La verdadera revolución

El estancamiento argentino es un misterio motivo de estudio y estupefacción mundial. En 1946 el ingreso per cápita del país era de U$S 12850 anuales, superior al de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y España. Setenta años después, nuestro PBI per cápita es de U$S 9550, mientras que el PBI medio de los demás países comparables es de U$S 41413 (Australia tiene $ 53190 de ingreso medio por habitante)

Semejante retroceso absoluto y relativo comenzó con la sanción, entre enero y mayo de 1946, de 16268 decretos leyes (legitimados por la ley ómnibus 12922 sancionada en Noviembre del mismo año) todos inconstitucionales y todos admitidos por una Corte amañada políticamente y sin la valentía para fulminarlos con la declaración de inconstitucionalidad. Fue el comienzo de una caída en picada que hoy encuentra al país con índices de más de 30% de pobreza. (Fuente: discurso del Dr Antonio Margariti en la Bolsa de Comercio de Rosario)

Los números y la línea del tiempo constituyen una prueba concluyente del origen del problema y de la razón de los males: el enorme fracaso argentino ha sido el producto de una construcción legal contra-constitucional que llenó al país de regulaciones, prohibiciones, reglamentaciones, enumeraciones legales casuísticas, como la Argentina no conocía desde antes de la sanción de la Constitución de 1853 y, en muchos casos, desde la época misma de la Colonia, en donde nos regía la Casa de Contratación de Sevilla.

El país y la sociedad quedaron completamente maniatados por una cadena interminable de ataduras que tornaron imposible la creatividad, la innovación y el trabajo productivo. Como consecuencia de ello el peso del Estado en la economía comenzó a crecer desmesuradamente todo lo cual fue acompañado por un aumento geométrico del gasto, financiado, al mismo tiempo, con más impuestos, inflación y deuda.

A todo este esperpento se le agregó un picasesos que convenció al país de que semejantes medidas se tomaban en beneficio de los pobres y de que cuanto más se profundizara el esquema estadocéntrico y regulador,  los pobres estarían mejor. Han sido 70 años ininterrumpidos de la aplicación de estas políticas. 

Al lado de esta construcción legal creció la oligarquía sindical, el empresariado protegido y prebendario y la casta política privilegiada y corrupta. Detrás de cada rincón formado por la maraña de autorizaciones, legalizaciones, prohibiciones y regulaciones se escondía un negocio para los políticos, los sindicalistas y los empresarios, todos financiados directamente por los pobres consumidores que quedaron cada vez más presos de recibir bienes y servicios más caros y de peor calidad.

A este verdadero proceso kafkiano de involución se le agregó un discurso que penetró en la mente de una mayoría electoral decisiva según el cual los “revolucionarios”, “amigos de los pobres” y “luchadores por la justicia social” son los que pretenden mantener este statu quo legal: todo aquel que propone cambiar una coma del orden jurídico que nos hundió es un neoliberal conservador, defensor de los ricos.

Es curioso cómo se ha logrado convencer a la gente de que el “revolucionario” es el que defiende el statu quo y a las castas clientelistas y los “conservadores” son los que proponen incendiar todo el orden jurídico inconstitucional. Son esas delicias inexplicables de la Argentina.

Porque, en efecto, el orden jurídico argentino -todo el orden jurídico, excepto la Constitución- debe ser incendiado. Todas las leyes laborales, tributarias, previsionales, civiles y comerciales, penales, procesales deberían ser derribadas de un golpe, quemadas en una hoguera. Algo así como hacer de cuenta que es 2 de mayo de 1853 y lo único que tenemos es la Constitución, jurada ayer, para volver a construir, a partir de allí, un orden legal nuevo en un todo de acuerdo con ella.

El PBI argentino debería ser como mínimo dos veces más de lo que es, es decir, de U$S 1.200.000. 000.000 o lo que los americanos llamarían 1.2 billones de dólares; eso nos daría un PBI per cápita de U$S 30000 dólares, bien por debajo del australiano, pero parecido al de España (U$S 29739)

Esa verdadera revolución en la economía argentina, lograda además en base a un crecimiento real de la cantidad de bienes y servicios producidos y exportados y no de un atraso artificial del tipo de cambio, daría vuelta al país como una media. Muy bien: esa revolución no será posible con este orden jurídico, con este tipo de ley, con este peso tributario asfixiante, con esta exacción de riquezas por parte del Estado y con una participación de éste en la economía del 46% del PBI. Es así de sencillo: no-será-posible; no ocurrirá.

La pregunta es si los argentinos -que se la dan de muy “revolucionarios”- están de acuerdo en llevar adelante esta verdadera revolución que derribe los privilegios, las trabas, las castas, las prohibiciones, las regulaciones y en crear un orden legal nuevo basado en la libertad, en el permitir hacer, en la asunción de riesgos, en la apertura mental, en la apertura al mundo… Repito: hasta ahora el rotulo de “revolucionarios” lo tienen los que no quieren cambiar nada, aquellos a los que en cuantito les insinuas cambiar algo, te queman todo y te rompen todo. Creen que ser “revolucionario” es ser violento. No: ser revolucionario es atreverse a cambiar las leyes que nos han dirigido a la pobreza, a la decadencia y a la miseria. Todos los partidos que llevan la palabra “revolucionario” en sus nombres son los más oligarcas, los que defienden a las élites enquistadas en los sindicatos y a los que viven del Estado y de la sangre de la ciudadanía. Y todos los que en sus nombres llevan la palabra “popular” son los que hunden al pueblo en la mishiadura. Lo mismo que los políticos que viven llenándose la boca con la palabra “pueblo”.

¿Puede alguien atreverse a proponer este escenario a la ciudadanía? Es muy difícil, muy… Pero poder se puede porque de hecho los que nos arruinaron lo hicieron en sentido inverso, cambiando la libertad de la Constitución por la cárcel del Estado. 

Si el cambio no sucede la Argentina seguirá debatiéndose en la mediocridad y el crecimiento vegetativo de la población chocará con una producción cada vez menor de bienes y servicios lo que agravara el cuadro del nivel de vida individual.

La opción está en nosotros: o seguimos defendiendo esta concepción legal reglamentarista, regimentada y contra-constitucional o apostamos a un orden jurídico nuevo, libre, constitucional, abierto y respetuoso de la autonomía de la voluntad. Si arrugamos seguiremos cayendo. Solo la audacia podría salvarnos.