en donde el gobierno de Cristina Kirchner ha designado de manera ilegal y hecho pasar a planta permanente a miles de ñoquis kiirchenristas en un aluvión nunca visto en el sector público.

Los equipos de Cambiemos están observando los números de la Administración Pública Nacional (APN) y los concursos y contrataciones del último año. Según sus cálculos en los últimos nueve años el crecimiento de la masa de empleados de la administración central fue del 38 por ciento: la APN cuenta en la actualidad con unos 400.000 empleados públicos.

Entre el 2013 y el 2014 el crecimiento de la plantilla laboral del Poder Ejecutivo Nacional fue del 46,1 por ciento, con un pico expansivo durante el período de Cristina Kirchner y con un récord de contrataciones por parte de los gobiernos provinciales. Más de 3,5 millones de empleados públicos, según estimaciones privadas. Hoy el sector público consolidado del país (Nación, provincias y municipios) emplea a 12 millones de personas contra 6 millones del sector privado. El doble exacto. Un disparate. El país se ha convertido en una especie de “ministerio” viviente.

Si el simple expediente de ejercer la fuerza, vía secuestrar gente en sus despachos y quemar cubiertas en la calle, se convierte en una vía hábil para lograr los propósitos de permanecer como okupas, de modo ilegítimo y socialmente injusto, en los sillones en los que lograron encaramarse, estamos en presencia de un pésimo signo para los tiempos que vienen.

Si, terminadas las verificaciones que hagan los equipos de la nueva administración, se llegara a la conclusión de que decenas de miles de puestos públicos han sido el resultado de trampas, acomodos, decisión de complicar y ponerle palos en la rueda del que llega o que, simplemente, ese mecanismo se utilizó como un intento de copar la administración con tropa propia para hacerle la vida imposible al nuevo presidente –sea quien sea- ¿qué ocurrirá?, ¿lo mismo que en Concepción?, ¿secuestros, unas cuantas cubiertas quemadas y ya, obtenemos lo que queremos?

También está en juego lo que ocurre con la provincia de Buenos Aires. Por lo que se sabe hasta ahora, la administración saliente de Daniel Scioli no ha sido demasiado colaboradora con Hernán Lacunza, el jefe económico de Vidal, cuando este intentó internarse en el mundo de los nombramientos y en la planta de empleados de la provincia. 

A nivel nacional Macri debería enfrentarse con casi treinta organismos creados por el Gobierno desde el 2013 hasta esta parte, algunos de ellos con cientos de empleados asignados y presupuestos millonarios. La Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), el Centro de Ensayos de Alta Tecnología SA (CEATSA), la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT), la Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA SE), el Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (ENINDER), el Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo o el Vehículo Espacial de Nueva Generación SA (VENG) son algunos de ellos. La AFTIC, solo por citar un ejemplo, tiene un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos y miles de contratados. Además la presidente autorizó sesiones especiales del Congreso hasta el 9 de diciembre para que sigan creando organismos y alocando fondos y nombrando gente.

“Vamos a ver que los nombramientos se justifiquen y que los concursos estén bien hechos. No vamos a hacer nada que sea ilegal, dicen alrededor del líder de Cambiemos. Pero lo que importa aquí es que posición va a tomar la sociedad cuando esta cuestión estalle, como está fatalmente destinada a estallar. ¿Apañará con su silencio a los secuestradores y a los quemadores de neumáticos como aparentemente ocurrió en Tucumán (dado que finalmente Sánchez tuvo que recular en su decisión de cesantear a los ñoquis nombrados por Morelli)? ¿O será firme y respaldará la decisión que tome el nuevo presidente?

Por ahora, la única señal que tenemos disponible, no ha sido buena. Esperemos que la reflexión ocurra y cuando ese momento llegue todos respaldemos la legalidad y la legitimidad por encima del atropello y la prepotencia.